POLÍTICA

Revés judicial al consejero Chivite: el TSJN anula su negativa a facilitar al Parlamento información del PSIS del TAV

Rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la sesión de Gobierno de Navarra. Javier Remírez y Óscar Chivite. NAVARRA.COM
El tribunal ha estimado íntegramente el recurso presentado por UPN, ha apreciado la vulneración de un derecho fundamental y ha impuesto las costas al Gobierno de Navarra.

El TSJN ha anulado la negativa de Óscar Chivite a facilitar al Parlamento de Navarra información relacionada con las alegaciones presentadas al PSIS del TAV. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado un recurso presentado por UPN y ha declarado nula de pleno derecho la denegación del consejero de Cohesión Territorial.

El tribunal ha considerado que esta actuación ha vulnerado el derecho fundamental a la información recogido en el artículo 23 de la Constitución española. La resolución también ha impuesto las costas al Gobierno de Navarra, según ha informado la formación foralista.

El origen del procedimiento está en una petición formulada por el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin. El representante foralista había solicitado acceder a las alegaciones presentadas al PSIS del TAV al amparo del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Este plan contempla, entre otras actuaciones, la construcción de más de 12.000 viviendas, de las que aproximadamente la mitad serían protegidas. UPN ha recordado que el proyecto lleva más de una década sin salir adelante y ha responsabilizado de este retraso a la oposición de EH Bildu.

Según los foralistas, una vez reanudada la tramitación del proyecto, Sánchez de Muniáin reclamó las alegaciones en tres ocasiones diferentes. Lo hizo mediante una solicitud de información parlamentaria, posteriormente a través de un requerimiento escrito y, finalmente, mediante una pregunta en pleno.

UPN ha asegurado que en las tres ocasiones el consejero Óscar Chivite se negó a entregar la documentación solicitada. Ante esta situación, la formación acudió a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Departamento de Cohesión Territorial.

Ahora, el TSJN ha estimado íntegramente el recurso de UPN y ha dejado sin efecto la negativa a proporcionar esa información. Según ha destacado la formación regionalista, el tribunal ha considerado vulnerado el derecho fundamental del parlamentario a acceder a la documentación necesaria para ejercer su labor.

"Se trata de un nuevo revés judicial que ahonda más en la sucesión de ilegalidades cometidas por el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra", han criticado desde UPN tras conocer la resolución.

La formación ha calificado la actuación como "un atropello más cometido por el consejero que mayor número de ilegalidades está incurriendo bajo la responsabilidad de la presidenta María Chivite". Estas acusaciones forman parte de la valoración política realizada por los foralistas tras la sentencia del TSJN.

UPN también ha recuperado sus críticas sobre la situación de Óscar Chivite cuando accedió al cargo de consejero. Los regionalistas sostienen que mantenía entonces la administración de una empresa de su propiedad que recibía adjudicaciones del departamento del que era responsable.

Asimismo, la formación ha vinculado este nuevo conflicto judicial con la gestión realizada desde Cohesión Territorial en otras cuestiones. En concreto, ha señalado que Óscar Chivite dirige el departamento responsable de las actuaciones relacionadas con el caso Velate, sobre el que UPN viene denunciando "negligencias, ilegalidades y sospechas" que relaciona con el caso Cerdán.

Los foralistas han reclamado al Gobierno de Navarra que cumpla de forma inmediata la resolución judicial y entregue la documentación solicitada sobre el PSIS del TAV. La formación considera que el fallo confirma que la información fue denegada vulnerando un derecho fundamental.

UPN también ha cuestionado que la presidenta María Chivite mantenga su confianza en Óscar Chivite al frente de Cohesión Territorial. Los regionalistas se han preguntado por qué continúa dirigiendo "el Departamento que más dinero maneja en adjudicaciones públicas repletas de sospechas y actuaciones al margen de la ley", según han expresado en su comunicado.