Un informe del PP sitúa a Chivite en el centro de una "conspiración para delinquir" en Velate por tres delitos
Los abogados del Partido Popular personados como acusación popular en el caso Koldo manejan un informe que sostiene que detrás de la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Velate pudo existir una "conspiración para delinquir" destinada a favorecer a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar. El documento señala directamente, entre otros, a la presidenta de Navarra, María Chivite, y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
El informe, fechado en septiembre de 2026 y al que ha tenido acceso Navarra.com, analiza las decisiones adoptadas durante los años previos a la adjudicación y considera que determinados hechos podrían encajar en delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraude en la contratación pública. Los abogados permanecen ahora pendientes del informe que está elaborando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la adjudicación de Velate.
El documento sostiene que Santos Cerdán habría tenido un papel central en la operación. Recuerda que el entonces diputado socialista participó el 7 de febrero de 2020 en una reunión en Madrid entre representantes del Gobierno central y del Gobierno de Navarra para conseguir financiación estatal para las obras. En aquel encuentro se abordó una aportación de 40 millones de euros por parte del Estado.
Los abogados del PP vinculan esa intervención con un dato conocido posteriormente por las investigaciones de la Guardia Civil: la UCO ha atribuido a Cerdán el 45% de las participaciones de Servinabar, sociedad administrada por su amigo Antxon Alonso y que acabó formando parte de la UTE adjudicataria.
A partir de ahí, el documento formula una de sus acusaciones más contundentes. Sostiene que Cerdán habría convencido a responsables socialistas, incluida Chivite , para que la obra terminara en manos de la UTE formada por Acciona Construcción, Excavaciones Osés y Servinabar 2000. También recuerda que Servinabar había ampliado poco antes su objeto social para incorporar actividades relacionadas con la construcción.
El informe apunta después al papel de Jesús Polo, funcionario de la Dirección General de Obras Públicas que terminó presidiendo la Mesa de Contratación encargada de valorar las ofertas. Según la tesis que mantienen los abogados del PP, resultaba necesario situar al frente de ese órgano a una persona de confianza para asegurar el resultado de la licitación.
Es en este punto donde el documento habla abiertamente de una "conspiración para delinquir" y sostiene que en ella habrían participado personas próximas al Gobierno de María Chivite. Los autores centran especialmente su atención en las sucesivas medidas que permitieron que Polo continuara en servicio activo pese a haber alcanzado la edad de jubilación.
La primera prórroga se articuló mediante una disposición adicional incluida en los Presupuestos de Navarra para 2022. El texto permitía continuar trabajando por encima de los 70 años al personal de Obras Públicas que ocupara una Dirección de Servicio cuando concurrieran determinadas circunstancias.
El informe sostiene, sin embargo, que aquella disposición tenía en realidad carácter "ad personam", ya que el único funcionario que reunía las condiciones descritas era Jesús Polo. Los abogados llegan a asegurar que la fórmula se introdujo de manera que ni la Comisión de Presupuestos ni el Pleno del Parlamento reparasen en lo que califican como un "gran engaño".
La permanencia de Polo no terminó ahí. Hubo una segunda prórroga incluida en los Presupuestos de 2023 y una tercera incorporada a finales de ese mismo año mediante la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. El documento atribuye estas decisiones a los sucesivos responsables de Economía y Hacienda y destaca que permitieron que Polo continuara en el puesto hasta el proceso de adjudicación.
La actuación posterior de la Mesa de Contratación constituye otro de los pilares del informe. El documento recuerda que la votación que terminó beneficiando a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar se resolvió con cinco votos favorables y tres contrarios y recoge las críticas formuladas posteriormente por varios de sus integrantes.
Especial relevancia concede al testimonio de Lorenzo Serena, secretario de la Mesa, que denunció ante la comisión de investigación que Jesús Polo había emitido su valoración después de conocer las puntuaciones concedidas por los demás técnicos. Esa circunstancia, según su denuncia, habría permitido ajustar la nota para alterar el resultado final.
