UPN y PP relanzan sus planes contra el fraude en la Renta Garantizada tras años de permisividad del Gobierno de Chivite

La Renta Garantizada en Navarra ha vuelto este jueves 1 de octubre al centro del debate político después de que UPN y PPN hayan anunciado que registrarán de nuevo sus respectivas reformas de la prestación. Ambas iniciativas llegan después de que el Gobierno de María Chivite haya reconocido que no existe acuerdo entre sus socios para sacar adelante la modificación anunciada hace casi dos años.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha confirmado esta semana la falta de consenso dentro del Ejecutivo foral para reformar la normativa. Ante esta situación, UPN y PP de Navarra han recuperado sus propuestas, con medidas centradas en vincular las ayudas al empleo, reforzar los controles y establecer nuevas obligaciones para los perceptores.

UPN ha vuelto a registrar en el Parlamento de Navarra su propuesta de reforma de la Ley de Renta Garantizada. Los regionalistas han justificado esta decisión por la "falta de avances" del Gobierno de María Chivite, después de que la presidenta anunciara en octubre de 2024 que el Ejecutivo trabajaba en una modificación de la prestación.

La formación ha defendido un modelo que, a su juicio, debe "respetar el régimen foral y favorecer la inclusión social a través del empleo". UPN ha considerado necesaria una reforma basada en las competencias propias de Navarra y en medidas que puedan aplicarse de manera efectiva para mejorar el sistema y controlar el uso de los recursos públicos.

"Navarra necesita una reforma real de la renta garantizada, basada en las competencias propias de la Comunidad foral y en medidas que puedan aplicarse de forma efectiva para mejorar el sistema, reforzar la inclusión social y garantizar un uso adecuado de los recursos públicos", ha reivindicado UPN.

Los regionalistas han contrapuesto su propuesta a otras medidas que, según han señalado, dependen de decisiones del Estado. Su reforma se centra en las actuaciones que puede adoptar directamente Navarra para modificar la prestación y favorecer que las personas beneficiarias puedan desarrollar "un proyecto de vida autónomo a través del empleo".

UPN también ha aludido a las advertencias realizadas por la Cámara de Comptos sobre el funcionamiento de la prestación. La formación ha señalado las deficiencias detectadas en mecanismos de control, revisión de expedientes y cobros indebidos, y ha defendido reforzar la supervisión y el seguimiento de las ayudas.

Entre los principales cambios planteados por UPN figura la exigencia de encontrarse en situación administrativa regular para poder acceder a la Renta Garantizada. Además, su propuesta introduce requisitos relacionados con la ausencia de antecedentes penales por determinados delitos graves.

La reforma de UPN limita también la duración ordinaria de la Renta Garantizada a tres años. Durante ese periodo, la cuantía se reduciría de forma progresiva con el objetivo declarado de evitar situaciones de dependencia permanente y favorecer la entrada de los beneficiarios en el mercado laboral.

En concreto, la propuesta difundida por UPN contempla cobrar el 100% de la prestación el primer año, el 70% durante el segundo y el 50% durante el tercero. También recoge excepciones para determinados supuestos de vulnerabilidad en los que podría mantenerse íntegramente la cuantía.

Otra de las modificaciones consiste en convertir en obligatoria desde el inicio la participación en un programa personalizado de inclusión sociolaboral. Este proceso incluiría acompañamiento y seguimiento individualizado y establecería nuevas obligaciones para los perceptores, entre ellas aceptar ofertas de empleo adecuadas.

La iniciativa regionalista contempla igualmente la creación de un servicio específico de inspección y la realización de auditorías periódicas de las prestaciones concedidas. También propone endurecer las sanciones ante posibles fraudes o incumplimientos de los requisitos exigidos.

UPN sostiene que estas medidas deben servir para garantizar que las ayudas lleguen únicamente a las personas que cumplan las condiciones establecidas. La reforma prevé, además, establecer límites al conjunto de ayudas públicas que puede recibir una misma persona o unidad familiar.

El objetivo expresado por los regionalistas es "ordenar el sistema de protección social y reforzar la equidad en el acceso a los recursos públicos". Estos límites no impedirían solicitar otras ayudas compatibles, aunque la suma total no podría superar los topes máximos que se establezcan reglamentariamente.

Por su parte, el PP de Navarra también volverá a registrar en el Parlamento foral su proposición de Ley Foral del Derecho Navarro a la Inclusión Activa. El partido ha tomado esta decisión después de que Maeztu confirmara que los socios del Gobierno no han alcanzado un acuerdo para modificar la Renta Garantizada.

El presidente del PPN, Sergio Sayas, ha calificado de "vergonzosos los sucesivos anuncios de la presidenta María Chivite, de la consejera y de su equipo sobre una reforma que finalmente no van a presentar". El dirigente popular ha acusado a los socialistas de crear expectativas mientras, a su juicio, muestran "sumisión a sus socios de Gobierno".

"Están despilfarrando decenas de millones de euros por conservar su sillón", ha afirmado Sayas. El presidente del PP navarro también ha anunciado que pretende "liderar una cruzada contra el fraude en las rentas".

"Se acabó vivir del cuento, Navarra no puede seguir dando rentas sin control y amparando el fraude", ha indicado Sayas. El dirigente popular considera que la decisión del Ejecutivo deja sin respuesta problemas que, según ha recordado, habían sido reconocidos por el propio Gobierno y recogidos también por la Cámara de Comptos.

Por este motivo, el PP ha decidido recuperar su proposición de ley para que el Parlamento de Navarra vuelva a disponer de un texto sobre el que debatir. Sayas ha señalado que el objetivo es construir "un modelo alternativo que ponga fin al fraude y al despilfarro".

El presidente del PPN ha defendido que las ayudas públicas deben proteger a quienes realmente las necesitan y, al mismo tiempo, facilitar su incorporación al empleo. Para ello, ha reclamado establecer obligaciones concretas y un seguimiento efectivo de los perceptores.

"Se tiene que acabar el tiempo de los que quieren vivir de rentas sin trabajar", ha asegurado Sayas. En este sentido, ha defendido que "quien pueda trabajar y rechace injustificadamente una oferta de empleo no puede seguir recibiendo dinero del conjunto de los navarros".

La propuesta del PP vincula la prestación económica a un proceso que denomina de inclusión social y laboral "real". El texto exige cuatro años de residencia legal y efectiva en Navarra para poder acceder al complemento económico y plantea su coordinación con el Ingreso Mínimo Vital.

La proposición contempla también realizar una evaluación individual durante el primer mes. A partir de ese análisis, el beneficiario tendría que suscribir un contrato de inclusión activa con compromisos relacionados con la formación, la búsqueda de empleo y la aceptación de ofertas adecuadas.

El PP plantea asimismo reforzar los mecanismos de control de la prestación y establecer consecuencias en aquellos casos en los que se detecten fraude o incumplimientos de las obligaciones asumidas por las personas beneficiarias.

Sayas ha reclamado al PSN que "deje de escudarse en sus socios y asuma su responsabilidad". Según ha defendido, la nueva presentación de la proposición obligará a los socialistas a pronunciarse en el Parlamento sobre medidas concretas relacionadas con el control de la ayuda y la incorporación de sus perceptores al mercado laboral.

"Los navarros ya han escuchado suficientes anuncios y ha llegado el momento de que Chivite demuestre con su voto si quiere cambiar el sistema o mantenerlo para conservar el Gobierno", ha sentenciado el presidente del PP de Navarra.