El infierno de una familia en un pueblo de Navarra: insultos racistas, sabotajes y niños encerrados por miedo
La Fiscalía de Navarra solicita penas de prisión, multas e inhabilitaciones para dos hombres de nacionalidad española acusados de someter a una familia de origen marroquí a un hostigamiento racista constante en Mendigorría.
El Ministerio Público ha pedido la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Navarra, con sede en Pamplona, al considerar que los acusados convirtieron la vida de sus vecinos en un entorno insoportable por un único motivo: su origen extranjero.
La familia vivía en el primer piso de un edificio residencial de Mendigorría. Estaba formada por un matrimonio y sus tres hijos menores, de entre cuatro y nueve años. Según el escrito de acusación, los dos investigados residían en los pisos bajos del mismo inmueble.
La campaña de hostigamiento habría comenzado a mediados del año 2022. Desde entonces, según la Fiscalía, los acusados empezaron a dirigir expresiones gravemente denigrantes y xenófobas hacia todos los miembros de la familia.
El escrito sostiene que actuaron guiados por un firme rechazo hacia ellos por su condición de extranjeros. Los insultos, de carácter humillante, se repitieron en el tiempo y se dirigieron también contra los menores.
La acusación pública ha destacado que esos ataques verbales se cebaron con especial crueldad en los niños y, de manera muy particular, en la hija de nueve años. En varias ocasiones, las humillaciones se produjeron en zonas comunes del edificio y ante otros residentes.
La situación, según el relato fiscal, no se limitó a los insultos. Los acusados también habrían realizado conductas destinadas a alterar la paz diaria del hogar y a generar un clima de intranquilidad permanente.
Entre esas acciones, la Fiscalía recoge que subían de forma desproporcionada el volumen de la televisión y propinaban golpes sistemáticos en el techo. Uno de los acusados también llegó a proferir cánticos burlones dirigidos a la vivienda de los afectados.
A ese escenario de asedio vecinal se sumaron varios actos de sabotaje. El escrito menciona el pinchazo de las ruedas del vehículo familiar hasta en siete ocasiones distintas y la desaparición de las bicicletas de los niños del portal del edificio.
El ambiente de hostilidad continuada tuvo consecuencias directas en la vida diaria de las víctimas. Los menores desarrollaron conductas de evitación por miedo. Según la Fiscalía, llegaron a negarse a salir de casa, a esperar a que una vecina los acompañase en el rellano o a permanecer completamente inmóviles dentro de su propia vivienda para evitar cualquier ruido.
La madre también modificó su vida cotidiana. El escrito recoge que se vio obligada a reducir al mínimo las tareas domésticas por el temor y la inseguridad que le infundían sus vecinos.
La familia llevaba cuatro años residiendo de forma pacífica en la localidad. Sin embargo, la situación se volvió tan insostenible que acabó abandonando su vivienda y trasladándose a vivir a Pamplona.
El informe forense ha determinado que los miembros del núcleo familiar presentan síntomas de nerviosismo, miedo y frustración compatibles con una situación continuada de maltrato psicológico.
Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios.
Ese delito se presenta en concurso de normas con cinco delitos contra la integridad moral. La Fiscalía también imputa a los acusados cuatro delitos de acoso.
En los delitos de acoso y contra la integridad moral, la acusación pública aprecia la circunstancia agravante de discriminación por motivos de nación u origen.
Por todo ello, la Fiscalía solicita para cada uno de los implicados una pena de 15 meses de prisión y una multa de 10 meses, con una cuota diaria de 8 euros, por el delito contra los derechos fundamentales en concurso con el de integridad moral.
Además, reclama para ambos la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la prohibición de ejercer profesiones u oficios en el ámbito educativo, docente, deportivo o de tiempo libre con menores durante seis años.
A esa petición se añade otra pena por los cuatro delitos de acoso. Por cada uno de ellos, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión para cada acusado.
La Fiscalía también ha pedido medidas de protección para las víctimas. En concreto, reclama que se prohíba a los acusados aproximarse a menos de 300 metros de la madre y de sus tres hijos menores, así como de sus domicilios, centros de estudio o lugares de trabajo durante seis años.
El escrito incluye igualmente la prohibición absoluta de comunicarse con ellos por cualquier medio físico, informático o telemático durante ese mismo periodo.
Por último, en concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita que ambos acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la familia con un total de 15.000 euros por los daños morales causados. Esa cantidad devengará los intereses legales correspondientes.