El Supremo retira el pasaporte a dos exdirectivos de Acciona tras admitir reuniones con Cerdán

Los exdirectivos de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte han negado este miércoles cualquier irregularidad en las obras adjudicadas junto a la empresa navarra Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, y el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente les ha retirado el pasaporte y les ha prohibido salir de España en el marco de la causa por presuntas mordidas en obra pública. Estas medidas se han adoptado después de que ambos han declarado como investigados en la pieza del denominado caso Koldo que afecta al exdirigente socialista.

Pelegrini, exdirector de Acciona Construcción en España, y Tomás Olarte, director de la zona norte actualmente suspendido de sus funciones, han comparecido ante el Supremo tras el informe de la UCO que sembró sospechas sobre la relación entre Acciona y Servinabar, que se llevaba un 2 % del importe de las obras adjudicadas. Los dos han defendido que ese porcentaje respondía a servicios de prevención de riesgos laborales y apoyo técnico realmente prestados por la empresa navarra y han asegurado que hay facturas de todas las prestaciones realizadas.

Según han explicado las mismas fuentes jurídicas, los exdirectivos de Acciona han insistido en que la participación de Servinabar en la UTE se limitaba a esa labor especializada, y que el porcentaje funcionaba como tope máximo a los beneficios de la pequeña mercantil. Han recalcado que se trataba de una práctica que consideran habitual en el sector para este tipo de contratos de servicios.

Tras sus explicaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juez que les impusiera la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en el juzgado. Las acusaciones populares que coordina el PP se han adherido a esta solicitud y el magistrado Leopoldo Puente la ha aceptado en un auto en el que subraya la existencia de “indicios de criminalidad” contra ambos por posibles delitos de cohecho y, “acaso también”, de integración en organización criminal.

En ese auto, el juez relata que Justo Vicente Pelegrini ha ocupado cargos de alta dirección en Acciona Construcción y firmó el 16 de septiembre de 2015 el acuerdo de colaboración con Servinabar, constituida solo unos días antes. Según el magistrado, Pelegrini confiaba en que las adjudicaciones futuras se producirían gracias a la influencia indebida que habría desplegado Santos Cerdán sobre otros investigados con cargos públicos, y que, a cambio, la empresa navarra percibiría la correspondiente prestación económica.

En esta pieza del caso Koldo están investigados, además de Santos Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García –ambos en prisión preventiva desde la semana pasada– y varios empresarios. El juez destaca que un número significativo de obras públicas acabó adjudicado a Acciona, que actuó en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras constructoras. Servinabar no formaba parte directamente de esas UTE, pero suscribía después contratos de prestación de servicios con Acciona y obtenía un beneficio calculado del 2 % del total del proyecto.

En cuanto a las reuniones, tanto el informe de la UCO como el auto del juez mencionan los encuentros mantenidos entre el exdirectivo de Acciona, Santos Cerdán y el administrador de Servinabar, Antxon Alonso. Señalan que se adoptaban medidas de seguridad, como celebrar reuniones en un piso alquilado para ese fin, utilizar una aplicación concreta de mensajería, apagar los teléfonos móviles o mostrar determinados documentos en pantalla durante las videoconferencias para evitar dejar rastro escrito.

Durante su declaración, Pelegrini ha admitido esas reuniones con Santos Cerdán, a quien ha descrito como amigo de Antxon Alonso y también como supuesto “agente social” para comentar el impacto de proyectos como Mina Muga en Navarra. Sin embargo, ha reconocido que no se ha reunido con otros agentes sociales ni con representantes de otros partidos políticos, algo que el instructor destaca en la resolución.

Respecto a Tomás Olarte, el juez explica que habría suscrito en 2018, actuando en nombre de Acciona, un memorándum de entendimiento con Servinabar para desarrollar una oportunidad de negocio en la A-68, variante de Logroño Arrubal-Navarrete. El administrador de la empresa navarra se dirigió a Olarte para reclamar los pagos comprometidos por esa obra, y Servinabar habría percibido de forma anticipada unos 600.000 euros, según detalla el auto.

El magistrado también alude al papel de Fernando Merino, exdirectivo de Acciona igualmente investigado, que estaba directamente sujeto a las órdenes y supervisión de Olarte. Merino habría tratado el asunto de Logroño con el exasesor Koldo García, quien recibió un mensaje del entonces director general de Carreteras cuando la obra fue adjudicada a Acciona con una expresión significativa: “Bingo en Logroño”. Estos elementos refuerzan, a juicio del juez, la sospecha de un posible circuito de influencia y pagos vinculados a la adjudicación.

En el plano económico, la Guardia Civil calcula que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados a Acciona ascienden al menos a 6.707.294,67 euros, lo que supone cerca del 75 % del total ingresado en el periodo analizado, de 8.903.903,18 euros. El resto procede de otras sociedades, operaciones de confirming cuyo origen no se ha podido identificar con precisión y diversos préstamos suscritos por la mercantil.

Los investigadores sitúan la salida de fondos de Servinabar en 9.701.121,96 euros a lo largo de unos diez años. La mayor parte corresponde a transferencias a personas físicas y jurídicas, pagos de recibos y otros gastos, operaciones bancarias, cargos de tarjetas, cheques y comisiones. El resto se destina a nóminas, impuestos y transferencias realizadas a la propia Acciona.

La Guardia Civil identifica como beneficiarios claros de la presunta trama a Santos Cerdán y a su familia, a través del cobro de nóminas, del pago de alquileres –incluida la que fue vivienda familiar en Madrid– y del uso de una tarjeta de crédito de empresa con la que se habrían gastado más de 33.000 euros. En una conversación incorporada al sumario, Antxon Alonso comenta con su mujer que la esposa de Cerdán es sobradamente conocida en unos grandes almacenes por el uso de esa tarjeta, al afirmar que a “la Paqui” la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés.

Pese a todo lo anterior, Acciona Construcción ha negado haber pagado comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial. La compañía ha advertido de que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de la investigación se desprende algún perjuicio directo para la empresa como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otra persona. Ante las “graves responsabilidades penales” que pudieran derivarse, el juez considera “precisas” y “plenamente proporcionadas” las medidas cautelares impuestas a los dos exdirectivos de Acciona para evitar que puedan sustraerse de la acción de la Justicia.