Como consecuencia de este fallo judicial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha sido condenado a abonar a la viuda una indemnización a tanto alzado de 20.333,16 euros. Además, la resolución abre la vía legal para que la familia pueda exigir responsabilidades económicas directas a la empresa en la que trabajaba.

El origen del caso: juntas de amianto en hidrolimpiadoras

El operario fallecido prestó servicios durante años como mecánico para la empresa Krüger Technology, SL. Su día a día consistía en la venta, distribución y, especialmente, la reparación de maquinaria de limpieza industrial como fregadoras, barredoras e hidrolimpiadoras.

A pesar de que la empresa intentó defender durante el proceso judicial que en su actividad diaria jamás se utilizaba este componente, la sentencia hace suyos los informes técnicos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). El fallo confirma que a las máquinas que reparaban “se les colocaba una junta de amianto como protección, ya que el amianto era un material muy adecuado para soportar las altas temperaturas de la llama”.

La resolución detalla de forma muy gráfica la peligrosidad de la rutina que sufrían los operarios del taller: "La manipulación, corte y taladrado de las planchas producía polvo y residuos de materiales con amianto, que provocaba una exposición a fibras de ese material a los trabajadores”. Dichas tareas de riesgo se prolongaron en el taller hasta aproximadamente el año 1999".

Una sentencia "demoledora" contra la falta de seguridad

A la hora de analizar la prevención de riesgos, el texto del tribunal es tajante. Da como hecho probado que los trabajadores no utilizaban mascarillas ni protección respiratoria alguna, y que en ningún momento habían sido informados del gravísimo peligro que suponía inhalar de forma continuada las fibras invisibles del amianto.

Gracias a este reconocimiento de contingencia profesional, la batalla legal de la familia no termina aquí. La sentencia deja el camino despejado para:

• Reclamar formalmente frente a la empresa el recargo de prestaciones por la falta absoluta de medidas de seguridad.

• Exigir una indemnización por daños y perjuicios añadida en favor de la viuda y la hija del mecánico fallecido.

Una "pandemia invisible" con un retraso de 30 años

Tanto el sindicato ELA como la Fundación Bidelagun han celebrado el dictamen, pero aprovechan el caso para lanzar una seria advertencia: las enfermedades profesionales derivadas del contacto con el amianto son un fenómeno creciente y de dimensiones casi pandémicas, fruto del insuficiente control público durante el siglo pasado.

El gran peligro de estas patologías —en su práctica totalidad de carácter cancerígeno— es su extremo periodo de latencia, que ronda los 30 años. Esto provoca que el origen de la enfermedad tienda a invisibilizarse y que muchas familias no asocien la dolencia con el antiguo puesto de trabajo. Por todo ello, las organizaciones demandan a las instituciones públicas recursos económicos reales e inmediatos, denunciando que las partidas presupuestadas actualmente para el Fondo de Compensación del Amianto resultan del todo insuficientes para paliar esta lacra social.

La resolución judicial ha descrito unos hechos de extrema gravedad. Según los indicios recogidos en el auto, el investigado no solo habría golpeado a la víctima en la cabeza durante una discusión, sino que después la habría agarrado del cuello hasta causarle la muerte por asfixia.

El crimen se produjo en una vivienda de esta localidad navarra, donde el matrimonio residía desde hacía apenas dos meses. La magistrada ha acordado el ingreso en prisión al apreciar un evidente riesgo de fuga y no descarta que la calificación jurídica pueda elevarse de homicidio a asesinato conforme avance la instrucción.

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo, alrededor de las 18 horas, cuando el propio Karroch Mimone se presentó voluntariamente en las dependencias de la Guardia Civil de Valtierra. Allí manifestó que la noche anterior, sobre las 23 horas, había mantenido una fuerte discusión con su esposa y que la había golpeado en la cabeza.

Según esa primera versión, la mujer se había desplomado tras el golpe y, a la mañana siguiente, continuaba en el mismo lugar, inmóvil. Tras escuchar su relato, los agentes procedieron a detenerlo de forma inmediata como presunto autor de la muerte de Saida El Yousif.

La preocupación ya se había extendido entre el entorno familiar de la víctima. Saida El Yousif no respondía a las llamadas en su teléfono móvil desde el sábado, lo que llevó a una tía suya a acudir hasta el domicilio de Arguedas. Fue ella quien encontró el cuerpo sin vida de la mujer.

A las 18:45 horas de ese lunes se llevó a cabo el levantamiento del cadáver. La comisión judicial comprobó que la víctima se encontraba tendida boca arriba en el suelo de la vivienda y presentaba una herida sangrante en el lado derecho de la cabeza, junto al lóbulo de la oreja.

La autopsia ha sido determinante para la juez. El informe preliminar ha establecido que la muerte fue violenta y que la causa inmediata del fallecimiento fue una anoxia encefálica provocada por una asfixia mecánica cervical. Es decir, la mujer murió estrangulada.

La magistrada ha recogido en el auto que, de los hechos descritos hasta este momento inicial de la instrucción, se desprende de forma indiciaria que el investigado “no solo golpeó en la cabeza a la víctima, sino que la agarró del cuello hasta asfixiarla”.

Durante la comparecencia celebrada este jueves en los juzgados de Tudela, el acusado, natural de Marruecos al igual que la víctima, se ha acogido a su derecho a no declarar. El Ministerio Fiscal ha solicitado su ingreso inmediato en prisión, mientras que la defensa se ha opuesto y ha reclamado la libertad provisional o medidas cautelares menos gravosas.

La juez ha considerado, sin embargo, que la prisión provisional era “absolutamente imprescindible”. Para acordarla, ha tenido en cuenta la gravedad de los hechos, las penas a las que podría enfrentarse el investigado y la falta de arraigo en Navarra.

En este momento, el procedimiento se sigue inicialmente por un presunto delito de homicidio, castigado con penas de entre 10 y 15 años de cárcel. No obstante, la magistrada ha advertido de que la calificación podría elevarse a asesinato durante la instrucción, lo que supondría penas de entre 15 y 25 años de prisión.

La resolución también ha subrayado que el matrimonio llevaba apenas dos meses viviendo en Arguedas, un dato que la juez ha considerado relevante para apreciar el riesgo de fuga. El auto dictado este jueves no es firme y puede ser recurrido por la defensa del acusado.

