Nuevo golpe a la línea de flotación del ya asfixiado mercado inmobiliario foral. El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con el rodillo y los votos a favor del bloque que sustenta al Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) de la mano de sus socios preferentes de EH Bildu, la controvertida proposición de ley foral reguladora del arrendamiento de habitaciones. La norma introduce un nivel de intervencionismo sin precedentes en el ámbito privado, limitando los precios y persiguiendo la libre gestión de los propietarios bajo la premisa de combatir a supuestos "piratas" del sector.
La ley, aprobada con el voto en contra en bloque de UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita, pone el foco de manera directa en las denominadas zonas tensionadas. A partir de ahora, la suma del precio de las habitaciones de un piso no podrá superar el límite máximo fijado por la administración para el alquiler completo de la vivienda, prohibiendo de facto que un propietario pueda obtener mayores ingresos fragmentando el inmueble por estancias.
La tramitación de esta ley ha desvelado además una maniobra política muy criticada por la oposición parlamentaria. Desde el Partido Popular de Navarra (PPN), Maribel García Malo ha denunciado que el Ejecutivo de María Chivite ha convertido la vivienda en "una sucesión de intervenciones cada día más restrictivas que lo único que consiguen es que cada vez haya menos oferta".
La parlamentaria popular ha destapado la estrategia del tripartito para sortear los informes técnicos obligatorios y el control del propio Ejecutivo: "Son iniciativas que nacen del Departamento de Vivienda, parece, pero que no presenta el Gobierno de Navarra como proyectos de ley foral, sino que se presentan por los grupos que sustentan al Gobierno como proposiciones de ley foral". García Malo ha sido tajante al recordar a los grupos de izquierda que "el problema no es la falta de control, es la falta de vivienda".
Los argumentos esgrimidos por los impulsores de la ley —el PSN a través de Kevin Lucero, Bildu con Mikel Zabaleta, Itxaso Soto por Geroa Bai y Daniel López en representación de Contigo-Zurekin— se han centrado en un discurso populista contra quienes, a su juicio, "hacen negocio con la necesidad ajena" y actúan como "gente sin escrúpulos". Sin embargo, la oposición ha advertido de que los efectos reales de esta sobreprotección legal perjudicarán precisamente a quienes pretenden defender.
Desde las filas de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha desmontado el supuesto beneficio social de la norma, alertando de las nefastas consecuencias que tendrá para los navarros que necesitan compartir piso para subsistir. "Lo que puede ocurrir es que desaparezca o se reduzca el alquiler de habitaciones, o por lo menos el declarado", ha avisado el regionalista.
Para UPN, asfixiar a los ciudadanos con más papeleo e intromisiones estatales es el camino directo al desastre. "Hay que sancionar y controlar a quien abusa, pero poniendo más burocracia para todos, para el que cumple y para el que no cumple, no se soluciona nada", ha recriminado Sánchez de Muniáin, sentenciando que como consecuencia directa de este rodillo de la izquierda "aún puede haber más fraude o más mercado opaco" en Navarra.
A partir de la entrada en vigor de la norma, los dueños de viviendas en la Comunidad foral se enfrentarán a un auténtico laberinto contractual que obligará a inscribir cada operación en un registro público. La ley delimita tres únicas modalidades: arrendamiento de habitación para vivienda habitual (permanente o temporal), alquiler de temporada y contrato de hospedaje.
En el caso de los alquileres temporales vinculados a la vivienda habitual, la ley exige que estén justificados por "causas reales" (como motivos laborales o estudiantiles) y no podrán superar el año de duración. De forma totalmente impositiva, si el propietario no logra acreditar dicho carácter temporal ante la administración, el contrato pasará de forma automática y obligatoria a considerarse un alquiler de vivienda habitual a largo plazo, maniatando la libre disposición del inmueble por parte de su legítimo dueño.
