Los exresponsables de Acciona han defendido ante el Supremo que la empresa navarra Servinabar cobró por servicios reales.
Los exdirectivos de Acciona imputados en el caso Koldo han negado este miércoles cualquier irregularidad en las obras obtenidas en UTE con Servinabar, empresa navarra vinculada a Santos Cerdán, al declarar ante el Tribunal Supremo. Han defendido que el porcentaje que cobraba la compañía navarra era habitual en el sector y que todos los servicios se han prestado con su correspondiente factura.
Tanto Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona en España, como Tomás Olarte, exresponsable de la zona norte, han insistido en que el pago a Servinabar respondía a trabajos reales de prevención de riesgos laborales. Han explicado que ese porcentaje no era una cantidad fija, sino un límite máximo a los beneficios de esta pequeña empresa dentro de la UTE con el gigante constructor.
Según las fuentes jurídicas consultadas recogidas en la causa, ambos exdirectivos de Acciona han subrayado que los servicios se han desarrollado por las dos compañías y que “hay facturas de todo”. Han recalcado que el porcentaje que se reservaba Servinabar en cada obra era habitual para este tipo de tareas de apoyo técnico y de seguridad.
En el caso de Pelegrini, el juez le ha preguntado por sus reuniones con el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, y con Santos Cerdán, que figuran en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ha enmarcado esos encuentros en el proyecto de Mina Muga, en Navarra, iniciado en 2015, donde la investigación sitúa el origen de la relación empresarial y de la presunta trama de amaño de obra pública a cambio de mordidas.
El exresponsable de Construcción ha explicado que Cerdán acudía a esas reuniones como “amigo” de Alonso, pero también como supuesto “agente social” para intercambiar impresiones sobre el impacto del proyecto en la zona. Sin embargo, al ser preguntado si se había reunido igualmente con otros agentes sociales, en concreto representantes de otros partidos políticos, ha admitido que no lo ha hecho.
Por su parte, Tomás Olarte ha asegurado que sólo conoce a Antxon Alonso por motivos exclusivamente profesionales. Ha remarcado que no mantiene relación alguna con Santos Cerdán, con el exministro de Transportes José Luis Ábalos ni con su exasesor Koldo García, todos ellos investigados en esta pieza del caso Koldo.
Tras las declaraciones como imputados, se han celebrado sendas vistillas para estudiar la imposición de medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado que prohíba a los dos exdirectivos de Acciona salir del país, que se les retire el pasaporte y que deban firmar cada quince días en sede judicial. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, se han adherido a esta petición.
El magistrado instructor, Puente, ha citado a Pelegrini, Olarte y a un tercer exdirectivo, Manuel García Alconchel, responsable de la zona sur de Acciona Construcción, al considerar que pueden estar implicados en los presuntos amaños de obra pública. García Alconchel, también suspendido en sus funciones, está citado para declarar el día 15 de este mes ante el Tribunal Supremo.
La línea de investigación se apoya en el informe de la UCO sobre el acuerdo marco que firmaron Acciona y Servinabar en 2015, pocos días después de constituirse la empresa navarra. Aquel pacto les permitía “explorar futuras oportunidades de negocio” y fijaba que Servinabar podría llevarse hasta un porcentaje de cada obra conseguida en UTE, como remuneración por sus servicios técnicos.
Ese acuerdo fue suscrito por Justo Vicente Pelegrini, en nombre de Acciona, y por Antxon Alonso, como responsable de Servinabar. La Guardia Civil sostiene que la relación empresarial se ha canalizado a través de ambos directivos, pero también mediante Santos Cerdán, Tomás Olarte y Manuel García Alconchel, que habrían intervenido en distintos momentos de la colaboración.
Según el informe, Pelegrini mantenía una comunicación “asiduamente” con Alonso, con reuniones presenciales a solas o con la presencia de Santos Cerdán. Los investigadores apuntan a que esos encuentros se habrían revestido de especiales medidas de seguridad, como el uso de anotaciones manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencias para evitar dejar rastro en comunicaciones electrónicas.
La UCO detalla además otras obras ejecutadas por la UTE Acciona–Servinabar, como una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y un proyecto ferroviario en Sant Feliú. Las adjudicaciones de estos contratos superan en conjunto los 245 millones de euros, según el documento incorporado al sumario.
Los investigadores señalan que tanto Tomás Olarte como Manuel García Alconchel figuran como firmantes de los diferentes Memorándum de Entendimiento que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de cada adjudicación. Esos acuerdos internos habrían regulado las condiciones concretas de colaboración en cada uno de los proyectos.
En el ámbito económico, la Guardia Civil calcula que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados a Acciona ascienden “al menos” a 6.707.294,67 euros, lo que equivale aproximadamente al 75 % del total ingresado en el periodo investigado, cifrado en 8.903.903,18 euros. El resto procede de otros clientes, servicios de confirming y préstamos suscritos por la mercantil.
Respecto a los ingresos ajenos a Acciona, que la UCO cuantifica en 2.196.608,51 euros, se explica que llegan principalmente por transferencias o recibos de otras sociedades, por operaciones de confirming de origen no identificado y por la suscripción de distintos préstamos. Todos estos movimientos forman parte del análisis sobre el papel real de Servinabar en el mercado.
En cuanto a la salida de fondos a lo largo de diez años, los investigadores estiman que la empresa ha movido 9.701.121,96 euros. La mayoría de esos adeudos, algo más del 48 %, corresponde a transferencias a personas físicas y jurídicas, pagos de otros gastos, recibos, operaciones bancarias, cargos de tarjetas, cheques y comisiones. El resto se reparte en abonos de nóminas, pago de impuestos y transferencias de vuelta a Acciona.
La Guardia Civil identifica como principales beneficiarios de la presunta trama a Santos Cerdán y a su familia. Según el informe, habrían cobrado nóminas a través de Servinabar, se les habrían pagado alquileres –incluida la que fue vivienda familiar en Madrid hasta hace poco– y disponían de una tarjeta de crédito asociada a la empresa con la que se gastaron más de 33.000 euros.
En una conversación incorporada al sumario, Antxon Alonso comenta con su mujer que la esposa de Cerdán es muy conocida en los grandes almacenes por el uso de esa tarjeta. “La Paqui, le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”, llega a decir el empresario sobre la mujer del exdirigente socialista, según recoge el informe.
Frente a todo ello, Acciona Construcción ha negado haber pagado comisión alguna a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial. La compañía ha advertido de que se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas si de la investigación se desprendiera algún perjuicio directo para la empresa por la actuación de los investigados o de cualquier otra persona.
