La Fiscalía de Navarra solicita 9 años de prisión para un hombre acusado de transportar por la N-121-A, en dirección a Pamplona, cocaína valorada en 3,3 millones de euros. La droga, según sostiene el Ministerio Fiscal, estaba escondida en dobles fondos de un coche y sumaba algo más de 30 kilos.
El acusado es de nacionalidad francesa, carece de antecedentes penales y se encuentra actualmente en prisión provisional comunicada y sin fianza. La Fiscalía le atribuye un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia. El juicio se celebrará esta semana.
Los hechos se remontan a las 6 horas del 30 de enero de 2026. Según el escrito de acusación, el acusado circulaba por el kilómetro 66,400 de la N-121-A, en dirección a Pamplona, cuando fue sorprendido por agentes del GAR de la Guardia Civil.
Los agentes localizaron, según relata la Fiscalía, 30 paquetes de cocaína ocultos en dobles fondos del vehículo.
Los análisis realizados sobre la sustancia determinaron un peso total de 30.004,11 gramos de cocaína y una pureza del 85%. El Ministerio Fiscal cifra su valor económico de venta al por menor en 3.329.878,47 euros.
La acusación sostiene que la droga estaba destinada a su transmisión a terceras personas y recuerda que se trata de una sustancia que causa grave daño a la salud.
Además, al acusado le fueron intervenidos dos teléfonos móviles iPhone que, siempre según la versión de la Fiscalía, utilizaba para facilitar el tráfico de estupefacientes.
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, previsto en los artículos 368.1 y 369.5 del Código Penal.
Por estos hechos solicita 9 años de prisión, así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.
La Fiscalía reclama también una multa de 6.659.756,8 euros, prácticamente el doble de la valoración atribuida al cargamento de cocaína.
El Ministerio Fiscal solicita igualmente el comiso de la sustancia intervenida y de los dos teléfonos móviles ocupados al acusado.
El escrito recoge además que el vehículo incautado ha sido dado de baja debido a las modificaciones que presentaba y que afectaban a su seguridad.
La Fiscalía solicita que el acusado continúe en prisión provisional comunicada y sin fianza hasta que sea firme la resolución que ponga definitivamente fin al procedimiento.
El Ministerio Fiscal ha solicitado a la Unidad de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional un informe para determinar si la residencia del acusado en España es regular o irregular.
Además, la Fiscalía contempla que, en caso de que se dicte una sentencia condenatoria y se acuerde sustituir la pena de prisión por la expulsión, el acusado permanezca en prisión mientras se realizan los trámites necesarios.
En ese supuesto, el Ministerio Fiscal solicita que la expulsión se haga efectiva en el plazo más breve posible y, en todo caso, dentro de los treinta días siguientes.
