UPN ha recurrido este viernes la decisión de la Junta Electoral Provincial de Navarra de no abrir un expediente sancionador contra María Chivite por su participación en el acto de colocación de la primera piedra del Centro BIOMA de la Universidad de Navarra, celebrado el pasado 23 de octubre en Pamplona, con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas.
Los regionalistas consideran que la presidenta del Gobierno de Navarra incumplió la obligación de neutralidad institucional durante el periodo electoral y han solicitado a la Junta Electoral Central que revoque la resolución y ordene investigar su actuación.
La Junta Electoral Provincial había rechazado la denuncia presentada por UPN al considerar que no existían indicios suficientes de infracción. En su resolución, señala que el BIOMA es un proyecto de titularidad privada, organizado por la Universidad de Navarra, y que Chivite acudió como invitada.
También tuvo en cuenta que la presidenta había aceptado la invitación meses antes de conocerse la convocatoria electoral y que la comunicación realizada por el Gobierno de Navarra sobre el acto fue “aséptica”.
Además, la Junta sostuvo que “no consta discurso alguno que pudiera afectar a la obligada neutralidad”, ni declaraciones que supusieran una campaña de logros del Ejecutivo o de su formación política.
Sin embargo, UPN considera que la Junta Electoral ha pasado por alto varios elementos fundamentales. El primero es que Chivite no se limitó a asistir como invitada, sino que participó activamente en la ceremonia.
Según recoge el recurso, la presidenta intervino en la plantación de una encina que sustituyó al tradicional acto de colocación de la primera piedra. También firmó el acta inaugural junto a las autoridades universitarias y al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa.
Para UPN, estos gestos demuestran que Chivite tuvo un protagonismo institucional en la inauguración de las obras, algo que considera incompatible con las restricciones de la legislación electoral.
Los regionalistas también rechazan que la titularidad privada del centro sea suficiente para descartar una infracción. Recuerdan que el proyecto ha contado con financiación pública, con 100.000 euros previstos por el Gobierno de Navarra en 2025 y una ayuda estatal de dos millones de euros.
En este sentido, el recurso sostiene que la existencia de financiación pública obliga a analizar si la participación de Chivite vulneró la prohibición de celebrar determinados actos inaugurales durante el periodo electoral.
UPN también cuestiona la utilización de los medios oficiales del Gobierno de Navarra para anunciar la asistencia de la presidenta. El Ejecutivo difundió el 22 de octubre una convocatoria dirigida a los medios de comunicación para informar del acto previsto al día siguiente.
A ello añade las declaraciones políticas que Chivite realizó a los periodistas tras la ceremonia, en las que criticó propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y afirmó que “cuando gobierna la derecha las primeras que perdemos siempre somos las mujeres”.
Los regionalistas consideran que estas manifestaciones, realizadas durante una comparecencia vinculada a un acto institucional, también deben ser examinadas desde el punto de vista de la neutralidad electoral.
El recurso recuerda, además, resoluciones anteriores de la Junta Electoral Central sobre actos de inauguración y visitas a obras públicas durante periodos electorales. Entre ellas, cita un precedente de 2021 relacionado con una visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a unas obras en Valdebebas.
UPN sostiene que la prohibición electoral no depende únicamente de que exista un discurso partidista, sino también de la participación de una autoridad en actos que puedan presentar determinados proyectos como logros institucionales.
Por todo ello, la formación regionalista ha presentado este viernes, 6 de noviembre, un recurso ante la Junta Electoral Central para que anule la decisión de la Junta Provincial y acuerde la apertura de un expediente sancionador contra María Chivite.
La formación solicita que se investigue una posible vulneración de los artículos 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y que, si se acredita una infracción, se imponga la sanción correspondiente.