Los hechos, que denotan una extrema gravedad por la especial vulnerabilidad de las víctimas, serán juzgados esta semana en la Audiencia Provincial de Navarra.

El relato del Ministerio Público sitúa el inicio de la convivencia en el año 2014, cuando el procesado comenzó una relación sentimental con la madre de las menores. A partir del nacimiento de la hija en común de la pareja, el acusado presuntamente instauró un clima de terror y menosprecio absoluto en el hogar.

Según el informe provisional de la acusación, el hombre insultaba diariamente a su pareja con descalificativos racistas, controlaba de manera obsesiva sus cuentas bancarias y limitaba el uso de servicios básicos indispensables como la calefacción o las duchas.

La violencia física también era habitual: el encausado propinaba empujones y agarraba del cuello tanto a la mujer como a la hija mayor de esta para estamparlas contra la pared. Para asegurar el silencio de las víctimas, el procesado se valía repetidamente de su antiguo oficio, advirtiéndoles de que, por haber sido miembro de las fuerzas de seguridad, conocía múltiples formas de matar y que prendería fuego a la vivienda con ellas dentro si intentaban denunciarlo.

El escrito fiscal detalla que el comportamiento violento se extendió de manera cruel hacia las dos menores de edad. A su hija biológica, diagnosticada con autismo, la castigaba inmovilizándola en una trona elevada de la que no podía descender por sus propios medios, propinándole además dolorosos pellizcos en las extremidades.

Paralelamente, el acusado presuntamente inició una dinámica de abusos y agresiones sexuales continuadas hacia su hijastra cuando esta apenas tenía cinco años de edad, aprovechando los horarios laborales de la madre para realizarle tocamientos de índole sexual y forzarla a participar en actos explícitos bajo el falso pretexto de que se trataba de un juego.

La agresividad hacia la menor también se manifestaba ante cualquier mínimo conflicto cotidiano, llegando a imponerle castigos físicos severos, como obligarla a permanecer de rodillas sosteniendo pesados libros sobre sus manos. En el año 2020, cuando la menor tenía nueve años, recibió un puñetazo en la frente por parte del acusado al intentar defender a su madre de una agresión, lo que le causó una cicatriz permanente en el rostro.

La situación alcanzó su punto más crítico en febrero de 2024, coincidiendo con un viaje de la madre al extranjero. El acusado, a solas con las menores, asaltó presuntamente a su hijastra en el cuarto de baño mientras se duchaba. A pesar de los ruegos de la víctima para que la dejara en paz, el hombre la acorraló y consumó una nueva agresión sexual. Tras lograr zafarse y encerrarse bajo llave en su dormitorio, la menor fue perseguida y amenazada de muerte por el procesado.

Al día siguiente, la hostilidad continuó en la cocina, donde el acusado le arrebató de forma violenta un cuchillo de cocina con el que la joven preparaba la comida, provocándole un profundo corte en la mano que requirió asistencia médica y derivó en una nueva secuela física visible. Los informes periciales del Instituto de Medicina Legal confirman que tanto la madre como la hija mayor presentan severos cuadros de estrés postraumático, ansiedad, depresión e incluso ideación autolítica (pensamientos de suicidio), totalmente compatibles con el maltrato crónico sufrido.

Por todo ello, la Fiscalía califica jurídicamente estos hechos como constitutivos de cinco delitos: uno de maltrato habitual, dos de agresión y abusos sexuales a menores de 16 años, y tres delitos de maltrato físico. Por el conjunto de estas infracciones penales, el Ministerio Público pide una condena global de 18 años de cárcel.

Asimismo, solicita la imposición de una medida de libertad vigilada (un mecanismo de control judicial con obligaciones y seguimientos que se ejecuta de forma posterior al cumplimiento de la pena de prisión) por un tiempo de hasta 6 años, la inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que implique contacto directo con menores durante diez años, y la privación de la patria potestad respecto a su hija biológica durante cinco años. Del mismo modo, se reclaman medidas de alejamiento estrictas, prohibiendo al acusado aproximarse a menos de 300 metros o comunicarse con las víctimas por periodos de entre tres y diez años, dependiendo del delito.

En el apartado de la responsabilidad civil, el fiscal demanda que el procesado abone indemnizaciones económicas sustanciales para reparar el daño infligido. En concreto, solicita el pago de 40.000 euros por daño moral y 450 euros por las lesiones físicas para la hijastra, así como sendas compensaciones de 10.000 euros para la madre y para la hija menor en común, cuantías que deberán verse incrementadas con los intereses legales correspondientes.

Según recoge la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, el procesado, natural de Ecuador, no podrá comunicarse ni acercarse a la niña a menos de 300 metros durante 5 años —12 meses respecto al otro menor— y deberá
cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 5.

En concepto de responsabilidad civil, indemnizará con 2.500 euros a la joven y con 500 al niño por el daño moral, cantidades que el encausado ya había consignado antes del juicio, señalado para el pasado 27 de abril, motivo por el cual en la determinación de la pena de prisión se ha apreciado la atenuante de reparación del daño, así como otra de dilaciones indebidas.

El 9 de julio de 2022, el hombre acudió con su hijo a unas piscinas municipales de la capital navarra. Allí se percató de que habían entrado los citados niños. A lo largo de toda la tarde, según recoge la sentencia, mantuvo “una actitud molesta y persistente” con ambos. Les siguió a todas partes y les instó a bañarse con él.

En un momento dado, añade la resolución judicial, tras insistir de forma reiterada, “consiguió que la niña accediese a que el acusado le enseñase a hacer volteretas en la piscina, y así, con ánimo lascivo y libidinoso, y sin que ella hubiese consentido, le tocó en varias ocasiones en la cintura, en los muslos, en el culo y en los pechos”.

Tras reconocer los hechos, el inculpado ha sido condenado de conformidad a 3 meses de prisión por un delito de acoso y 18 más por un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años. La Audiencia Provincial ha acordado la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad por un periodo de 3 años a condición de que el condenado no delinca y acuda a un programa de educación sexual.

