Las encuestas y sondeos —a falta de conocer los datos oficiales del CIS— predicen de forma unánime una alternativa de Gobierno de centroderecha y derecha. Sin embargo, el laboratorio estratégico de La Moncloa cuenta con factores de distorsión soterrados. Lo que la oposición, e incluso algunos socios de conveniencia, reclamaron durante meses como un ejercicio de pura responsabilidad democrática —la convocatoria de elecciones— se revela hoy como el último movimiento de un ajedrecista maquiavélico.
Los escándalos de corrupción que tensionan al Gobierno, las causas judiciales en el entorno familiar de la Presidencia, las recientes investigaciones que salpican a altos cargos del PSOE y a algún ministro —a lo que se suman la guerra abierta con la judicatura, la propuesta de indulto del fiscal general y el desprecio a instituciones y preceptos constitucionales— evidencian una deriva que ha traspasado casi todos los límites de una normalidad institucional para convertirse en una artera estrategia de supervivencia política.
Pudiera parecer que la inmediata convocatoria electoral responde al rechazo parlamentario de uno de los decretos clave sobre vivienda en el Pleno del Congreso, pero opino que no es así. Todo apunta a que este desenlace ya estaba previsto y ha sido la excusa idónea para fijar la cita con las urnas.
Prueba de ello es la calculada decisión de convalidar dicho decreto, tras modificarlo, en el Consejo de Ministros, sometiendo su validación definitiva a la Diputación Permanente. Allí contará, previsiblemente, con el voto favorable del nacionalismo vasco, cuya habitual ambigüedad interesada le permite alinearse siempre con el ganador. El resultado de esta maniobra genera un doble efecto devastador: por un lado, sume en el pánico y en la inseguridad jurídica a miles de pequeños propietarios y arrendadores; por el otro, instrumentaliza mediáticamente sucesos trágicos, como el reciente fallecimiento de una inquilina en el distrito de Retiro de Madrid.
Las honras fúnebres en el espacio público tras este triste óbito se perfilan como otra maniobra para desviar el foco mediático de la grave crisis fronteriza en Ceuta, dejando al descubierto una alarmante desconexión institucional. Los cruces de reproches sobre cuántas llamadas de alerta se hicieron a La Moncloa solo sirven para distraer de la cruda realidad: una ciudadanía desesperada que contempla cómo su ciudad queda abandonada a la improvisación migratoria.
A esto hay que añadir la incertidumbre sobre el censo electoral. Una laxitud legal combinada con cierta ingeniería demográfica permite conceder nacionalidades a nietos y parientes de hace dos siglos, en un proceso tan amplio que —dicho sea con el debido respeto— facultaría al mismísimo Sumo Pontífice a reclamar el pasaporte español. Esta ampliación indiscriminada introduce un factor de distorsión en la masa de votantes con derecho a sufragio.
En paralelo, asistimos a un fenómeno insólito: la movilización callejera y el anuncio de huelgas sindicales dirigidas contra la "ideología" de la oposición, una consigna lanzada con descaro por una exministra que en su día se “anunciaba” como la mujer más poderosa. Mientras tanto, las plazas de las principales capitales se llenan de colectivos espoleados por las facciones más duras que sustentan al Ejecutivo. La Puerta del Sol, como epicentro, se convierte en un escenario de tensión crónica donde los comerciantes, asfixiados, contemplan cómo el desorden público ahuyenta al turismo y destruye el tejido local. El objetivo subyacente es claro: polarizar el debate y asustar al votante moderado para retraer su participación.
Esta cita electoral no es una rendición. Es un diseño estratégico milimetrado en los laboratorios de prospectiva de La Moncloa, donde los manuales de resistencia enseñan que, si no es posible retener el poder, al menos hay que asegurar que el suelo que pise el sucesor esté completamente minado.
Si se consolida el cambio de ciclo, la herencia que recibirá el nuevo Ejecutivo será prácticamente inasumible. El entramado normativo en materia de vivienda, la conflictividad social y la parálisis institucional dibujan un calvario de litigios judiciales. Será el gobierno sobre un tablero diseñado expresamente para el caos. Por ello, quien asuma el timón del país debiera exigir una auditoría total y, metafóricamente, aceptar el traspaso de poderes a beneficio de inventario. De lo contrario, la digestión de este legado envenenado hará buena la complejísima herencia que en su día dejó aquel expresidente, tan recordado por su particular devoción a las alianzas de civilizaciones y la bisutería y abalorios orientales.
JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ – Funcionario foral jubilado
