Los informes señalan posibles problemas de retroactividad, seguridad jurídica y derecho de propiedad, mientras ACP cuestiona la urgencia y el procedimiento seguido por el Parlamento.
La modificación de la ley foral de Vivienda en Navarra ha quedado cuestionada por dos dictámenes jurídicos encargados por la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP). Los informes sostienen que la reforma aprobada el pasado 25 de junio de 2026 presenta diversos motivos que podrían ser contrarios a la Constitución.
Los dictámenes han sido elaborados por Martín María Razquin Lizarraga, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), y por Manuel Pulido Quecedo, exletrado mayor del Parlamento de Navarra y exletrado del Tribunal Constitucional.
Ambos expertos consideran, según ha informado ACP este viernes 18 de septiembre, que la reforma afecta a derechos adquiridos al aplicar con carácter retroactivo un régimen indefinido a promociones de vivienda protegida en alquiler que fueron construidas con unas condiciones y unos plazos previamente establecidos.
Estas promociones tenían fijada una fecha a partir de la cual las viviendas podían perder su calificación protegida. La modificación de la ley foral de Vivienda ha extendido ahora la protección indefinida a las viviendas protegidas destinadas al arrendamiento o al alquiler asequible cuyo periodo de protección todavía estaba vigente.
El Parlamento de Navarra aprobó la reforma el 25 de junio con los votos favorables de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita votaron en contra. La iniciativa había sido impulsada inicialmente por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin.
La nueva regulación elimina la posibilidad de que determinadas VPO destinadas al alquiler puedan pasar a la venta una vez finalizado el periodo de protección previsto cuando fueron calificadas. El Parlamento justificó el cambio en la voluntad de mantener de forma permanente este parque dentro del régimen protegido.
Los dictámenes encargados por ACP sostienen, sin embargo, que la reforma podría incurrir en una retroactividad plena prohibida constitucionalmente. Los juristas consideran que afecta a situaciones cuyos efectos ya se habían incorporado al patrimonio de las empresas promotoras.
Los informes también plantean posibles problemas relacionados con la seguridad jurídica, la irretroactividad de las normas, la confianza legítima, la igualdad y el derecho de propiedad. A ello añaden posibles infracciones en la tramitación y una eventual invasión de competencias estatales en materia de vivienda.
La Asociación de Constructores y Promotores de Navarra también ha cuestionado el procedimiento elegido para aprobar la modificación. ACP considera que una reforma de estas características podría haberse abordado con una tramitación que facilitara un análisis más amplio y la participación de los agentes afectados.
La proposición de ley fue presentada el 11 de junio y terminó siendo aprobada por el pleno el 25 de junio, mediante el procedimiento de urgencia y lectura única. De esta forma, la iniciativa llegó directamente al pleno sin seguir la tramitación ordinaria en ponencia y comisión.
Uno de los argumentos utilizados durante el proceso parlamentario fue la existencia de 108 viviendas protegidas que iban a perder su calificación durante el verano de 2026. ACP asegura ahora que una consulta realizada al Portal de Transparencia ha permitido conocer que todas esas viviendas pertenecen a entidades públicas.
En concreto, se trata de 38 viviendas en Burlada cuya propiedad corresponde al Ayuntamiento de Burlada y otras 70 viviendas en Pamplona pertenecientes a Nasuvinsa. Para la asociación, este dato modifica sustancialmente las circunstancias que se presentaron para justificar la urgencia de la reforma.
ACP sostiene que la finalización del periodo de protección de esas viviendas no implicaba automáticamente su venta a un propietario privado ni la salida inmediata de los inquilinos. Además, insiste en que las 108 viviendas permanecían dentro del patrimonio público.
La asociación ha remarcado que las viviendas utilizadas como argumento durante la tramitación no estaban en manos de un fondo de inversión ni de una empresa privada que tuviera previsto venderlas. Las 38 de Burlada pertenecen al ayuntamiento y las 70 de Pamplona, a la sociedad pública Nasuvinsa.
Desde ACP consideran que esta situación permitía disponer de más tiempo para estudiar una reforma de la ley foral de Vivienda en Navarra y abrir un proceso de diálogo. La entidad defiende que podrían haber participado las administraciones, los grupos parlamentarios, los promotores de vivienda protegida y las entidades relacionadas con el alquiler protegido.
La asociación ha precisado que su planteamiento no pasa por mantener necesariamente la anterior legislación sin ningún cambio. Su crítica se centra en la forma en la que se ha realizado la reforma y en sus efectos retroactivos sobre promociones desarrolladas con una regulación diferente.
A juicio de ACP, una modificación con consecuencias tanto para los inquilinos como para las empresas y entidades que promovieron vivienda protegida debería haber contado con un proceso previo de interlocución. La asociación considera que era posible buscar una fórmula que mantuviera la protección de los residentes y, al mismo tiempo, aportara seguridad y previsibilidad a los operadores.
ACP también ha advertido de otra consecuencia que atribuye a la nueva normativa. La entidad asegura que la modificación no ha solucionado la situación de las viviendas que ya habían perdido su calificación protegida antes de que la reforma entrara en vigor.
Además, la asociación sostiene que la nueva regulación ha provocado que la iniciativa privada desista de proyectos que sumaban más de 300 viviendas ya calificadas administrativamente para destinarlas al alquiler protegido.
Según ACP, esta retirada de promociones privadas puede incrementar la escasez de oferta de vivienda existente en Navarra. La asociación asegura que trasladó estas consideraciones a todos los grupos parlamentarios antes de hacer públicos los dos dictámenes jurídicos.
Dos informes jurídicos ponen en cuestión la reforma de Vivienda en Navarra y alertan de posibles vicios constitucionales
La reforma de Vivienda en Navarra, bajo la lupa: dos juristas ven problemas de retroactividad y seguridad jurídica
Constructores de Navarra cargan contra la reforma de Vivienda tras dos dictámenes que cuestionan su encaje constitucional
Dos expertos cuestionan la reforma de Vivienda en Navarra y ACP denuncia que ya ha frenado más de 300 pisos protegidos
La reforma del alquiler protegido en Navarra abre una batalla jurídica por su retroactividad y la protección indefinida
ACP cuestiona la urgencia de la reforma de Vivienda en Navarra: las 108 casas citadas eran de titularidad pública
Dos dictámenes reabren el debate sobre la reforma de Vivienda en Navarra: retroactividad, propiedad y seguridad jurídica
Dos dictámenes encargados por ACP cuestionan la reforma de la Ley de Vivienda aprobada en Navarra el 25 de junio
Los informes señalan posibles problemas de retroactividad, seguridad jurídica y derecho de propiedad, mientras ACP cuestiona la urgencia y el procedimiento seguido por el Parlamento.
Dos dictámenes encargados por ACP cuestionan la reforma de la Ley de Vivienda en Navarra por su retroactividad y posible inconstitucionalidad.
