La empresa pública de Navarra para implantar peajes es una ruina: "Está condenada a la quiebra"

El consejero de Cohesión Territorial de Navarra, Óscar Chivite ha explicado esta tarde en comisión parlamentaria que la creación de la empresa pública Nafarbide antes de obtener la autorización de Europa busca acelerar la implantación del canon por uso de autovías.

Chivite ha comparecido a petición de UPN y el PP para explicar cuál ha sido la actividad desde su creación de esta sociedad pública encargada de gestionar los peajes a camiones en las grandes vías navarras y por qué se ha puesto en marcha a pesar de que existen informes de Intervención y Patrimonio que lo desaconsejan.

Según ha indicado, teniendo en cuenta que los trámites para obtener la autorización sobre el sistema tarifario de la Comisión Europea pueden prolongarse tres o cuatro años “si se espera para iniciar las gestiones para la creación de la empresa Navarra dilataría la puesta en marcha de sus políticas en movilidad”.

Ante esto, ha defendido, “es importante actuar de manera simultánea” para que así, cuando llegue esta autorización, Navarra haya ya avanzado en la implantación de los peajes.

El consejero ha reconocido que los informes de Intervención y Patrimonio comparten que no debería crearse la sociedad pública hasta que la Comisión Europea no se pronuncie, si bien ha trasladado que las recomendaciones de consultoría externa discrepan.

Esta, ha indicado, señala que “en procesos similares se solicitó la autorización de la Unión Europea cuando las empresas públicas ya estaban constituidas” y “recomienda a Navarra hacer lo mismo” asegurando que “no se tiene conocimiento de ningún caso que se haya solicitado la autorización para implantar peajes sin contar previamente con el operador”.

El departamento, ha subrayado, “está cumpliendo un mandato claro abalado por el acuerdo de Gobierno aprobado en la anterior legislatura” y en la presente así como con la Ley Foral reguladora del canon y que fue aprobada por mayoría parlamentaria.

Actualmente, ha indicado, en Nafarbide se está actualizando el estudio sobre los posibles sistemas que se pueden utilizar para realizar el cobro sin detener el vehículo ni disminuir su velocidad, uno de los requisitos establecidos por Europa y para lo que “es necesario conocer las posibilidades tecnológicas actuales puesto que el desarrollo de estas infraestructuras avanza muy rápido”.

Una vez decidido esto, ha indicado, se debe preparar su implantación y por último definirse la gestión del cobro.

Desde UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha denunciado que el Gobierno haya creado una sociedad “condenada a la quiebra porque no tiene posibilidad de obtención de ingresos”, que “por el momento solo puede generar gastos y déficit” y con una plantilla compuesta solo por el gerente, ex concejal socialista, que “ha estado dos meses solo”.

Javier Lecumberri, del PSN, ha considerado que “Nafarbide es una buena solución” y “se está trabajando en el camino correcto” al tiempo que ha recordado que en 2007 UPN ya planteó el canon por uso y crear una decisión pública lamentando que “la decisión que tomaron fue los peajes en la sombra”.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha pedido al consejero que “cumpla con los compromisos adquiridos” y ha cuestionado que toda la crítica se apoye en un informe discrepante cuando hay otros como el de la Secretaría Técnica que aseguran que “no han ningún reparo jurídico”.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha aludido a la “necesidad de buscar un modelo de sostenibilidad financiera para acometer las infraestructuras necesarias en carreteras y poder llevar adelante su conservación de forma sostenible” si bien ha mostrado su preocupación ante la imposibilidad de conseguir los recursos necesarios para afrontar también los peajes en sombra.

Desde el PP Javier García ha denunciado que el Gobierno ha puesto en marcha “un chiringuito para poner a un colega y dar puestos a gente afín” y ha considerado que hay “argumentos más que suficientes” para que el consejero “dimita en beneficio del conjunto de nuestra comunidad” dando a entender que esto no sucede porque le protege ser tío de la presidenta.

El representante de Contigo-Zurekin, Daniel López, ha insistido en que “existen múltiples informes que hablan positivamente de la viabilidad de la sociedad pública” y ha coincidido con el consejero en que es preferible adelantarse y que “cuando llegue la autorización la empresa esté creada”.

Por su parte Emilio Jiménez, de Vox, ha considerado que se trata de una “empresa fantasma” con una “magnífica retribución” y escasa actividad en la que “lo único que se está generando es despilfarro” y ha mostrado su deseo de que “llegue pronto esa autorización por el bien de los navarros”.