Los socios de Chivite y EH Bildu acuerdan sortear vivienda protegida en alquiler
Los socios del Gobierno de Navarra -PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y EH Bildu han impulsado una proposición de Ley Foral para "el derecho a la vivienda asequible" con una serie de modificaciones normativas que pretenden habilitar "nuevas y ambiciosas herramientas" para facilitar el acceso a la vivienda.
La iniciativa ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por los parlamentarios Kevin Lucero (PSN), Itxaso Soto (Geroa Bai) y Daniel López (Contigo-Zurekin).
Entre las nuevas medidas incluidas en esta proposición se incluye sortear parte de las promociones de vivienda protegida alquiler a menores de 35 y mayores de 60 años, la penalización por la "discriminación en el acceso a la vivienda" y el "acoso inmobiliario" o un registro de grandes tenedores de vivienda.
López ha explicado que esta proposición es "fruto de dos meses de trabajo" entre los socios del Gobierno de Navarra y EH Bildu con el objetivo de conseguir "la mejor reforma legislativa" que "corrija el rumbo que ha tomado la vivienda" que "impide el acceso a la misma a gran parte de la población". López ha subrayado que "aplicar las mismas soluciones al mismo problema no funciona" por lo que "había que ser audaz".
Por su parte, el socialista Kevin Lucero ha destacado que "Navarra no parte de cero porque llevamos tiempo avanzando en esta materia" con medidas "referentes" pero "es necesario seguir avanzando y reformando el marco legal" para "frenar dinámicas especulativas". Ha destacado que la reforma "responde al clamor social que exige una vivienda justa, digna y accesible" y "rompe con la lógica que entiende la vivienda como un bien de mercado y no un derecho".
Desde Geroa Bai, Itxaso Soto ha reconocido que el acceso a la vivienda "es una preocupación de primer orden" y ha apostado por propiciar "el valor del uso de la vivienda frente a quienes quieren hacer negocio".
Tras poner en valor las medidas en esta materia impulsadas desde el 2015 con el Gobierno de Uxue Barkos, ha señalado que "todavía queda un camino por recorrer y retos que acometer", abogando por "seguir trabajando con medidas reales" y "alejadas del populismo".
SORTEO DE PARTE DE LAS VIVIENDAS EN ALQUILER PROTEGIDO
Entre las medidas acordadas por los cuatro partidos se incluye la creación de la figura de "arrendamiento asequible" que "amplía el espectro de gente que va a poder acceder a la vivienda pública" ya que hay personas que "no llegan a acceder nunca al alquiler social porque no se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad pero que de facto se ven expulsados del mercado libre por los precios desorbitados", ha explicado Daniel López. Por otro lado, desaparece la figura de arrendamiento con opción a compra por "no funciona como en el mercado libre".
En cuanto al sorteo, ha precisado que "no elimina ningún baremo para los casos de vulnerabilidad" ni las reservas contempladas por ley, sino que parte de las nuevas promociones de alquiler protegido se repartirán según este nuevo sistema.
En este sorteo, un 50% se destinará a personas menores de 35 años o mayores de 60 y la otra mitad para el resto, con la intención de asegurar "un reparto equitativo dentro de todas las capas de la sociedad".
La proposición contempla, además, "facilitar el procedimiento administrativo" para hacer alojamientos dotacionales así como la venta en derechos de superficie, pensado especialmente para las cooperativas.
De esta manera, "el suelo siempre va a ser público" y la vivienda no se adquiere como propiedad sino como un "derecho de uso" por 75 años prorrogables. "Esto tiene las ventajas del alquiler, si una persona se va puede entrar otra" y "las ventajas de la compra, que es la permanencia en el tiempo", ha valorado López.
SANCIONES POR "DISCRIMINACIÓN" Y "ACOSO INMOBILIARIO"
Asimismo, la modificación legal incorpora "nuevas formas de discriminación en el acceso a la vivienda, como el racismo o la xenofobia, la discriminación por orientación sexual, discapacidad o situación socioeconómica", que se penalizará como falta grave dentro de un nuevo régimen sancionador.
También se incluye el concepto de "acoso inmobiliario" entendido como "cualquier comportamiento, omisión o abuso que tenga como finalidad forzar a una persona a abandonar su vivienda en contra de su voluntad, ya sea mediante presiones, deterioro intencionado del inmueble, impago inducido, amenazas o cualquier otra acción que genere un entorno hostil".
Por otro lado, se amplía el registro de arrendamientos incorporando "información esencial" como el precio pactado del alquiler, la renta de contratos anteriores, las actualizaciones de precio o el importe de la fianza. Igualmente, se crea un registro de grandes tenedores de vivienda -personas físicas o jurídicas con cinco o más viviendas-, un identificación que permitirá aplicarles el régimen de contención de precios en zonas declaradas como mercado residencial tensionado.
Así, el que busque una vivienda en alquiler "podrá saber si el propietario es un gran tenedor y exigir que el precio se ajuste a los márgenes legales establecidos", ha destacado Lucero.
Además, con esta nueva ley, si una persona rechaza "sin causa justificada" una vivienda que "cumple con las características y preferencias que había indicado en su solicitud", quedará excluida del censo durante un plazo de dos años. Una medida que "busca garantizar que las viviendas se asignen a personas realmente interesadas en una vivienda y que realmente la necesitan".
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL TANTO Y RETRACTO DEL GOBIERNO
Asimismo, se plantean ayudas a la rehabilitación de vivienda, especialmente pensado para "revitalizar y actualizar" el parque de vivienda público, incidiendo especialmente "el impacto medioambiental que tienen las viviendas actualmente no eficientes", ha explicado Itxaso Soto.
A ello se unen "facilidades" en la adquisición directa de vivienda por parte del Gobierno de Navarra mediante tanteo y retracto, que hasta ahora se limitaba sólo cuando "no se había perdido la calificación de vivienda de protección oficial". La modificación permite al Ejecutivo foral adquirir vivienda que vaya a perder la calificación de vivienda de protección oficial y aquella que ya la haya perdido.