La consejera admite las diferencias dentro del Ejecutivo de Chivite, mientras Contigo-Zurekin califica de "error de bulto" haber anunciado una reforma sin acuerdo previo.
La reforma de la renta garantizada en Navarra se ha quedado sin acuerdo entre los socios del Gobierno foral. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha reconocido este miércoles 30 de septiembre que las formaciones que sostienen el Ejecutivo no han logrado pactar los cambios planteados para esta prestación.
Maeztu lo ha admitido durante una comparecencia en el Parlamento de Navarra solicitada por el PPN. "No hemos llegado a un acuerdo con los socios de Gobierno sobre dicha reforma", ha señalado la consejera, aunque ha asegurado que el departamento seguirá trabajando para introducir mejoras dentro de la legislación actual.
La consejera ha explicado que la propuesta elaborada por su departamento partía de la experiencia acumulada durante los últimos diez años, las recomendaciones de los profesionales y los informes de la Cámara de Comptos. Según ha defendido, se trataba de una reforma "pensada, justificada y rigurosa".
Maeztu ha marcado además distancias con las propuestas planteadas por UPN y PPN, que, a su juicio, "no hacen sino recortar derechos y estigmatizar a los perceptores". También ha defendido que la renta garantizada "no es en absoluto un despilfarro" ni una ayuda destinada a personas que "no están dispuestas a trabajar".
La consejera ha afirmado que la intención del Gobierno es "acompañar" a las personas en situación de pobreza y favorecer su inclusión. Ha reconocido que la ley actual "puede mejorarse", aunque ha defendido que ha permitido disponer de "un sólido mecanismo de protección social en Navarra".
Entre los cambios que Maeztu considera necesarios se encuentra una mayor coordinación entre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la renta garantizada. El objetivo, ha explicado, sería dar mayor coherencia al sistema y adaptar mejor ambas prestaciones a las necesidades de sus posibles beneficiarios.
También ha citado como ámbitos de mejora la agilidad administrativa, la automatización de procesos y el control de las ayudas. A ello ha sumado la incorporación de recomendaciones recogidas en informes de la Hacienda Foral y de la Cámara de Comptos.
Sin un acuerdo político para cambiar la ley, el departamento ha optado por avanzar mediante el Plan Estratégico de Inclusión. Entre las medidas planteadas figuran mejorar los itinerarios de inclusión social, incentivar la contratación de personas vulnerables, impulsar el empleo protegido y reforzar la orientación profesional.
Maeztu ha dedicado parte de su intervención a combatir lo que ha denominado "prejuicios, sesgos y desinformación" alrededor de la prestación. En 2025, un total de 15.962 unidades familiares han cobrado la renta garantizada en Navarra.
De ellas, el 58% ha permanecido en el programa durante menos de un año. Otro 19,4% lo ha hecho entre uno y dos años y el 8,23% entre dos y tres años, cifras con las que la consejera ha rechazado que la prestación "cronifique" de forma generalizada a sus beneficiarios.
También ha defendido los mecanismos de control y seguimiento existentes. Maeztu ha explicado que cada año se refuerzan estos controles tanto desde el departamento como desde la Policía Foral y ha señalado que los casos investigados por los agentes parten, en buena medida, de situaciones previamente detectadas por los propios sistemas de control.
Respecto al acceso al empleo, la consejera ha indicado que de las 10.740 personas beneficiarias disponibles para trabajar, un total de 4.448 fueron contratadas durante 2025. Esto supone el 41% de quienes estaban disponibles para incorporarse al mercado laboral.
Además, ha señalado que un 65% de las unidades perceptoras contaba con un programa personalizado de inclusión social, frente al 31% registrado en 2021.
La falta de acuerdo dentro del Ejecutivo ha provocado fuertes críticas de la oposición. La parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha afirmado que al Gobierno de Navarra "se le ha caído la careta" después de cerca de dos años hablando de una reforma que finalmente no ha conseguido sacar adelante.
"Han estado durante mucho tiempo generando unas expectativas que sabían que no podían cumplir", ha reprochado García Malo. "Díganlo claro: ha fracasado en su intento el Partido Socialista", ha añadido.
Por parte de UPN, Raquel Garbayo ha acusado al Ejecutivo de quedarse en "anuncios y anuncios". La regionalista ha defendido una reforma orientada hacia "la verdadera inclusión social a través del empleo", acompañada de un mayor control de los expedientes y "tolerancia cero frente al fraude".
La socialista Olga Chueca ha rechazado que las diferencias dentro del Gobierno puedan considerarse un fracaso. "Es democracia, es negociación", ha respondido a UPN y PPN. Chueca ha defendido una reforma que coordine mejor la renta garantizada y el IMV, agilice su gestión y refuerce tanto la inclusión como el seguimiento.
Desde EH Bildu, Javier Arza ha considerado que la renta garantizada "es una inversión que nos hace mejores como sociedad". También ha reconocido que la ley "es mejorable" y ha señalado que "desde el bloque progresista deberíamos haber llegado a un consenso".
Arza ha planteado agilizar los procedimientos, mejorar la compatibilidad con el IMV y aplicar estímulos al empleo. Al mismo tiempo, ha acusado a la derecha de convertir esta prestación en "el eje de la legislatura" porque, según ha afirmado, "creen que les dará votos".
La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aranburu, ha recordado que su formación se comprometió en el acuerdo de Gobierno a "consolidar el modelo de renta garantizada". Ha asegurado que aceptarían modificaciones destinadas a aumentar la capacidad de protección de la prestación, pero "nunca para reducirla".
Más contundente sobre las diferencias internas ha sido el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, quien ha asegurado que "no existe margen de acuerdo" entre los socios para reformar la renta garantizada. Además, ha calificado de "error de bulto" que la presidenta María Chivite anunciara "una reforma unilateral que no tenía para nada acordada con sus socios de coalición".
Guzmán ha reclamado "consolidar, fortalecer y ampliar" la prestación y adecuar sus cuantías a las necesidades de los hogares, con especial atención a la pobreza infantil.
Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha asegurado que los socios del Ejecutivo "le han enmendado la plana" a Chivite. Ha sostenido que "es obvio que no hay consenso" y ha criticado los actuales mecanismos de control de la renta garantizada.
