La Fiscalía de Navarra solicita tres años de prisión para una trabajadora del Servicio Navarro de Salud acusada de haber accedido de forma reiterada y sin autorización al historial médico de una persona desde el Centro de Salud de Alsasua.
La mujer, administrativa en ese centro sanitario, se enfrenta esta semana a un juicio ante la Audiencia Provincial de Navarra por un presunto delito de revelación de secretos.
Según el escrito de conclusiones del Ministerio Público, la acusada habría consultado el historial de la víctima entre el 23 de junio de 2021 y el 15 de abril de 2024. La Fiscalía sostiene que lo hizo de manera continuada, sin el consentimiento ni el conocimiento del afectado. No se refieren relaciones de parentesco entre ambos.
Durante ese periodo, la trabajadora habría accedido en más de un centenar de ocasiones a distintos apartados de la documentación sanitaria. Entre ellos, el tapiz de citación, la ficha administrativa y la propia historia clínica de la víctima.
La acusación pública mantiene además que la funcionaria llegó a imprimir esa documentación confidencial en unas 14 ocasiones. Esa actuación, según el Ministerio Público, le habría permitido apoderarse de la totalidad de los datos sanitarios del afectado.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secretos, previsto en el Código Penal, con la agravante derivada de su condición de autoridad o funcionaria pública. En su calificación provisional, atribuye a la procesada la responsabilidad como autora, al considerar que realizó por sí misma las consultas y copias de los datos.
El escrito del Ministerio Público no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Es decir, no contempla atenuantes ni otras agravantes adicionales más allá de las vinculadas a la propia naturaleza del delito y a la condición funcionarial de la acusada.
Por todo ello, la Fiscalía pide para la mujer una pena de tres años de prisión. También solicita la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, lo que supone la imposibilidad de ser elegida en procesos electorales mientras dure la pena.
La petición incluye además una multa de 22 meses, con una cuota diaria de 10 euros. En caso de impago, el escrito establece un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias que queden sin abonar.
La acusación pública reclama igualmente que la procesada asuma el pago íntegro de las costas procesales derivadas del juicio. A ello se suma una petición de inhabilitación absoluta durante seis años para el ejercicio de su profesión.
En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la acusada indemnice a la víctima con 3.000 euros por daño moral. El Ministerio Público fundamenta esa cantidad en la invasión de su intimidad y en el manejo desautorizado de información médica sensible.
