El Departamento de Derechos Sociales tuvo que realizar hasta siete ampliaciones de crédito ante la avalancha de solicitudes de Renta Garantizada e Ingreso Mínimo Vital.
El Partido Popular denuncia un "claro efecto llamada" al concentrar la Comunidad Foral una proporción de beneficiarios migrantes siete veces superior a la que le correspondería por población.
