El PP lleva al Constitucional el blindaje permanente de las viviendas protegidas de alquiler en Navarra: "Es una ley sectaria"

El Partido Popular ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley Foral de Vivienda de Navarra por la regulación que convierte en permanente la protección de las viviendas destinadas al alquiler protegido. El principal punto de conflicto está en la aplicación de este régimen a promociones que fueron calificadas antes de la aprobación de la norma y que todavía conservaban su condición de vivienda protegida.

La Ley Foral 14/2026, de 2 de julio, establece que las viviendas protegidas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible cuyo periodo de protección siguiera vigente cuando entró en vigor la reforma quedan sometidas a una duración indefinida, independientemente de la fecha en la que obtuvieron su calificación definitiva.

El presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha explicado este martes que el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Popular afecta precisamente al alquiler protegido y a lo que su partido considera una aplicación retroactiva de la ley.

“Presentamos este recurso porque la ley navarra vulnera claramente la seguridad jurídica, y si no hay seguridad jurídica no se va a construir una sola vivienda en la Comunidad foral”, ha asegurado Sayas.

La modificación aprobada este verano ha cambiado el régimen que se aplicaba a determinadas promociones antiguas. Antes de la reforma de 2022, la normativa navarra había contemplado distintos periodos temporales de protección. La Ley Foral de Vivienda de 2010 fijaba, por ejemplo, 15 años para determinadas viviendas protegidas destinadas al alquiler.

Posteriormente, Navarra estableció el carácter indefinido de la protección para las nuevas promociones. La modificación aprobada en julio de 2026 ha ido más allá y ha extendido ese régimen permanente a viviendas de alquiler protegido anteriores cuya protección todavía no hubiera terminado cuando entró en vigor la nueva ley.

Es precisamente ese cambio el que cuestiona el PP. Los populares sostienen que propietarios y promotores adquirieron esas viviendas bajo unas condiciones que contemplaban un plazo determinado de protección y que la nueva regulación modifica posteriormente ese horizonte.

El Gobierno de Navarra mantiene una interpretación completamente diferente. La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha anunciado que el Ejecutivo se personará ante el Tribunal Constitucional si el recurso es admitido a trámite para defender la constitucionalidad de la norma.

Alfaro ha rechazado que exista retroactividad y ha sostenido que la reforma solamente afecta a viviendas que continúan siendo protegidas actualmente. “La norma aprobada se refiere a viviendas que a día de hoy siguen siendo protegidas y lo van a ser de forma indefinida”, ha señalado.

Según los datos ofrecidos por la vicepresidenta, la medida afecta a más de 2.200 familias en Navarra. Alfaro ha defendido además que el mantenimiento permanente del régimen protegido está respaldado, a juicio del Ejecutivo, por informes jurídicos y jurisprudencia.

También el PSN ha rechazado el recurso. Su portavoz, Esther Iso, ha defendido que las viviendas protegidas destinadas al alquiler mantengan permanentemente esa condición y ha acusado al PP de tratar de favorecer que estos inmuebles puedan terminar incorporándose al mercado libre.

El debate llegará ahora al Tribunal Constitucional, si admite a trámite el recurso. La discusión jurídica se centrará en determinar si Navarra puede convertir en indefinido el régimen de protección de viviendas de alquiler que fueron promovidas bajo una regulación anterior pero que, cuando entró en vigor la nueva ley, todavía seguían oficialmente protegidas.

AYUNTAMIENTOS DE BILDU DEFIENDEN LAS ZONAS TENSIONADAS

El debate judicial sobre la vivienda en Navarra ha sumado además este martes otro frente. Los nueve ayuntamientos gobernados por EH Bildu que fueron declarados zonas de mercado tensionado en mayo de 2025 han anunciado que se personarán en la causa abierta tras el recurso presentado por la Asociación de Promotores de Navarra contra esa declaración.

Los consistorios han defendido su decisión como una forma de “defender el derecho a la vivienda” y mantener las medidas de intervención sobre el mercado del alquiler. La comparecencia ha estado encabezada por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la alcaldesa de Ansoáin, Marta Díez.

EH Bildu ha asegurado que no dará “un solo paso atrás” en la aplicación de estas políticas y ha defendido la declaración de zonas tensionadas como una herramienta para limitar la subida de precios. La coalición ha afirmado además que, en los municipios donde no gobierna, reclamará a los respectivos ayuntamientos que también se personen en el procedimiento.

Asiron ha sostenido que “el mercado de la vivienda ha fracasado” y ha defendido una mayor intervención pública. Los ayuntamientos gobernados por EH Bildu han asegurado asimismo que las medidas adoptadas han permitido descensos de precios de alrededor del 5% durante el primer año de aplicación.