Los hechos, que serán juzgados esta semana en un Juzgado de lo Penal de la capital navarra, ocurrieron en las inmediaciones de la Plaza de los Burgos, donde el procesado abordó a la víctima y a su grupo de amigas, todas ellas menores de edad.

Según detalla el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el suceso tuvo lugar en torno a las 23 horas del 30 de diciembre. El acusado, que se encuentra en situación administrativa irregular en España y con un expediente de expulsión ya incoado por este motivo, se aproximó a un banco de la citada plaza donde la víctima estaba sentada junto a sus amigas.

Sin mediar palabra, el hombre se acercó a corta distancia, la agarró del brazo, la golpeó y la empujó. Acto seguido, acometió de forma similar contra otra de las menores presentes, de la misma edad, a quien propinó un puñetazo en la cabeza, aunque estos últimos hechos delictivos no llegaron a ser denunciados formalmente por la afectada.

El relato de la acusación pública determina que, inmediatamente después de este primer altercado físico, el encausado regresó con un marcado ánimo libidinoso hacia la primera menor. Fue en ese instante cuando procedió a tocarle los pechos y las nalgas en plena vía pública. Ante la gravedad del asalto, las jóvenes huyeron corriendo en dirección a la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona, donde afortunadamente localizaron a una patrulla de la Policía Municipal a la que pidieron auxilio urgente y relataron lo sucedido.

Por todo ello, la Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual sobre menor de 16 años, en concurso con un delito de lesiones leves (aquellas que no requieren tratamiento médico posterior, sino una primera asistencia). Además de los tres años de privación de libertad por el ataque sexual, el Ministerio Público pide la imposición de una pena de dos meses de multa a razón de una cuota diaria de 15 euros por el delito de lesiones. Del mismo modo, se reclama la inhabilitación especial del acusado para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un periodo de diez años.

Atendiendo a la legislación aplicable a ciudadanos extranjeros en situación irregular, la Fiscalía pide la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del procesado del país, fijando además la prohibición expresa de regresar a territorio español durante una década.

El escrito de acusación también contempla una medida de libertad vigilada de 5 años tras el cumplimiento de la condena principal y la prohibición estricta de comunicarse o acercarse a menos de 300 metros de la menor, de su domicilio o de sus lugares de estudio.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que el imputado indemnice a la víctima con 1.500 euros por los daños morales causados, más los intereses legales correspondientes.

El Ministerio Público pide, además, que la pena de cárcel sea sustituida íntegramente por la expulsión del territorio nacional del encausado, quien no podrá regresar a España durante un periodo de diez años. 

Los hechos por los que este hombre se sentarán en el banquillo de los acusados se remontan al mediodía del 6 de noviembre de 2024. Según detalla el escrito de acusación del fiscal, el procesado se encontraba en una plaza pública de la citada localidad navarra cuando coincidió con la víctima.

Al parecer, ambos mantenían un conflicto previo por motivos económicos, lo que desencadenó una fuerte discusión en el lugar. En el transcurso de la disputa, el acusado, con la clara intención de menoscabar la integridad física del otro hombre, le propinó un fuerte puñetazo en el rostro. 

El impacto causó lesiones de gravedad al agredido, quien sufrió la pérdida completa de un incisivo (la pieza dentaria número 11). Además, el parte médico constató una herida en el cuarto dedo de la mano derecha que requirió puntos de sutura, una erosión en el codo derecho y diversas erosiones en las articulaciones de las manos.

Estas dolencias precisaron de un tratamiento médico-odontológico especializado para su sanidad y tardaron un total de 30 días en curar. Durante ese mes de recuperación, el perjudicado padeció un perjuicio personal calificado de moderado y, como secuela permanente, arrastra la pérdida de la mencionada pieza dental. 

Por todo ello, la Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de lesiones. Al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal —es decir, sin factores atenuantes ni agravantes—, la acusación pública demanda para el implicado, además de la pena de cárcel y la posterior expulsión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (la imposibilidad de ser votado en unas elecciones) durante el tiempo que dure la condena, así como el abono de las costas del proceso judicial. 

Finalmente, en el ámbito de la protección y la responsabilidad civil (la obligación legal de reparar económicamente los daños causados), el fiscal solicita que se imponga al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio o de su lugar de trabajo por un periodo de tres años.

En concepto de indemnización, se reclama que el agresor pague al perjudicado la cantidad de 4.250 euros por los días de curación y las secuelas, una suma a la que deberá añadirse el coste íntegro del tratamiento odontológico necesario para la reposición del diente, incrementado con los correspondientes intereses legales. 

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la defensa y ha ratificado la sentencia dictada en febrero por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. La resolución puede ser recurrida ahora ante el Tribunal Supremo.

El condenado, natural de Ecuador, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante 9 años. Además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada durante otros 5 años, una vez termine la pena de prisión.

El tribunal también ha fijado una indemnización de 3.000 euros para la mujer por el daño moral sufrido. Los hechos han sido considerados constitutivos de un delito de abuso sexual con introducción de miembros corporales por vía vaginal, con la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Los hechos ocurrieron sobre las 20 horas del 20 de noviembre de 2020, cuando varias personas acudieron a la vivienda en la que residía el procesado con su entonces pareja. Entre ellas se encontraba la denunciante, que había acudido acompañada de un amigo.

Durante los preparativos y la cena, los asistentes consumieron bebidas alcohólicas y algunas personas fumaron marihuana, según recoge la sentencia. Después, jugaron a un juego de preguntas y retos en el que la víctima tomó 9 chupitos de ron y whisky.

Cuando se acabaron los licores, la mujer bebió además 4 copas de vino y una lata de cerveza. Ya de madrugada, cuatro personas se tumbaron en el salón, tanto en el sofá como en un colchón que habían sacado de un dormitorio.

Según la sentencia, cuando la denunciante estaba dormida, el procesado le introdujo “varios dedos en la vagina”. La mujer se despertó al sentir incomodidad en su cuerpo y, al percatarse de quién había abusado de ella, se quedó en estado de shock.

La resolución recoge que la víctima permaneció unos diez minutos tumbada, sin saber qué hacer y pensando en lo que le había ocurrido. Después, contó por mensajes lo sucedido a una amiga y decidió interponer la denuncia el día 23.

