El anteproyecto llegará ahora al Parlamento con el objetivo de aprobarse antes del final de la legislatura y reorganizar el sistema sanitario navarro en torno al paciente.
La Ley Foral de Salud de Navarra ha dado este miércoles un nuevo paso después de una legislatura marcada por los problemas de gestión sanitaria, las listas de espera y las dificultades para mejorar los tiempos de atención. El Gobierno de María Chivite ha aprobado el anteproyecto y lo remitirá ahora al Parlamento de Navarra para su debate y votación.
La norma ha llegado, además, a la recta final de la legislatura. El consejero de Salud, Fernando Domínguez, confía en que pueda estar aprobada durante el primer trimestre de 2027, antes de que termine el mandato, mientras el Ejecutivo sigue teniendo pendientes algunos de los principales problemas de la sanidad navarra.
La propia María Chivite ha reconocido recientemente que no haber conseguido avanzar en los tiempos de espera de las especialidades ha sido una de sus grandes frustraciones como presidenta. Pese a ello, el Gobierno de Navarra ha situado ahora esta nueva ley como uno de sus principales proyectos sanitarios antes de finalizar la legislatura.
Domínguez ha asegurado este miércoles que el principal objetivo de la Ley Foral de Salud será “priorizar a la ciudadanía” y convertirla en “el centro del sistema sanitario público”. Para ello, la norma plantea reorganizar recursos, territorio y circuitos asistenciales para tratar de adaptarlos a las necesidades de los pacientes.
El consejero ha explicado que el texto cuenta, “en líneas generales”, con el respaldo de los socios del Gobierno y del socio presupuestario, aunque ha avanzado que estos grupos presentarán enmiendas durante su tramitación parlamentaria. El Ejecutivo de Chivite busca así aprobar una de sus principales reformas sanitarias cuando quedan ya pocos meses para el final de la legislatura.
El anteproyecto ha avanzado después de recibir hace unos días el dictamen favorable del Consejo de Navarra. Con su aprobación por parte del Ejecutivo ha terminado la fase administrativa que dependía directamente del Gobierno y comienza ahora la tramitación en el Parlamento foral.
El proceso ha sido largo. En 2024 se elaboró un primer texto que permaneció durante cuatro meses en participación pública y recibió cerca de 1.000 aportaciones, que, según el Gobierno de Navarra, han sido estudiadas y respondidas individualmente antes de adaptar la propuesta.
Posteriormente se han desarrollado las negociaciones políticas y se han solicitado los diferentes informes necesarios a departamentos y organismos. Una vez completados esos trámites, el Ejecutivo elevó el texto al Consejo de Navarra el pasado mes de junio y ha recibido su visto bueno hace aproximadamente una semana.
La nueva Ley Foral de Salud de Navarra pretende sustituir una normativa que se remonta a 1990. El Gobierno asegura que la reforma busca promover hábitos de vida saludables, mejorar el estado de salud de la población y reducir las desigualdades sociales y territoriales.
El texto también incorpora como objetivos la igualdad entre mujeres y hombres y garantizar la seguridad y el acceso efectivo de la población a la prevención y los cuidados. Mantiene, además, los principios de universalización de la atención sanitaria, equidad en el acceso a las prestaciones y reducción de los desequilibrios territoriales y sociales.
Entre los principales cambios aparece la creación de una única área de Salud para Navarra. La nueva organización incluirá una distribución territorial basada en distritos sanitarios y zonas básicas de salud, modificando así la estructura recogida en la normativa actualmente vigente.
El anteproyecto incorpora igualmente un sistema de rendición de cuentas de la organización sanitaria basado en resultados en salud. A ello se sumará la introducción de nuevas tecnologías y de prestaciones vinculadas a los avances del conocimiento científico.
La nueva estructura sanitaria que plantea el Gobierno de Chivite tendrá que superar ahora su tramitación parlamentaria. Los grupos podrán presentar sus enmiendas antes de la votación definitiva de una norma que el consejero Fernando Domínguez espera tener aprobada durante el primer trimestre de 2027.
