El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha levantado el secreto de la pieza en la que ordenó, el pasado viernes, ocho registros vinculados a la investigación sobre posibles adjudicaciones irregulares de obras públicas. Aquellas entradas incluyeron las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, así como las empresas Erkolan y Noran, situadas en San Sebastián y supuestamente conectadas con Servinabar.
A partir del informe elaborado por la UCO —fechado el 11 de noviembre— Puente ha decidido dar un paso más. Ese documento apuntaba a indicios relacionados con la adjudicación de contratos públicos y señalaba directamente a tres responsables de Acciona. Entre ellos destaca Tomás Olarte, apoderado de Acciona en la UTE de Belate, cuya intervención aparece repetidamente en las escrituras vinculadas al proyecto.
El juez ha citado como investigados a Olarte, al exresponsable de Acciona Construcción Justo Vicente Pelegrini y al responsable de la zona sur Manuel José García Alconchel. Los tres tendrán que declarar el próximo 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, patrón de Navarra, para aclarar su participación en la “aparente indebida adjudicación de determinadas obras públicas”. El auto, no obstante, no menciona ninguna obra concreta.
La figura de Tomás Olarte ocupa un papel central en todo el procedimiento. Es el apoderado de Acciona en la UTE de Belate, la unión temporal creada junto a Servinabar y Fermín Osés tras la adjudicación de las obras de duplicación del túnel. Su firma aparece en la escritura de constitución de esa UTE y también en el acuerdo firmado el 9 de enero de 2023, un mes antes de que saliera a licitación la obra, lo que lo sitúa en el núcleo administrativo del proyecto.
Además, Olarte, como apoderado de Acciona en la UTE de Belate, rubricó el protocolo para crear la UTE Acciona-Alegure destinada a construir el colegio de Arbizu, y figura igualmente en las escrituras de la UTE Archivo de Navarra, constituida entre Acciona y Servinabar para rehabilitar espacios del Palacio de Navarra.
La investigación gira así en torno a su papel como representante de Acciona en varias UTE, pero especialmente como apoderado de Acciona en la UTE de Belate, una posición que el informe de la UCO considera clave para entender el alcance de las supuestas irregularidades.