El TSJN ha considerado que el testimonio de la víctima ha quedado corroborado “de forma abrumadora” por varias evidencias incriminatorias. Entre ellas, ha destacado las conversaciones de WhatsApp mantenidas por la denunciante con una amiga justo después de los hechos.

En esos mensajes, la mujer le contó lo que acababa de suceder. El tribunal también ha valorado las declaraciones de las personas que estuvieron en la vivienda, que, según la sentencia, “avalan sin fisuras” el testimonio de la víctima sobre el desvelamiento de los hechos y las disculpas ofrecidas por el acusado.

La Sala ha resaltado igualmente la declaración de la madre de la víctima. La mujer oyó una conversación telefónica en la que un varón pedía insistentemente perdón a su hija, repetía que estaba bastante borracho y drogado y le pedía que no denunciara.

Los magistrados han citado también el dictamen médico-forense, en el que no se apreció contradicción respecto a lo relatado por la víctima. Además, el informe analítico determinó la existencia de ADN espermático en la ropa interior.

El tribunal ha valorado, por último, la declaración del propio acusado. Aunque mantuvo una versión exculpatoria, llegó a admitir en el juicio que había existido un contacto sexual, que calificó como “consentido”.

Para la Sala, sin embargo, el contexto de los hechos acredita “de forma indubitada” la falta de consentimiento. La sentencia subraya que la denunciante quedó en estado de shock, se encerró en el baño y empezó a relatar a una amiga por WhatsApp lo ocurrido.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha destacado que la víctima mantuvo desde ese primer momento y durante toda la causa una versión uniforme y persistente. En concreto, relató que el acusado le introdujo los dedos en la vagina mientras ella se encontraba dormida y, por tanto, en “condiciones claras de ausencia de consentimiento”.

Los hechos, que serán juzgados esta semana en la Audiencia Provincial de Navarra en Pamplona, involucran a una red organizada compuesta por tres personas de nacionalidad española y una de nacionalidad dominicana, quienes actuaron en connivencia con un quinto individuo que actualmente se encuentra en situación de rebeldía al no haber podido ser localizado por la justicia.

Según detalla el escrito de conclusiones del ministerio público, el fraude se ejecutó a mediados de febrero de 2022. Los acusados, actuando de mutuo acuerdo, enviaron un correo electrónico fraudulento a una empresa mercantil dedicada al sector de los fitosanitarios y las semillas. El objetivo de esta comunicación era engañar al receptor simulando la reclamación legítima de dos facturas pendientes por importes de 51.795 euros y 29.644 euros.

Para consumar el engaño, los estafadores indicaron que los ingresos debían realizarse mediante transferencia bancaria a dos cuentas corrientes específicas de una entidad bancaria. Una de estas cuentas figuraba a nombre de un tercero ajeno a la trama, a quien previamente le habían sustraído su documentación personal, mientras que la segunda estaba registrada a nombre del cooperador que se encuentra prófugo.

La empresa perjudicada, bajo la firme creencia de que estaba liquidando una deuda comercial real con un proveedor, procedió a efectuar los dos pagos solicitados en la misma fecha. Una vez que el dinero ingresó en el circuito bancario controlado por la red, el acusado que se encuentra en rebeldía realizó diversas retiradas de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos. De forma paralela, distribuyó el botín mediante transferencias directas al resto de los implicados: tres de los acusados, de nacionalidad española, recibieron sumas de 17.810 euros, 10.000 euros y 4.400 euros, respectivamente, mientras que el cuarto procesado, natural de la República Dominicana, percibió un montante de 10.000 euros.

A ojos de la Fiscalía, este relato de hechos es constitutivo de un delito de falsedad en documento privado en concurso de normas con un delito agravado de estafa. Por todo ello, el fiscal reclama la correspondiente pena de prisión para los procesados en calidad de coautores. En el caso específico del acusado de nacionalidad dominicana, el ministerio público solicita formalmente la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional, acompañada de la prohibición de regresar a España durante un período de diez años.

En el apartado de la responsabilidad civil, el fiscal exige que los cuatro acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a la empresa de fitosanitarios con la cantidad exacta de 81.440,03 euros, una cifra que deberá incrementarse con los intereses legales devengados desde la fecha del fraude. Para asegurar este pago, la acusación pública ha solicitado al tribunal la apertura de una pieza separada en la que se les exija una fianza económica adecuada o, en su defecto, se proceda al embargo preventivo de sus bienes. Por último, el escrito solicita el sobreseimiento provisional respecto a otras dos personas inicialmente investigadas al no constar indicios suficientes de criminalidad contra ellas.

El caso ha quedado resuelto mediante una sentencia de conformidad, dictada después de un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa. La resolución recoge que el altercado se produjo el 8 de septiembre de 2024 y que, durante los hechos, el perro del procesado se agitó y mordió a todos ellos.

El acusado ha sido condenado por un delito leve de amenazas contra su madre y por tres delitos de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica. La sentencia ha aplicado la circunstancia atenuante cualificada de toxicomanía.

Los hechos declarados probados describen una escena de tensión dentro de la vivienda familiar. El encausado, de forma intimidatoria y violenta, se dirigió a su madre, a quien insultó y amenazó. También increpó a su hermanastro, al que empujó y propinó un bofetón en la cara.

Tanto la madre como el hermanastro cayeron al suelo como consecuencia de los empujones recibidos. Después, cuando el padrastro intervino para mediar en el altercado, el acusado le golpeó con especial violencia.

La sentencia recoge que el padrastro recibió “puñetazos y golpes en la cabeza y a lo largo del cuerpo”. Posteriormente, el procesado también asestó “varios puñetazos en la cara” a su madre.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha considerado los hechos constitutivos de un delito leve de amenazas respecto de la madre, castigado con una multa de 120 euros. Además, ha impuesto penas por tres delitos de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica.

Por las lesiones causadas a la madre y al hermanastro, el acusado ha sido condenado a 4 meses de prisión por cada uno de esos delitos. Por las lesiones causadas al padrastro, la pena ha sido de 2 años de prisión. En total, la condena impuesta asciende a 2 años y 8 meses de cárcel.

