La Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra solicita una pena de 5 años y medio de prisión para un hombre de nacionalidad española acusado de acosar a través de internet a una menor de 13 años en Pamplona, con la que llegó a mantener videollamadas de contenido sexual explícito.
El Ministerio Público califica los hechos como delitos de ciberacoso sexual hacia menores y agresión sexual, exigiendo además severas medidas de inhabilitación y alejamiento para proteger a la víctima. El caso será juzgado esta semana en la capital navarra.
Según el escrito de acusación, los hechos comenzaron a principios de mayo de 2023 en Pamplona. El acusado, de 32 años, se aproximó a la menor mientras esta se encontraba sentada en un banco de la calle. Con la intención de establecer contacto por vías digitales, le entregó un trozo de papel en el que figuraba su perfil de la red social Instagram. A raíz de este encuentro, la víctima inició una conversación escrita con el investigado a través del chat de la citada plataforma, un espacio donde el procesado comenzó de inmediato a proponerle citas presenciales, una propuesta que la menor rechazó de forma reiterada.
Pese a la negativa de la joven a encontrarse en persona, el implicado insistió en trasladar la comunicación a videollamadas, logrando que se realizaran al menos dos conexiones en esta modalidad. Durante los intercambios de mensajes de texto, el acusado profería constantes declaraciones afectivas y propuestas explícitas de índole sexual, manifestándole abiertamente su deseo de mantener relaciones con ella.
La situación alcanzó su punto más grave la noche del 11 de mayo de ese mismo año, cuando ambos mantuvieron una videollamada de una hora de duración. En el transcurso de dicha conexión, el procesado instó a la menor a exhibir sus pechos y genitales, una petición a la que ella accedió, mientras él se masturbaba, mostraba sus propios genitales tapándose parcialmente con una manta y le dirigía comentarios de extrema crudeza sexual. La Fiscalía subraya que el acusado y la menor nunca llegaron a coincidir físicamente de forma posterior al primer contacto en el banco.
Para el Ministerio Fiscal, por el primer contacto y el asedio inicial en redes, se le atribuye un delito de ciberacoso sexual, por el cual se solicitan 18 meses de prisión. Por los hechos de la videollamada, la acusación aprecia un concurso de normas entre exhibicionismo, ciberacoso y agresión sexual sobre menor de 16 años. Por este segundo bloque, la Fiscalía pide una condena de cuatro años de cárcel.
Más allá de las penas de privación de libertad, el Ministerio Público exige un estricto paquete de medidas de seguridad y control para el procesado. En concreto, reclama un total de 5 años de libertad vigilada por cada uno de los delitos tras la salida de prisión, así como la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, de su domicilio o de sus centros de estudio, sumado a la prohibición absoluta de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de cinco años.
En el ámbito profesional y familiar, se solicitan 6 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o tutela y otros nueve años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad. Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que el acusado abone a la perjudicada la cantidad de 3.000 euros por las lesiones sufridas, cuantía que devengará los intereses legales correspondientes.
