La Navarra real sigue esperando que el autogobierno se demuestre con hechos, infraestructuras finalizadas y servicios públicos modernos, y no solo con relatos institucionales.
- martes, 20 de octubre de 2026
- Actualizado 09:27
La Navarra real sigue esperando que el autogobierno se demuestre con hechos, infraestructuras finalizadas y servicios públicos modernos, y no solo con relatos institucionales.
El relato de vanguardia, estabilidad y cohesión territorial que proclama el “progresista” Ejecutivo Foral —PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, con soporte externo de EH Bildu— se contradice con el irrefrenable y progresivo deterioro de la gestión sanitaria, la pérdida de dinamismo del tejido empresarial e industrial, frente a regiones vecinas, con una asfixiante carga fiscal que resta competitividad a la economía navarra y un general bloqueo de las infraestructuras.
Es precisamente en el desarrollo de las grandes infraestructuras donde más se aprecia la ineficacia de la gestión, que lastra el futuro de la Comunidad Foral, así como el gran retraso en la ejecución real de los proyectos estratégicos y la creciente desconexión del entorno rural provocada por inoperantes iniciativas legislativas.
Las bases técnicas del Tren de Alta Velocidad (TAV) se remontan a la década de los 90. Tras 30 años de tramitaciones, el 75% del trazado Castejón-Pamplona sigue limitado a fases de plataforma o mejoras menores, postergando la conexión definitiva del corredor navarro con la red nacional e internacional hasta el horizonte de 2030. La eliminación del bucle ferroviario de la capital y la transformación urbana del PSIS de Echavacoiz acumulan ya 16 años de bloqueo estricto. Aunque las previsiones técnicas apuntan a concluir la redacción de los proyectos constructivos este invierno, se perpetúa la parálisis de una de las mayores bolsas de suelo de la comarca.
La Segunda Fase del Canal de Navarra, una infraestructura vital para el futuro agroalimentario y el suministro hídrico de la Ribera, acumula 11 años de retraso respecto a sus planes iniciales. El atasco actual radica en una compleja discrepancia económica: el Estado pretende repercutir una inversión de 38 millones de euros sobre las tarifas de los regantes, un incremento de costes que el sector agrario califica de inasumible y que mantiene el proyecto encallado en los despachos institucionales.
A este escenario se suma una de las mayores inversiones de la legislatura: los túneles de Velate, cuyas obras se vieron paralizadas por denuncias de presunta corrupción, propiciando una nueva licitación parcial que retrasa su ejecución hasta 2030 e incrementa la lógica desconfianza ciudadana en todo el proceso.
La inacción del Ejecutivo no se limita al cemento, sino que se extiende también al ámbito normativo y de cohesión territorial. Siete años después de la aprobación parlamentaria del Mapa Municipal (Ley Foral 4/2019) para corregir la extrema atomización local, la reforma sigue sin aplicarse de forma plena y efectiva.
El Ejecutivo continúa desatendiendo las reiteradas alertas de la Cámara de Comptos, que incide en la ineficiencia de sostener una estructura hiperfragmentada de más de 700 entidades locales para una población de poco más de 660.000 habitantes. En paralelo, las deducciones fiscales por despoblación se han revelado insuficientes para fijar actividad económica, mientras que el transporte público interurbano sufre deficiencias crónicas que aíslan a valles enteros del Pirineo y de la Navarra media.
En este mismo orden de cosas, el Estatuto que rige las condiciones de todos los funcionarios forales sufre un desfase de más de 30 años, lo que frena por completo la digitalización y la flexibilidad de las plantillas públicas. Aunque el anteproyecto se encuentra en fase de informe en el Consejo de Navarra y se ha comprometido la aplicación de un nuevo complemento salarial para el 1 de enero de 2027, la reforma llega con décadas de retraso respecto a las necesidades de una sociedad moderna.
Además, se ha reavivado el debate sobre el rumbo del autogobierno. Por un lado, el bloque “progresista” gubernamental aboga por la necesidad de reformar el Amejoramiento del Fuero (LORAFNA) con el argumento de actualizar y “blindar” el marco competencial frente a las injerencias estatales.
Por otro lado, las corrientes constitucionalistas sostienen que Navarra no necesita reescribir su ley fundamental ni abrir debates identitarios, sino una gestión y un ejercicio óptimos de sus competencias, así como una ejecución presupuestaria eficaz que cumpla los plazos y las promesas dadas a la ciudadanía.
La Navarra real sigue esperando que el autogobierno se demuestre con hechos, infraestructuras finalizadas y servicios públicos modernos, y no solo con relatos institucionales.
JOSE LUIS DIEZ DIAZ