La resolución judicial ha sido dictada tras el acuerdo alcanzado entre las partes, por lo que los hechos y las penas han quedado fijados en una sentencia de conformidad. El caso ha tenido lugar en una vivienda compartida por los miembros de la familia en una localidad de la comarca de Pamplona.

Según el relato de conclusiones provisionales del fiscal, los abusos se produjeron en el domicilio familiar situado en el barrio de San Juan de la capital navarra. El acusado, que no cuenta con antecedentes penales, aprovechó un momento de intimidad mientras veía una película en el salón con la víctima, nacida en 2011, para realizarle tocamientos de índole sexual por debajo de la ropa. La acusación sostiene que esa misma jornada, tras regresar de una excursión a la zona costera de Aquitania, en Francia, el hombre volvió a abordar a la menor en un dormitorio, donde la abrazó y repitió los tocamientos en el pecho.

Como consecuencia de estos episodios, la menor sufre un malestar psicológico que ha requerido tratamiento especializado para su recuperación. Por todo ello, el Ministerio Público califica los hechos como un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años —una figura jurídica que se aplica cuando el autor realiza una serie de actos similares en el tiempo contra la misma víctima—.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que se le imponga una medida de libertad vigilada durante 10 años, que se ejecutaría tras el cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación especial para cualquier profesión o oficio que implique contacto directo con menores por el mismo periodo.

En cuanto a la situación administrativa del encausado, aunque actualmente reside de forma regular en España, el fiscal solicita, basándose en el Código Penal, que la pena de prisión sea sustituida por su expulsión del país y la prohibición de regresar a territorio español durante un plazo de 10 años. Respecto a la protección de la víctima, se ha pedido una orden de alejamiento que prohíba al acusado acercarse a menos de 200 metros de la menor o comunicarse con ella por cualquier medio durante 6 años.

En el plano de la responsabilidad civil —la compensación económica por los daños causados—, el Ministerio Público reclama que el procesado indemnice a la representante legal de la niña con 3.000 euros más los intereses legales correspondientes. 

La decisión se ha adoptado después de que la comisión creada para investigar el caso haya apreciado "indicios de que algunas actuaciones podrían ser constitutivas de delito", según han confirmado a EFE fuentes del departamento de Salud.

La denuncia por acoso laboral y sexual fue interpuesta de forma anónima contra un jefe de servicio del HUN el pasado mes de diciembre. Entonces, el caso también salió a la luz tras publicarse en la cuenta de una red social.

En esa publicación, una médica de este hospital público de Navarra relataba un comportamiento verbal e incluso físico de un jefe de servicio "que veja, humilla y cosifica a las mujeres". Además, aseguraba que, pese a que "la dirección lo sabe, no hace nada".

Este hecho activó la creación de una comisión de investigación prevista para estos casos en el “Procedimiento de prevención, resolución y seguimiento de las situaciones de conflictos, acoso u otros tipos de violencia interna en el entorno laboral” del Servicio Navarro de Salud.

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ya recordó el pasado jueves en el pleno parlamentario que esta comisión ha trabajado durante varios meses. En ese periodo ha realizado entrevistas y labores de investigación con la participación de cerca de 50 personas.

Ahora, la comisión de investigación ha concluido su trabajo y ha formulado sus conclusiones en un informe, tal y como establece el procedimiento interno. Ese documento es el que ha sido remitido al Ministerio Fiscal.

"Como resultado de la mismas se ha remitido al Ministerio Fiscal este caso ya que hay indicios de que algunas actuaciones podrían ser constitutivas de delito. En paralelo, a nivel administrativo, se están tramitando las acciones correspondientes de las que se informará cuando se hayan cumplimentado", han indicado las mismas fuentes.

Además, este martes se remitió una comunicación por parte de la secretaría de la comisión a todas las personas que han participado en la investigación. El objetivo ha sido informarles de lo que implica el inicio del procedimiento en la Fiscalía, en caso de que considere que existen indicios de delito.

Estas personas podrían ser llamadas a declarar o podrían ser revisadas las declaraciones que ya aportaron ante la comisión de investigación. El procedimiento sigue así su curso tanto en el ámbito fiscal como en el administrativo.

"Desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se han seguido los pasos establecidos en el protocolo vigente, así como la manera de actuar prevista para estos casos una vez se ha emitido el informe", han subrayado desde el departamento de Salud.

Por su parte, el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha sido preguntado por este caso tras la sesión de Gobierno de este miércoles. Remírez ha confirmado que el facultativo denunciado fue apartado del servicio en el que ejercía su labor.

El portavoz del Gobierno de Navarra ha advertido, no obstante, de que "hay que preservar la presunción de inocencia". En ese sentido, ha señalado que "son unos tribunales los que, en su caso, tienen que determinar si esta persona tiene una conducta delictiva".

Remírez ha convenido en que, mientras tanto, el Ejecutivo debe actuar "con muchísimo cuidado y equilibrio". También ha respaldado la actuación desarrollada desde que se conoció la denuncia hasta este momento.

Según ha defendido, "los protocolos del Gobierno de Navarra se activaron y han funcionado". El caso de acoso laboral y sexual en el Hospital Universitario de Navarra queda ahora en manos de la Fiscalía, mientras se tramitan las acciones administrativas correspondientes.

El escrito de acusación para el juicio que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial, detalla un escenario de convivencia marcado por la violencia psicológica, el control de las comunicaciones y agresiones contra la libertad sexual de una menor de edad.

Según el relato del Ministerio Público, el acusado inició su relación sentimental en Colombia en el año 2014, trasladándose toda la familia a Navarra en 2021. Una vez instalados, la situación comenzó a deteriorarse gravemente. El procesado habría ejercido un control férreo sobre su pareja, llegando a amenazarla con llevarse a la hija que tienen en común si decidía romper la relación o incluso con atentar contra su vida asegurando que conocía a personas capaces de matarla.

Esta vigilancia se extendía a la esfera privada de la mujer, ya que el hombre accedía con frecuencia a su teléfono móvil para controlar sus redes sociales y llegó a imponerle con quién podía o no tener amistad basándose únicamente en la orientación sexual de sus allegados. En un episodio concreto ocurrido en febrero de 2024, el acusado obligó a una de las menores a desbloquear el terminal de su madre para leer sus conversaciones, reaccionando con un ataque de celos y violencia contra sí mismo al descubrir mensajes de un compañero de trabajo.

