El pacto fiscal entre la coalición de Gobierno PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin con EH Bildu para 2027 ya tiene forma de proyecto de ley. El Gobierno de Navarra ha aprobado este viernes, 6 de noviembre, unas medidas con un impacto económico estimado de 89,5 millones de euros, que incluyen rebajas parciales del IRPF, nuevas deducciones y mayores restricciones en el mercado de la vivienda.
El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha reconocido que “no ha sido nada fácil llegar a este texto”. El resultado de la negociación entre los socialistas y EH Bildu combina algunas ventajas fiscales para los contribuyentes con nuevas medidas de intervención que afectan especialmente a la compra y venta de viviendas.
La principal novedad es la deflactación del IRPF, que será del 5 % para rentas de hasta 51.266 euros y del 4 % para las superiores. También se incrementarán un 5 % los mínimos personales y familiares, con un coste conjunto para las arcas forales de 73,5 millones de euros.
Sin embargo, esta actualización de los tramos no supone una reforma profunda del impuesto. La rebaja fiscal llega después de años de inflación acumulada y mantiene una escala que alcanza tipos marginales del 52 %, una de las principales cuestiones que plantea el debate sobre la competitividad tributaria de Navarra.
El paquete incluye también deducciones para complementar las pensiones, con un impacto previsto de 11 millones de euros, y una ampliación de los límites de las deducciones por alquiler. Son medidas que buscan aliviar determinadas situaciones económicas, aunque mantienen el sistema de ayudas fiscales puntuales en lugar de abordar una reforma más amplia.
La vivienda es precisamente uno de los apartados que más controversia puede generar. El Gobierno de Chivite ha acordado recuperar la deducción del 15 % por la compra de la primera vivienda para menores de 35 años, siempre que el inmueble no supere los 300.000 euros y las rentas sean inferiores a 45.000 euros.
Esta medida tendrá un impacto estimado de cinco millones de euros, pero llega acompañada de una importante condición: el precio de venta de esas viviendas quedará limitado durante quince años. El Ejecutivo justifica esta restricción como una fórmula para evitar la especulación.
De esta manera, el Gobierno pretende facilitar la compra a los jóvenes mediante incentivos fiscales y, al mismo tiempo, controlar el precio de una futura venta. Esta combinación plantea dudas sobre sus efectos en un mercado inmobiliario que ya afronta problemas de oferta y dificultades de acceso.
El riesgo de este planteamiento es que las ayudas a la compra aumenten la capacidad económica de los compradores sin incrementar necesariamente el número de viviendas disponibles. A ello se añade una limitación sobre la reventa que puede reducir la flexibilidad de los propietarios durante quince años.
Además, estas novedades se incorporan a un escenario en el que el departamento dirigido por Begoña Alfaro ya ha impulsado medidas de intervención del alquiler, con zonas de mercado tensionado, inspecciones y restricciones. Desde una perspectiva crítica con esta regulación, el problema es que las nuevas condiciones pueden desincentivar la oferta sin garantizar una reducción de los precios.
El acuerdo fiscal también introduce cambios en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Se contemplan tipos reducidos para la adquisición de una primera vivienda, mientras que se establecen gravámenes del 8 %, 10 % y 15 % a partir de la cuarta, quinta o décima vivienda, según los supuestos previstos.
Esta diferenciación fiscal busca favorecer a quienes compran su primera residencia y aumentar la tributación de quienes acumulan varios inmuebles. Sin embargo, también puede penalizar la inversión inmobiliaria y generar nuevos obstáculos para quienes destinan sus propiedades al mercado del alquiler.
El resultado es un paquete que combina rebajas fiscales limitadas con incentivos selectivos y nuevas restricciones. La negociación entre PSN y EH Bildu ha priorizado determinadas deducciones y mecanismos de control, mientras mantiene prácticamente intacta la estructura general de la tributación sobre la renta.
El debate de fondo sigue estando en si Navarra necesita una reforma fiscal más ambiciosa que mejore su competitividad y favorezca la actividad económica. En materia de vivienda, la discusión gira en torno a si las ayudas y los controles de precios pueden resolver las dificultades de acceso o si resulta más eficaz facilitar el aumento de la oferta.
