La Audiencia Provincial de Navarra juzga esta semana a un agente inmobiliario acusado de haber convertido su actividad profesional en una presunta red de engaños a decenas de familias. El procesado operaba desde una oficina en Viana y se enfrenta a una petición de condena de 20 años y 4 meses de prisión.
El caso ha llegado a la Sección Segunda de la Audiencia con una acusación de especial gravedad por parte del Ministerio Fiscal. Según el escrito, el acusado habría actuado entre los años 2021 y 2024 como administrador único de una sociedad limitada para captar clientes bajo una apariencia de gestión profesional.
La Fiscalía sostiene que el procesado, que ya cuenta con antecedentes penales por delitos de estafa y apropiación indebida, habría perjudicado a familias de Tierra Estella y de poblaciones limítrofes. En algunos casos, los afectados habían entregado importantes cantidades de dinero destinadas a comprar una vivienda o a completar trámites posteriores a una compraventa.
El relato del Ministerio Público describe operaciones en municipios como Los Arcos, Lodosa, Sartaguda, Estella y Viana. En varios episodios, el acusado habría vendido propiedades simulando actuar como mandatario de promotoras inmobiliarias con las que no mantenía ningún vínculo legal.
De esta forma, compradores de buena fe llegaron a entregar cantidades de hasta 45.000 euros por viviendas que nunca recibieron. También constan reservas de 12.000 euros por inmuebles sobre los que el procesado se habría atribuido una titularidad inexistente.
Uno de los capítulos más graves se refiere a la supuesta falsificación documental. La Fiscalía afirma que el acusado llegó a confeccionar un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre una vivienda ajena y a estampar la firma del representante legal de una promotora sin su consentimiento.
Ese documento, según la acusación, buscaba dar apariencia de veracidad a la operación ante el arrendatario. La Fiscalía considera que este modo de actuar se repitió, con distintos matices, en otras gestiones inmobiliarias.
En otros casos, las víctimas acudían al agente para que gestionara la venta de sus propiedades. Una vez formalizada la operación y recibidas las arras de terceros, el dinero no era entregado a los legítimos vendedores. Las cantidades retenidas llegaron a ser de 15.000 y 25.000 euros.
La acusación también recoge un bloque relacionado con las gestiones de postventa. Numerosos perjudicados habrían entregado al procesado dinero para abonar impuestos ante la Hacienda Foral, gastos de notaría y trámites en los registros de la propiedad.
Sin embargo, el fiscal sostiene que el encausado solo pagaba los honorarios notariales para mantener la apariencia de que el trámite avanzaba. El resto de fondos, según la acusación, habría sido incorporado a su patrimonio o al entramado de su actividad personal.
Cuando los afectados empezaban a reclamar por las deudas generadas o por la imposibilidad de registrar sus viviendas, el acusado habría emitido cheques y pagarés. La Fiscalía asegura que lo hacía sabiendo que las cuentas de su inmobiliaria carecían de fondos.
Esa situación provocó nuevos perjuicios económicos a las víctimas, que tuvieron que asumir gastos bancarios derivados de las devoluciones. También se reclaman importes por la obtención de segundas copias de escrituras.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito continuado de estafa, otro de apropiación indebida y un delito de falsedad en documento mercantil. Los dos primeros se califican en su modalidad agravada por la cuantía del perjuicio y por la situación en la que quedaron las víctimas.
La Fiscalía solicita además que se aplique la agravante de reincidencia, ya que el acusado fue condenado previamente por la misma Audiencia de Navarra por delitos idénticos.
La petición de condena asciende a 9 años de prisión y una multa de 15 meses, a razón de quince euros diarios, por el delito de estafa. Por la apropiación indebida reclama otros 9 años de cárcel y una multa idéntica.
A esas penas se suman 2 años y 4 meses de prisión por la falsedad documental, junto con otra multa de once meses. En total, la Fiscalía pide 20 años y 4 meses de prisión.
El escrito también solicita la inhabilitación especial del acusado para ejercer cualquier actividad relacionada con el sector inmobiliario durante un periodo total de quince años.
En concepto de responsabilidad civil, la cantidad que el procesado debería reintegrar a los afectados es importante Entre las indemnizaciones figuran 12.000 euros para compradores de Los Arcos, 18.650 euros por un caso en Sartaguda y 20.000 euros por una venta fallida en Estella.
También se reclaman cantidades que oscilan entre los 25.000 y los 45.000 euros para damnificados en Viana y Lodosa. A esas sumas se añaden los intereses legales y los gastos derivados de devoluciones de pagarés y trámites documentales.
La mercantil utilizada por el procesado ha sido declarada responsable civil subsidiaria de todas estas cuantías, según recoge la acusación del Ministerio Fiscal.