De forma paralela a este clima de maltrato en el hogar, la Fiscalía detalla hechos de extrema gravedad sufridos por la hija de la mujer. Entre los meses de octubre y noviembre de 2022, el investigado aprovechó que la menor veía una película para realizarle tocamientos de carácter libidinoso en diversas partes del cuerpo. Posteriormente, en febrero de 2024, el hombre llegó a masturbarse frente a la niña en el salón de la casa. Los informes forenses integrados en la causa certifican que ambas víctimas sufren graves secuelas psicológicas, incluyendo cuadros de ansiedad, sentimientos de culpa, inestabilidad emocional y retracción social a consecuencia de las conductas abusivas padecidas.

Por estos hechos, el fiscal califica los delitos como maltrato habitual en el seno de la relación afectiva, descubrimiento y revelación de secretos —por el acceso inconsulto al terminal móvil—, agresión sexual a menor de dieciséis años y exhibicionismo. Las penas solicitadas para el acusado se desglosan en dos años y tres meses por el maltrato, un año y seis meses por la vulneración de la intimidad, cinco años por la agresión sexual y ocho meses adicionales por el delito de exhibicionismo. Asimismo, se pide la privación del derecho a la tenencia de armas, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad y la prohibición de desempeñar cualquier oficio que conlleve contacto directo con menores durante trece años.

Dada la condición de extranjero del procesado, la Fiscalía solicita, en aplicación del Código Penal, que la pena de prisión sea sustituida por su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante un periodo de diez años. En el ámbito de la responsabilidad civil —la obligación de reparar económicamente el daño causado—, el Ministerio Público pide que el acusado indemnice con 4.000 euros a su expareja y con 10.000 euros a la hija por los daños morales ocasionados. Además, se reclama el mantenimiento de las estrictas medidas de alejamiento y comunicación ya vigentes, que impiden al hombre acercarse a menos de 200 metros de las víctimas o de su domicilio.

La empleada trabajaba como ayudante de cocina para la empresa Catering Arcasa SL, adjudicataria de la cafetería del centro hospitalario, cuando fue agredida por un tercero que accedió al hospital la noche del 1 de septiembre de 2022.

La sentencia, impulsada por los servicios jurídicos de Bidelagun Fundazioa, la fundación de ELA para la promoción de la salud laboral, ha considerado acreditado que la trabajadora padece un trastorno de estrés postraumático y graves secuelas psicológicas.

El fallo ha señalado que esas secuelas han anulado por completo su capacidad laboral. También ha recogido que, pese al tratamiento psicológico y farmacológico recibido desde la agresión, la afectada presenta importantes limitaciones funcionales.

La jueza ha concluido que la trabajadora no puede desarrollar ninguna actividad laboral con normalidad. Por ello, le ha reconocido una prestación equivalente al 100% de su base reguladora por incapacidad permanente absoluta.

En una resolución anterior, el mismo juzgado ya había condenado a Catering Arcasa y a Osasunbidea a un recargo de prestaciones del 30% por falta de medidas preventivas. Esa decisión ha quedado vinculada al accidente laboral sufrido por la trabajadora en el Hospital Universitario de Navarra.

ELA y Bidelagun Fundazioa han valorado la sentencia como un reconocimiento para la víctima. También han criticado que el INSS rechazara inicialmente la incapacidad en vía administrativa.

Según han señalado, esa negativa obligó a la trabajadora a acudir a los tribunales. La organización ha advertido de que este proceso le ha supuesto una revictimización, tal y como consta documentado en informes médicos.

La toma de posesión de Rebeca Alonso Adrián, natural de Pamplona, se ha celebrado en un acto ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La magistrada procede de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital navarra.

La nueva magistrada de la Audiencia de Navarra tiene 59 años y ha desarrollado hasta ahora su labor judicial en Pamplona, desde donde ha pasado ahora a integrarse en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Durante el acto, Rebeca Alonso Adrián ha sido amadrinada por Ana Llorca, presidenta de la Audiencia Provincial. Su incorporación se ha formalizado ante la Sala de Gobierno del TSJN, reunida para esta toma de posesión.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha estado constituida por Miguel Azagra, presidente de la Sala de lo Social del TSJN; la propia Ana Llorca; Emilio Labella, magistrado destinado en la Sección Primera de la Audiencia; Marta Arnedo, titular de la plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pamplona; y Alfonso Pérez, secretario de Gobierno del TSJN.

A la toma de posesión de la magistrada Rebeca Alonso Adrián también ha asistido la teniente fiscal de la Comunidad Foral de Navarra, Ana Carmen Arboniés. En el acto han estado presentes magistrados y letrados de la administración de justicia.

La incorporación de Rebeca Alonso Adrián a la Sección Primera supone un nuevo destino dentro de la Audiencia Provincial de Navarra, tras su paso por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La decisión ha sido adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, que ha estimado el recurso presentado por el Gobierno de Navarra. La resolución concluye que las leyes de presupuestos son las que fijan y determinan las retribuciones del personal público.

El caso tenía una repercusión directa sobre los funcionarios de la Administración Pública de Navarra, ya que la sentencia de primera instancia había abierto la puerta a recuperar este índice para corregir la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

El índice de proporcionalidad es una herramienta de distribución retributiva utilizada en la administración pública para establecer los sueldos iniciales de cada nivel, A, B, C, D y E, en relación con una base.

El recurrente había solicitado el abono del salario conforme al índice de proporcionalidad recogido en el artículo 41 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

La cuestión central ha estado en determinar si ese artículo sigue vigente o si, como ha defendido la Administración foral, ha quedado desplazado por las previsiones que se han ido incorporando cada año en las leyes forales de presupuestos.

En octubre de 2025, un juzgado de Pamplona dictó una sentencia que, en la práctica, forzaba al Gobierno de Navarra a recuperar este índice de proporcionalidad para revertir la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios.

Ahora, el Tribunal Superior de Navarra ha corregido ese criterio y ha dado la razón al Ejecutivo foral. La sentencia, no obstante, puede ser recurrida en casación.

