La Cámara ha impedido tramitar una proposición de ley que planteaba más requisitos de acceso, mientras UPN ha justificado su rechazo por motivos competenciales.
"El cuatripartito rechaza la propuesta regionalista de exigir el conocimiento del español, la ausencia de antecedentes penales y un límite de tres años para evitar la cronificación del subsidio".
El Departamento de Derechos Sociales tuvo que realizar hasta siete ampliaciones de crédito ante la avalancha de solicitudes de Renta Garantizada e Ingreso Mínimo Vital.
El Partido Popular denuncia un "claro efecto llamada" al concentrar la Comunidad Foral una proporción de beneficiarios migrantes siete veces superior a la que le correspondería por población.
