El Monumento a los Caídos de Pamplona ha llegado a los tribunales después de que UPN haya recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la rebaja de su protección patrimonial. Esta modificación permite la demolición o transformación de elementos como las arquerías laterales y la cripta.
La formación foralista ha pedido al TSJN que declare nula la resolución de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. UPN considera que la decisión ha vulnerado la normativa de patrimonio cultural al apartarse del criterio de los técnicos sin ofrecer una justificación suficiente.
"Lo que recurrimos no es un debate político sobre el futuro del monumento, sino una resolución administrativa que, a nuestro juicio, incumple la legislación de patrimonio", han señalado desde UPN. El partido ha defendido que no se puede reducir la protección de un edificio catalogado ignorando los informes técnicos y sin motivar adecuadamente la decisión.
En su demanda, UPN ha recordado que el Servicio de Patrimonio Histórico emitió un informe en el que consideraba que el cuerpo central y las arquerías forman un conjunto arquitectónico coherente. Por este motivo, los técnicos recomendaron mantener el actual nivel de protección para garantizar su integridad formal y arquitectónica.
Sin embargo, la resolución adoptada por la Dirección General de Cultura ha rebajado la protección del cuerpo central y ha eliminado la de otros elementos del inmueble. Esta modificación afecta directamente a partes relevantes del Monumento a los Caídos de Pamplona.
UPN ha sostenido que el documento administrativo no explica de manera suficiente por qué se ha apartado del criterio de los especialistas. Tampoco justificaría desde un punto de vista patrimonial y arquitectónico la reducción del nivel de protección del edificio situado en Pamplona.
"Cuando una administración decide no seguir el criterio de sus propios especialistas, debe explicar de forma clara y rigurosa las razones que justifican ese cambio", han afirmado los regionalistas. A su juicio, la motivación incluida en la resolución ha resultado insuficiente para adoptar una decisión de estas características.
El recurso también ha señalado que la Ley Foral de Patrimonio Cultural obliga a las administraciones públicas a garantizar la conservación y protección de los bienes que forman parte del patrimonio cultural de Navarra. UPN considera que este deber se ha incumplido al facilitar actuaciones sobre elementos protegidos sin acreditar que sean compatibles con sus valores patrimoniales.
La demanda ha abordado igualmente la referencia a la Ley Foral de Memoria Democrática. Según la formación foralista, esta norma no exime a las administraciones de cumplir las obligaciones establecidas por la legislación de patrimonio cultural.
"La resignificación de un edificio puede plantearse dentro del marco legal, pero no puede servir para dejar sin efecto las obligaciones de protección que impone la legislación patrimonial", han defendido desde UPN. El partido ha diferenciado así entre el futuro uso del inmueble y el cumplimiento de la normativa administrativa.
UPN ha recordado, además, que el expediente recoge un acuerdo político previo del Ayuntamiento de Pamplona para transformar el monumento. Esta propuesta contemplaba, entre otras actuaciones, la demolición de las arquerías y de la cripta.
A juicio de los regionalistas, la modificación de la protección patrimonial ha terminado dando cobertura a esa decisión política pese a existir un informe técnico contrario. Esta circunstancia también ha sido incluida en el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Por estos motivos, UPN ha solicitado que se anule la resolución de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. La formación considera que la decisión vulnera la legislación patrimonial, carece de la motivación exigida, se aparta injustificadamente del criterio de los especialistas e incurre en una posible desviación de poder.