La Sala sostiene que, “sea por derogación tácita o por inaplicación por mor de las sucesivas Leyes de Presupuestos”, el Gobierno de Navarra se encuentra vinculado a esas normas presupuestarias en la expresión de la masa salarial y en la fijación de las retribuciones de cada categoría.

El tribunal ha señalado que la Comunidad Foral y, en concreto, el Gobierno de Navarra, deben atender a lo que establecen las leyes de presupuestos, tanto estatales como forales, en materia de masa salarial y retribuciones públicas.

La resolución ha situado así el conflicto jurídico entre dos marcos normativos: por un lado, el Decreto Foral Legislativo 251/1993; por otro, las sucesivas leyes de presupuestos de Navarra que han regulado las retribuciones del personal público.

El TSJN concluye que, “huyendo de nominalismos”, no cabe duda de que las leyes de presupuestos son las que fijan y determinan las retribuciones. Con este argumento, ha revocado la sentencia anterior y ha estimado el recurso del Ejecutivo foral.

La decisión supone un giro relevante respecto al fallo dictado en primera instancia, que había reconocido el índice de proporcionalidad y el derecho al abono de atrasos de los últimos cuatro años.

Reacción de AFAPNA a la sentencia del TSJN

El sindicato AFAPNA ha anunciado que acudirá al Tribunal Supremo tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre el índice de proporcionalidad. La central sindical ha defendido que la cuestión debe ser resuelta por el alto tribunal y ha insistido en que, a su juicio, no se está cumpliendo el índice entre los niveles de la Administración foral.

AFAPNA ha sostenido que ese índice aparece recogido en el artículo 41 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. Según el sindicato, el incumplimiento del TREP ha provocado que el personal del empleo público haya perdido poder adquisitivo desde hace más de 15 años.

El sindicato ha señalado que contaba con esta posibilidad dentro del proceso judicial y ha asegurado que “no dará ni un paso atrás”. Además, ha advertido de que, si es necesario, interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional.

AFAPNA ha recordado que el personal de las administraciones públicas vio recortados sus salarios en 2010, tal y como recogía la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Desde entonces, según la organización sindical, no se ha recuperado esa pérdida porque se han mantenido unos índices de proporcionalidad alejados de los recogidos en el TREP.

El sindicato ha detallado que el artículo 41 del Decreto Foral Legislativo 251/1993 establece un índice de proporcionalidad de 2 para el nivel A, 1,65 para el nivel B, 1,35 para el nivel C, 1,15 para el nivel D y 1 para el nivel E.

AFAPNA ha querido dejar claro que confía en la justicia, aunque considera que su petición es “clara y contundente”. También ha remarcado que cuenta con dos sentencias de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 1 y 2 que, según el sindicato, avalan sus demandas.

La central sindical ha afirmado que no va a dejar “a nadie en la estacada” y que seguirá “hasta donde haga falta” para reclamar la reversión de la pérdida de poder adquisitivo de todo el personal.

El fallo ha aclarado que los trabajadores temporales de las administraciones que no hayan superado un proceso sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no pueden adquirir la condición de fijos como consecuencia directa del abuso sufrido. Según el Supremo, hacerlo supondría vulnerar la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público, además de impedir el acceso al empleo público de otros ciudadanos.

La sentencia del Pleno de la Sala Social ha sido comunicada ya a las partes afectadas y ha fijado una doctrina relevante para miles de casos de temporalidad en el sector público. El tribunal ha considerado que la conversión en empleo fijo sólo procede en un supuesto muy concreto: cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para personal fijo, la haya superado, no haya obtenido plaza por falta de vacantes y después haya encadenado contratos temporales de forma abusiva.

En esos casos, el Supremo entiende que sí puede declararse la existencia de una relación laboral fija, porque el trabajador ya ha acreditado previamente su capacitación en un procedimiento selectivo. La clave, por tanto, no está únicamente en el abuso de contratos temporales, sino en haber superado antes una oposición o prueba equivalente para acceder al empleo público estable.

Para el resto de situaciones, el Alto Tribunal ha señalado otras medidas de reparación. Entre ellas, el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y la remisión de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Esa remisión permitirá que la Inspección inicie el correspondiente procedimiento sancionador cuando se constate que una administración pública ha incurrido en abuso de temporalidad. De este modo, el Supremo ha buscado compatibilizar la protección de los trabajadores afectados con las exigencias legales de acceso al empleo público.

El tribunal ha dictado su fallo en conformidad con la sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021 sobre el llamado caso Obadal. En ese asunto, se ha declarado como relación laboral fija la de una mujer que había superado un proceso selectivo y que posteriormente había sufrido abuso en la contratación temporal.

La doctrina fijada por el Supremo marca así una diferencia clara entre quienes han superado una prueba selectiva y quienes no lo han hecho. En el primer caso, si después se produce un abuso de temporalidad, puede abrirse la puerta a la fijeza. En el segundo, la respuesta debe articularse mediante indemnización y sanción administrativa, pero no mediante la conversión automática del contrato en fijo.

El caso se juzgará esta semana en la Audiencia Provincial de Navarra y el escrito del Ministerio Público describe una escena de gran violencia dentro del domicilio familiar. Una de las víctimas ha sufrido una grave lesión en el rostro y ha necesitado una intervención quirúrgica reconstructiva.

Según la acusación, los hechos se desencadenaron alrededor de las nueve de la noche. El procesado se dirigió primero a su madre de forma intimidatoria, con insultos y amenazas de muerte. Después, la violencia se dirigió contra su propio hijo, de 13 años.

El acusado, siempre según el relato de la Fiscalía, sacó al menor de su habitación a empujones mientras le insultaba. Cuando la abuela y el abuelo político del niño trataron de mediar, el hombre le dio un bofetón al menor que le hizo caer al suelo.

La situación se agravó todavía más cuando el procesado empujó también a su madre y se enfrentó al marido de esta. Durante el forcejeo, presuntamente agarró a la pareja de su madre del labio inferior y le arrancó parte de la musculatura y la piel, provocándole una pérdida de sustancia.

