Una chica descubre en Pamplona que su padre tiene el ordenador lleno de pornografía infantil y lo lleva a la policía
La Audiencia de Pamplona acoge esta semana el juicio contra un hombre de nacionalidad brasileña acusado de elaborar y poseer pornografía infantil en Pamplona. La Fiscalía solicita para él una pena total de 7 años de prisión tras el hallazgo de un elevado volumen de archivos en dispositivos y cuentas digitales vinculadas al procesado, en los que se podía ver contenido muy duro con bebés y niños de muy corta edad.
El caso ha salido a la luz de una forma especialmente llamativa. Una hija menor de edad del acusado descubrió por casualidad parte del material cuando intentaba liberar espacio en el ordenador de su padre para poder utilizar una plataforma de videojuegos. A partir de ese hallazgo, la exesposa del procesado y sus hijos pusieron los hechos en conocimiento de la policía y no dudaron en denunciarle.
Los hechos recogidos en el escrito de acusación de la Fiscalía ocurrieron hace tan sólo unos meses en Pamplona. El encausado, nacido en 1975, había facilitado a su hija menor de edad la contraseña de su cuenta digital para que pudiera acceder a un servicio de una plataforma de videojuegos. Al inspeccionar el equipo con el objetivo de borrar datos innecesarios, la menor localizó múltiples vídeos de pornografía infantil.
Tras darse cuenta de la gravedad de los archivos, la exesposa del acusado y sus hijos denunciaron los hechos ante la policía. Esa denuncia motivó una orden judicial de entrada y registro en la vivienda familiar. Durante la intervención, los agentes procedieron a la detención del sospechoso y a la incautación de un teléfono móvil, un ordenador portátil, una torre de sobremesa y un disco duro externo.
El posterior análisis forense de los dispositivos electrónicos ha revelado la existencia de una importante cantidad de material de abuso sexual a menores. En los servicios de almacenamiento virtual o “nubes” vinculados a cuatro cuentas de correo electrónico activas del investigado, los peritos informáticos hallaron 349 archivos ilícitos, que sumaban más de siete gigabytes de información.
Entre el contenido intervenido figuraban vídeos obtenidos mediante aplicaciones de mensajería instantánea en los que se mostraban agresiones sexuales explícitas cometidas por adultos sobre menores de muy corta edad. Asimismo, el examen de los ordenadores desveló miles de imágenes y cerca de un centenar de vídeos adicionales con prácticas abusivas muy duras e interacciones de carácter sexual incluso con animales.
A pesar del volumen del material, la investigación tecnológica ha constatado que el acusado no utilizaba redes sociales para contactar con menores. Tampoco existen indicios de que hubiera compartido estos archivos con terceras personas, según recoge la acusación pública.
El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de un delito de elaboración de pornografía infantil, al detectarse material generado en relación con un menor concreto, y de un delito continuado de posesión de pornografía infantil. En este último delito, la Fiscalía solicita la aplicación de la circunstancia de reincidencia.
La situación penal del procesado se ve agravada por sus antecedentes. El acusado ya fue condenado en 2017 por la Audiencia de Navarra a 10 años de cárcel por dos delitos continuados de abuso sexual a una menor de trece años. La finalización de aquella pena privativa de libertad finalizó en marzo de este mismo año.
Pese a haber cumplido esa pena de prisión, el hombre mantiene vigentes las prohibiciones de comunicación y acercamiento a la víctima hasta el año 2037. Ese antecedente firme es uno de los elementos que la Fiscalía incorpora ahora para justificar la agravante de reincidencia en el delito continuado de posesión.
Por todo ello, la petición global de penas de la acusación se fija en 7 años de prisión. El fiscal solicita seis años por el delito de elaboración del material y un año por la posesión agravada, además de la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Junto a la reclusión, el Ministerio Público pide imponer medidas de control para cuando el procesado recupere la libertad. En concreto, reclama 11 años de libertad vigilada, una medida de seguridad que somete al condenado a supervisiones y obligaciones judiciales específicas. Ese periodo se desglosa en 7 años por el primer delito y 4 por el segundo.
La Fiscalía solicita también la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda durante un periodo acumulado de diez años. Además, reclama la prohibición de ejercer cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuida, que implique un contacto regular y directo con menores de edad durante un periodo que supere en 6 años la pena de prisión impuesta.
En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía no ha consignado peticiones de indemnización económica directa para las víctimas. El motivo es la imposibilidad de identificar a los menores que aparecen en la gran mayoría de las grabaciones intervenidas.
Por último, el Ministerio Público exige que el acusado asuma íntegramente el pago de todas las costas procesales derivadas del juicio. También solicita que, una vez la sentencia sea firme, se autorice el borrado absoluto e irreversible de todo el contenido pornográfico alojado en los dispositivos incautados para garantizar la destrucción definitiva del material delictivo.