La Fiscalía de Navarra ha solicitado una pena de 12 meses de prisión para un hombre de nacionalidad española acusado de saltarse de forma reiterada la orden de alejamiento que le prohibía comunicarse y acercarse a su expareja.
El caso será juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de Navarra. El acusado se encuentra actualmente en situación de prisión provisional, una circunstancia que ha llevado al Ministerio Público a pedir que el juicio oral se señale a la mayor brevedad posible.
El origen de esta causa se sitúa en febrero de 2023. Entonces, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona dictó una orden de protección a favor de la víctima. Aquella resolución prohibía al encausado comunicarse con ella por cualquier medio.
La medida judicial también le impedía aproximarse a la mujer, a su domicilio o a su lugar de trabajo a una distancia inferior a los 200 metros. Según el escrito de acusación provisional, el hombre conocía perfectamente esas restricciones y sabía que seguían vigentes.
Pese a ello, la Fiscalía sostiene que el acusado ignoró los mandatos judiciales durante la primavera y el verano de 2024. El primer incumplimiento se produjo el 1 de abril de ese año, cuando envió un correo electrónico a la mujer protegida.
Después, los días 18 de junio, 2 de julio y 3 de julio, el procesado volvió a contactar con ella a través de WhatsApp. En concreto, remitió dos mensajes mediante esta aplicación, pese a tener prohibida cualquier comunicación con su expareja.
El episodio más grave descrito por el Ministerio Público tuvo lugar el 6 de julio de 2024, alrededor de las cinco de la tarde. Ese día, el acusado acudió presencialmente a la vivienda de la víctima en Pamplona, vulnerando de forma directa la orden de alejamiento acordada por el juzgado.
Para la Fiscalía, estos hechos no han sido episodios aislados, sino un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar. Esta figura se aplica cuando una persona comete varias infracciones semejantes dentro de una misma dinámica de actuación.
El escrito fiscal precisa que el acusado cuenta con antecedentes penales, aunque no son computables a efectos de reincidencia. Además, el Ministerio Público no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen su responsabilidad penal.
Por todo ello, la acusación pública ha pedido para el procesado una pena de un año de cárcel. También reclama las penas accesorias de inhabilitación correspondientes y el pago íntegro de las costas del procedimiento judicial.
Más allá de la condena, el Ministerio Público ha reclamado que el tribunal se pronuncie en la sentencia sobre el mantenimiento de las medidas cautelares de alejamiento y comunicación durante la tramitación de los posibles recursos.
El objetivo de esa petición es garantizar la seguridad de la mujer hasta que la sentencia sea firme. La Fiscalía también ha pedido que se consulte de forma reservada a la víctima si desea recibir notificaciones sobre la situación penitenciaria del acusado.
Esas comunicaciones podrían referirse, por ejemplo, a posibles permisos de salida o a una futura puesta en libertad del procesado.
