La Fiscalía de Navarra ha solicitado 13 años y 9 meses de prisión para un acusado que será juzgado en los próximos días en Pamplona, por presuntamente someter a su pareja a años de maltrato habitual, amenazas y agresiones sexuales durante la relación que ambos mantuvieron desde 2009 hasta octubre de 2023.
El escrito de acusación sostiene que el acusado y la víctima convivieron durante años y tuvieron dos hijas aún menores en común. Según el fiscal, durante la convivencia se produjeron discusiones frecuentes en el domicilio familiar, en la calle y en el interior del vehículo, en las que el acusado adoptaba una actitud violenta y llegaba a empujar y zarandear a la mujer.
La acusación pública mantiene también que el acusado se dirigía de forma habitual a la víctima con insultos y expresiones de menosprecio, dentro de un contexto de deterioro progresivo de la relación y de violencia en el ámbito familiar. Esos hechos han sido calificados como un delito de maltrato habitual, agravado por haberse cometido en el domicilio común.
El fiscal describe además un escenario de amenazas continuadas. Según el escrito, el acusado habría intimidado repetidamente a la víctima con advertencias de muerte contra ella, contra sus hijas y contra su madre. También le decía que se suicidaría si ella decidía dejar la relación.
Uno de los episodios más graves recogidos por la Fiscalía se habría producido en 2018, cuando la víctima comunicó al acusado en la cocina de la vivienda que quería separarse. En ese momento, según la acusación, él le puso un cuchillo en el cuello y le impidió marcharse.
La Fiscalía acusa igualmente al procesado de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal. El escrito sostiene que el acusado ejercía una posición de control sobre las relaciones sexuales, imponiendo tanto la frecuencia como la forma de mantenerlas, pese a la negativa y resistencia de la víctima.
Según la acusación, la mujer acababa accediendo en ocasiones por miedo a las reacciones violentas del acusado y a sus constantes intimidaciones. El fiscal recoge además un episodio ocurrido en julio de 2023 en un hotel de Cambrils, donde el acusado habría ignorado la advertencia de la víctima de que no quería quedarse nuevamente embarazada.
Como consecuencia de los hechos relatados, la Fiscalía señala que la víctima padece sintomatología ansioso-depresiva, con sentimientos de miedo y desesperanza. El escrito también recoge que el acusado presenta un trastorno bipolar con rasgos disfuncionales de personalidad, circunstancia que habría afectado de forma moderada o grave a sus capacidades y que el fiscal aprecia como atenuante analógica de alteración psíquica.
Por el delito de maltrato habitual, la Fiscalía solicita para el acusado una pena de 2 años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y la prohibición de tenencia y porte de armas durante cuatro años. También pide una orden de alejamiento de 300 metros respecto de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella durante cuatro años.
Por el delito continuado de amenazas, el fiscal reclama 9 meses de prisión, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante tres años.
La pena más elevada corresponde al delito continuado de agresión sexual, por el que la Fiscalía solicita 11 años de prisión e inhabilitación absoluta. Además, pide una orden de alejamiento y comunicación durante catorce años, la inhabilitación para cualquier profesión o actividad que implique contacto regular y directo con menores durante veinte años y una medida de libertad vigilada durante ocho años.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la víctima con 5.000 euros por el daño moral causado, más los intereses legales correspondientes.
