Salud detalla los distintos sistemas de financiación según el origen y la cobertura del paciente, mientras Navarra acumula un saldo favorable de 1,9 millones.
La atención sanitaria a extranjeros en Navarra se presta primero y, después, se determina quién debe asumir el coste. Así funciona también con los turistas que resultan heridos durante los encierros de San Fermín: si cuentan con seguro médico, se reclama el importe a la aseguradora y, si no lo tienen, reciben directamente la factura.
El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha explicado este martes en el Parlamento de Navarra cómo se gestiona y financia la asistencia a las personas que no residen en la Comunidad foral. "Si son extranjeros y tienen algún seguro de asistencia médica, se le cobra al seguro, y si no tienen seguro, se le factura a la persona", ha señalado sobre los heridos en los encierros.
Este procedimiento no se limita a los Sanfermines de Pamplona, sino que se aplica en todos los encierros que se celebran en Navarra. Estos casos tienen la consideración de accidente a efectos de determinar posteriormente cómo se financia la atención recibida.
Domínguez ha asegurado además que las cantidades pendientes se reclaman posteriormente. "Se persiguen las cantidades facturadas, hay un departamento de contabilidad que está pendiente de lo que se cobra y lo que falta por cobrar", ha explicado.
El consejero ha advertido de que no todos los pacientes extranjeros o procedentes de fuera de Navarra pueden incluirse en una misma categoría. No residir en Navarra no implica automáticamente tener que pagar la asistencia, del mismo modo que tampoco garantiza que el coste vaya a ser asumido con fondos públicos.
"Cada caso tiene sus circunstancias y sus particularidades, y hay que estudiarlo como tal", ha señalado Domínguez. El principio que aplica el sistema sanitario navarro es que primero se atiende al paciente y posteriormente se determina el régimen económico correspondiente.
La legislación establece una asistencia sanitaria pública de carácter universal para las personas residentes en los municipios navarros. También contempla a inmigrantes residentes con independencia de su situación legal o administrativa, personas transeúntes o desplazadas y ciudadanos con derecho a asistencia a cargo de otra Administración o Estado.
A ellos se suman las personas que carecen de cobertura sanitaria pública con cargo a fondos públicos. Cada uno de estos grupos tiene unos derechos concretos y un mecanismo diferente para financiar o compensar el coste de los servicios sanitarios recibidos.
Domínguez ha diferenciado siete categorías de pacientes no residentes: desplazados de otras comunidades autónomas; pacientes derivados desde otra comunidad; procedentes de comunidades limítrofes; asegurados de países de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza; ciudadanos de países con convenio bilateral; personas sin cobertura sanitaria pública reconocida; y menores, mujeres gestantes y casos de urgencia o emergencia.
Para los pacientes con tarjeta sanitaria de otras comunidades autónomas existen el Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria. Estos mecanismos permiten compensar económicamente la atención prestada entre los distintos territorios del Sistema Nacional de Salud.
Desde 2013, las liquidaciones se realizan mediante un sistema de compensación de saldos, positivos o negativos, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Domínguez ha reconocido que el modelo genera controversia entre comunidades por los desequilibrios existentes y la falta de un desarrollo reglamentario completo.
En el caso concreto de Navarra, la compensación se efectúa mediante el mecanismo de la aportación del Convenio Económico con el Estado. El saldo acumulado correspondiente a 2024, 2025 y 2026 por estas prestaciones sanitarias es favorable a Navarra y alcanza los 1,9 millones de euros.
El procedimiento cambia cuando se trata de extranjeros que están temporalmente en Navarra. Los ciudadanos de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Suiza pueden acreditar su cobertura mediante la Tarjeta Sanitaria Europea.
La asistencia queda registrada y la factura se remite al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Posteriormente, el organismo reclama el dinero al sistema de seguridad social del país de origen del paciente mediante los mecanismos europeos de coordinación.
También existe un procedimiento específico para ciudadanos de países con los que España mantiene convenios bilaterales, como Andorra, Chile o Marruecos. En estos casos, el paciente puede disponer de un documento expedido por su país que acredita su derecho a recibir asistencia.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social se encarga después de liquidar el coste con el Estado correspondiente. El importe de estas facturas se descuenta igualmente de la aportación anual de Navarra al Estado.
La situación es distinta para los ciudadanos procedentes de países sin convenio, entre los que Domínguez ha citado Estados Unidos, Canadá o Japón. Su atención sanitaria no está cubierta por los fondos públicos españoles.
En estos casos se emite una factura directa por el coste total de los servicios médicos prestados, de acuerdo con las tarifas oficiales. La cantidad se reclama al seguro privado de viaje y, si el paciente carece de póliza, debe abonarla el propio ciudadano.
La portavoz de UPN, Leticia San Martín, ha señalado que los mecanismos estatales no compensan todo el "gasto real" asumido por las comunidades. "Las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria, tenemos que ser solidarios, pero tenemos que solicitar que se nos compense por esa atención sanitaria que damos", ha afirmado.
Por parte del PSN, Maite Esporrín ha defendido una atención sanitaria universal que permita el acceso a servicios de salud "sin discriminación alguna". También ha considerado que Navarra es una de las comunidades más garantistas en esta materia.
El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha considerado que el sistema de compensación necesita "mejoras muy evidentes" y ha recordado que existen comunidades que se sienten perjudicadas por su funcionamiento. Ha defendido abrir un debate sobre su reforma.
Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha destacado como criterio fundamental que primero se atienda al paciente y después se determine quién debe asumir el coste. Ha señalado que pueden producirse errores o malentendidos, pero ha defendido que se aplica la normativa vigente.
La portavoz del PPN, Irene Royo, ha reclamado más transparencia sobre el coste de la atención a no residentes. Ha preguntado cuántas personas en esta situación han sido atendidas en Navarra durante los últimos cinco años y cuál ha sido el gasto anual.
"La cuestión no es si se atiende o no se atiende, sino si el Gobierno está defendiendo los intereses de Navarra ante quienes tienen que financiar estos servicios", ha señalado Royo.
Por último, Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha defendido "todos los derechos para todas las personas" y ha señalado la variedad de situaciones existentes. También ha pedido que no haya "ambigüedad" a la hora de garantizar la atención sanitaria.