Los cálculos expuestos posteriormente en las comisiones de investigación del Parlamento de Navarra y del Senado indicaron que, antes de incorporar la puntuación de Polo, la empresa mejor situada era Mariezcurrena , mientras que después de incluir su valoración pasó al primer puesto la UTE que terminaría adjudicándose la obra. Jesús Polo ha negado siempre esa acusación.
El informe recuerda además que Lorenzo Serena fue posteriormente trasladado de manera forzosa a unas dependencias situadas en el polígono de Landaben. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción concluyó que aquella decisión constituyó un "acto de represalia" e instó al Gobierno de Navarra a rectificar.
Los abogados del PP consideran que todas estas circunstancias podrían superar el terreno de las irregularidades administrativas si la investigación demuestra que la actuación de Polo obedeció a instrucciones destinadas a controlar la Mesa de Contratación y favorecer a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar.
Otro de los puntos centrales del documento es el precio de la oferta ganadora. La obra salió a licitación por 78.602.252,05 euros sin IVA y fue adjudicada por 62.881.801,65 euros, también sin impuestos. La diferencia fue de 15.720.450,40 euros, lo que supuso una baja aproximada del 20%.
El informe relaciona esa importante rebaja con los modificados solicitados posteriormente durante la ejecución y que el Gobierno de Chivite no sabe ahora cómo pagar. La documentación analizada señala que apenas unas semanas después del comienzo de las obras ya se estaban estudiando cambios importantes en el proyecto.
Según la cronología recogida por los abogados, a finales de abril de 2024 ya se planteaban modificaciones; en mayo una ingeniería contratada por la UTE elaboró un "Estudio preliminar de revisión del Proyecto de construcción de Duplicación del túnel de Velate"; y el 1 de octubre se presentó una actualización del sostenimiento.
El propio informe elaborado recientemente por la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra ha señalado que la UTE modificó aspectos de su oferta que habían resultado determinantes para lograr una mejor puntuación frente a sus competidores y ha considerado difícil atribuir esos cambios exclusivamente a circunstancias imprevistas surgidas durante la ejecución.
Los abogados del PP llaman especialmente la atención sobre el hecho de que la adjudicación se produjo en enero de 2024 y apenas tres meses después ya se planteaban cambios relevantes sobre una oferta que había conseguido imponerse precisamente con una baja del 20%.
A partir de todos estos hechos, el informe analiza la posible existencia de tres delitos. El primero sería el de prevaricación administrativa, en caso de que pueda acreditarse que se adoptaron decisiones arbitrarias con conocimiento de su injusticia.
El segundo sería un posible tráfico de influencias, si la investigación logra demostrar que autoridades o cargos públicos utilizaron su posición para conseguir un resultado concreto. Y el tercero sería un supuesto fraude en la contratación pública, en caso de acreditarse una manipulación de la adjudicación o una concertación destinada a favorecer a determinados licitadores.
El documento va incluso más allá y identifica a las personas a las que atribuye posibles responsabilidades si finalmente se acreditan los hechos. Entre ellas figuran Santos Cerdán, María Chivite, Elma Saiz, Ramón Alzórriz, Bernardo Ciriza, José Luis Arasti, Óscar Chivite, Pedro López y Jesús Polo.
Se trata, en cualquier caso, de la tesis jurídica que manejan los abogados del PP que ejercen la acusación popular y no de unas responsabilidades penales establecidas judicialmente.
La próxima pieza relevante será ahora el informe de la UCO. Los abogados populares están pendientes de que la Guardia Civil concluya sus pesquisas sobre la adjudicación para determinar si las sospechas que recoge este documento encuentran respaldo en la investigación policial.
El resultado de ese trabajo policial será clave para saber si las decisiones adoptadas alrededor de la adjudicación de los túneles de Velate se limitaron a irregularidades administrativas y políticas o si, como sostiene el informe al que ha tenido acceso Navarra.com, pudieron formar parte de una operación con relevancia penal para favorecer a la UTE en la que participaba Servinabar.