La agresión familiar continuó con puñetazos y golpes por todo el cuerpo. El fiscal sostiene que la violencia del acusado fue tal que llegó a desplazar a su madre y a su hijo fuera de la vivienda. Ya en el exterior, volvió a golpear a la mujer en la cara.

En medio del caos, el perro de la familia, alterado por la violencia del momento, mordió a las tres víctimas en diferentes partes del cuerpo. Las mordeduras causaron erosiones y heridas de colmillos que se sumaron a las lesiones provocadas durante el episodio.

La víctima con heridas más graves ha sido el marido de la madre. Sufrió una herida de gran tamaño en el labio, con los dientes expuestos, y necesitó una reconstrucción labial compleja mediante cirugía maxilofacial.

La madre del acusado y el hijo menor también resultaron heridos. Ambos sufrieron contusiones, heridas incisas y hematomas. Además, las lesiones les han dejado secuelas en forma de cicatrices.

Por estos hechos, el Ministerio Público considera que el acusado debe responder por un delito de lesiones graves, dos delitos de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica y un delito leve de amenazas.

La Fiscalía ha solicitado una pena total de siete años y cuatro meses de prisión. A esa petición se añade una multa económica por las amenazas, así como la prohibición de tenencia de armas.

El escrito de acusación también reclama medidas estrictas de alejamiento y comunicación respecto a las tres víctimas. Estas prohibiciones oscilan entre los dos y los ocho años, en función de la gravedad del daño sufrido por cada perjudicado.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide que el acusado indemnice a su hijo menor con cerca de 3.000 euros y a su madre con una cantidad superior a los 2.800 euros por las lesiones y secuelas. La cuantía correspondiente al tercer perjudicado se fijará cuando finalice su proceso de curación.

El acusado fue interceptado por agentes de la Policía Municipal de Pamplona hacia las 13:00 horas del 6 de junio de 2024, cuando caminaba por las calles de la capital navarra. Durante la identificación, los policías encontraron en su bolso personal una bolsa de plástico con una sustancia rocosa de color grisáceo.

Los análisis posteriores han determinado que esa sustancia era MDMA, una droga sintética con efectos estimulantes y alucinógenos. El informe pericial ha fijado el peso neto en 9,98 gramos y ha destacado una pureza del 74,40 %, un dato clave para la acusación.

Según la valoración incluida en el escrito, la droga intervenida habría alcanzado un valor de mercado de 485,43 euros. Para la Fiscalía, la cantidad, la pureza y las circunstancias del hallazgo apuntan a que el acusado tenía la sustancia destinada a su distribución a terceras personas a cambio de dinero.

Por estos hechos, el Ministerio Público considera que el procesado es autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan un grave daño a la salud. El caso se juzgará próximamente en la Audiencia Provincial de Navarra.

La petición de la Fiscalía no se limita a la pena de prisión. La acusación pública ha solicitado también una multa de 1.455 euros. En caso de impago, se pide que se aplique una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 10 euros no abonados.

Además, el fiscal ha reclamado el decomiso de la droga y del dinero intervenidos en el momento del arresto, así como el pago de las costas judiciales derivadas del procedimiento.

El juicio contará con la declaración de los agentes de la Policía Municipal de Pamplona que participaron en la identificación del acusado. También está previsto el testimonio de los expertos que han analizado la pureza, el peso y el valor de la sustancia intervenida.

El caso se remonta a la tarde del 22 de febrero de 2025, en el entorno de la Vuelta del Castillo, junto a los exteriores de la Ciudadela. Según el escrito del Ministerio Público, la víctima se encontraba con un grupo de amigas y había consumido alcohol cuando el acusado se unió al grupo sobre las 19:30 horas.

La menor, de acuerdo con el relato de la acusación pública, estaba llorando y se sentía mal por problemas personales. En ese contexto, el acusado habría aprovechado su vulnerabilidad emocional para ofrecerse a hablar con ella y apartarla del resto de sus conocidos.

Una vez aislada, siempre según la Fiscalía, el hombre le dirigió palabras halagadoras y llegó a ofrecerle una relación sentimental. Después, presuntamente realizó diversos tocamientos no consentidos por debajo de la ropa interior de la menor, hasta culminar en una penetración digital.

El Ministerio Público considera que estos hechos constituyen un delito de agresión sexual sobre menor de 16 años con penetración digital. En su escrito, ha subrayado el estado de inestabilidad y vulnerabilidad psicológica que presentaba la joven en el momento de los hechos.

La Fiscalía también ha señalado que la situación de la menor se ha visto agravada tras la agresión. Actualmente, la víctima padece una clara afectación psicológica, con cuadros depresivos, ansiedad y trastornos del sueño.

Esa situación ha tenido además consecuencias en su vida diaria. Según recoge la acusación, la menor ha sufrido absentismo y bajo rendimiento escolar como consecuencia del impacto psicológico derivado de los hechos.

Además de los 10 años de cárcel, el fiscal ha pedido que se imponga al acusado una medida de libertad vigilada durante 20 años. Durante ese periodo, tendría prohibido aproximarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio.

La acusación pública también solicita la inhabilitación especial del procesado para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto directo con menores de edad durante el mismo periodo de tiempo.

El Ministerio Público ha planteado asimismo que, dada la situación de irregularidad administrativa del acusado en España, la pena de prisión sea sustituida por su expulsión del territorio nacional. En ese caso, se pide que se le prohíba regresar durante un plazo de 10 años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama una indemnización de 10.000 euros para la joven por daños morales, cantidad que deberá abonarse junto a los intereses legales correspondientes.

El arresto se ha producido en la madrugada del sábado en la avenida Guipúzcoa, donde una mujer ha denunciado haber sufrido una agresión sexual. El detenido, de nacionalidad pakistaní, ha sido puesto a disposición judicial tras la intervención de la Policía Municipal de Pamplona.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al hombre se le atribuye la presunta autoría de los delitos de agresión sexual, robo con violencia y lesiones.

La medida acordada por la jueza supone el ingreso en la cárcel de forma provisional, comunicada y sin fianza, mientras continúa la investigación judicial por estos hechos ocurridos en Pamplona.

El hombre había sido detenido por agentes de la Policía Municipal en relación con esta agresión sexual en Pamplona, registrada en la avenida Guipúzcoa durante la madrugada del sábado.