Trabajadores navarros tendrán que esperar hasta 2028 para resolver sus juicios laborales: "No pueden estar sin cobrar"

CCOO Navarra ha alertado este martes del colapso de los Juzgados de lo Social de Pamplona y ha exigido la creación urgente de una nueva plaza judicial para frenar unos retrasos que, según el sindicato, están afectando de lleno a los derechos de los trabajadores navarros.

La organización sindical ha advertido de que Navarra ocupa el último puesto del Estado en número de Juzgados de lo Social por cada 100.000 habitantes. Por ello, ha reclamado al Estado medidas inmediatas de refuerzo en la Sección Social del Tribunal de Instancia de Pamplona, antiguos Juzgados de lo Social.

CCOO Navarra ha mostrado su apoyo a la solicitud realizada por los magistrados de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Pamplona para crear una nueva plaza judicial. También ha pedido que se adopten medidas urgentes para hacer frente a una situación que define como “colapso estructural”.

El sindicato ha recordado que la jurisdicción social aborda asuntos directamente vinculados a la subsistencia de muchas personas. Entre ellos figuran despidos, extinciones de contrato por impagos salariales, prestaciones por desempleo, incapacidades permanentes o impugnaciones de altas médicas.

Según CCOO, los retrasos en estos procedimientos generan situaciones de “verdadera emergencia social”. La central sindical ha señalado que muchas personas trabajadoras y sus familias pueden quedarse durante meses sin ingresos mientras esperan la celebración de un juicio.

La organización ha subrayado que quienes acuden a la justicia laboral ya se encuentran muchas veces en una situación límite. “No pueden permitirse estar un año sin cobrar”, ha advertido el sindicato, que ha denunciado que los tiempos de espera obligan en ocasiones a aceptar acuerdos injustos y perjudiciales.

Por este motivo, CCOO Navarra ha urgido al Estado a descongestionar la Sección Social del Tribunal de Instancia de Pamplona con más personal. El objetivo, según ha explicado, debe ser acortar los plazos y priorizar los juicios más urgentes, especialmente los relacionados con la protección social y el empleo.

Los datos oficiales citados por el sindicato muestran un incremento sostenido de la carga de trabajo desde 2021. En 2024 se han registrado 5.176 asuntos, una cifra muy superior al módulo de entrada fijado por el Consejo General del Poder Judicial, que establece 800 asuntos anuales por juzgado.

La consecuencia directa de esta sobrecarga ha sido un retraso que CCOO considera “inasumible” en los señalamientos. Actualmente, los procedimientos que entran tienen más de un año y medio de espera para la celebración del juicio.

El sindicato ha advertido de que ya se están dando señalamientos para noviembre y diciembre de 2027 y que, en unos días, comenzarán a fijarse vistas para 2028. La duración media de los procedimientos también ha crecido en los últimos años.

En concreto, CCOO Navarra ha indicado que las reclamaciones de cantidad superan ya los 13 meses de duración media. En los casos de accidentes de trabajo, la espera ha alcanzado más de 14 meses.

La central sindical ha sostenido que esta situación vulnera el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución. Además, ha recordado que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado recientemente sobre esta cuestión en sentencias relativas a la jurisdicción social.

Según ha destacado CCOO, el alto tribunal ha dejado claro que la sobrecarga estructural no puede justificar la lesión de este derecho fundamental. La ciudadanía, ha añadido el sindicato, no puede resultar perjudicada por la falta de medios personales y materiales.

El sindicato ha denunciado también el déficit estructural de Navarra en su planta judicial. Según los últimos datos oficiales del CGPJ, la Comunidad Foral cuenta con 0,60 Juzgados de lo Social por cada 100.000 habitantes.

Esto supone, según la organización, cuatro juzgados para más de 660.000 personas. La cifra sitúa a Navarra por debajo de la media nacional, que se encuentra en 0,83 juzgados por cada 100.000 habitantes.

CCOO Navarra ha comparado la situación con la de otros territorios con menor población que disponen de más juzgados de lo social, como Valladolid, Cantabria o Castellón. A juicio del sindicato, esta diferencia evidencia una desigualdad territorial que penaliza a los trabajadores navarros.

La organización ha considerado “inaceptable” que, pese a las reiteradas solicitudes de refuerzo, el Gobierno estatal no haya adoptado todavía una solución estructural. También ha recordado que la propia Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha reconocido la necesidad de crear un nuevo órgano judicial.

El sindicato ha señalado que las medidas puntuales aplicadas en el pasado han resultado insuficientes. Por ello, ha reclamado una respuesta estable que permita reducir la pendencia y acortar los plazos de señalamiento.

Entre sus exigencias, CCOO Navarra ha pedido la creación inmediata de una nueva plaza judicial en la Sección Social del Tribunal de Instancia de Pamplona, con competencia provincial.

Mientras se materializa esa creación, el sindicato ha reclamado el nombramiento urgente de dos jueces o juezas de apoyo a tiempo completo. También ha solicitado un letrado o letrada de la Administración de Justicia de refuerzo y el personal funcionario necesario, incluidos tramitadores y auxilios judiciales.

Además, la central sindical ha exigido un plan de actuación estable para reducir los asuntos pendientes. Ese plan debería priorizar los procedimientos urgentes y aquellos que afectan directamente a la protección social y al empleo.

CCOO Navarra ha advertido de que garantizar una justicia social ágil y eficaz es imprescindible para proteger de forma real los derechos laborales y sociales. La organización ha defendido que la tutela judicial efectiva no puede convertirse en un derecho meramente formal por falta de inversión pública.

El sindicato ha insistido en que la justicia social es una pieza clave del Estado social y democrático de derecho. A su juicio, Navarra no puede seguir a la cola en medios judiciales mientras se cronifican retrasos que afectan directamente a la vida de miles de personas trabajadoras.