Quienes no viven en Navarra quizás no conozcan en profundidad la situación de la obra del desdoblamiento de los túneles de Velate. Sobre esta actuación escribí el 4 de agosto de 2025 un artículo que colgué en una página web profesional (LinkedIn), relativo al proceso de licitación y adjudicación de esta obra, con una conclusión meridiana y un diagnóstico sobre esa adjudicación a la UTE Servinabar-Acciona-Osés: ¡Apestaba a manipulación!
Hoy cabe ir más allá, ya que la obra, a medio ejecutar —realmente no es más que un agujero en un monte—, va a necesitar la rescisión de su contrato por el cúmulo de irregularidades e ilegalidades cometidas y, además, redactar un nuevo proyecto de finalización de actuaciones y licitarlo nuevamente. Y a todo ello, “átense los machos”, el nuevo proceso irá unido a la obtención de autorizaciones y tramitaciones administrativas varias.
El horizonte de la finalización se estima ahora en el año 2030 para tener los túneles desdoblados (aún falta licitar el túnel de Almandoz, cuyo proyecto esperemos que esta vez sirva para ejecutar).
Cabe señalar que la licitación futura corresponde a un proyecto de finalización de actuaciones que hoy no existe, hay que redactarlo, tras practicar la liquidación previa de lo ejecutado, tampoco aún realizada; y todo basado en una rescisión del contrato con la UTE que tampoco se ha culminado, más las secuelas que pueda llevar aparejadas la previsible incursión de la UTE en la vía judicial.
El conjunto de esta actuación, con la proverbial lentitud de la Administración, puede prolongar el plazo de desdoblamiento de los túneles sine die.
Y para más inri, tendremos que soportar sobrecostes, ya que, mediando una inflación disparada al 4,9 % en septiembre último, los precios unitarios del nuevo proyecto serán lógicamente más altos… y tendrán que ser soportados, una vez más, ¡por el sufrido contribuyente!
Es una obra licitada en 95 millones de euros y adjudicada en 76 millones, con una baja del 20 %, la máxima permitida, a una Unión Temporal de Empresas donde aparecía una, Servinabar, que luego se ha demostrado que era un mero conseguidor de obra pública, sin estructura ni experiencia, y cuya verdadera función y participación en la contratación pública está siendo objeto de investigación, entre otras cuestiones, por la posible existencia de comisiones o coimas ilícitas.
Este proyecto y su ejecución hasta la fecha baten todos los récords en lo conocido en cuanto a irregularidades, y se han desarrollado con una gestión absolutamente descabellada, ilegal, arbitraria y quizás se hayan podido cometer varios ilícitos penales y administrativos por parte del Gobierno de progreso de Navarra, que un juez deberá determinar a su debido tiempo.
La situación no tiene un pase, es un esperpento, un vodevil, una astracanada, un sainete desde el origen.
Analicemos un conjunto de hitos, sin tratar de ser exhaustivos, que caracterizan los avatares irregulares de los que ha estado trufado este expediente, y donde la presunción de corrupción impregna la mayoría de las actuaciones. Trataré de ceñirme a los “hechos constatados”, si bien será imposible no deslizar algunas opiniones, que obviamente pueden ser discutidas y discutibles.
Todo comenzó con los tres votos particulares de la Mesa de Contratación, que son demoledores y que fueron el inicio del escándalo. Muy recomendable su lectura, que pone los pelos como escarpias.
No deja de ser reseñable, por atípico, que la adjudicación se realice por mayoría, cuando lo usual es que sea por unanimidad. Tres votos discrepantes: del interventor, del secretario de la Mesa de Contratación y del representante de la Junta de Contratación, y los tres son de entidad.
A modo de ejemplo: las maniobras que se hicieron para “encajar” (a martillazos) el certificado del túnel de Monrepós (Huesca) en la cantidad exigida por el pliego fueron todo un esperpento. Y para colmo, el director general, Sr. López Vera, obviando las competencias de la Mesa de Contratación, hizo por su cuenta y riesgo una consulta directa al Ministerio.
Aparece la empresa fantasma, Servinabar, cuya estructura y participación en la contratación pública (recuérdese su objeto social inicial, luego convenientemente mutado y maquillado) está siendo investigada por su papel en un posible cobro de comisiones ilícitas o mordidas por adjudicación de obra pública. Ahí estaban colocados todos los parientes de un grupo de socialistas: la hermana y el “cuñao” de Santos Cerdán, la pareja de Ramón Alzórriz, Vicente Fernández, el de la SEPI, pareja de Marisú Montero, y posiblemente algún hijo de un miembro destacado de UGT.
Las prórrogas de permanencia en la función pública, a base de disposiciones adicionales en los presupuestos generales de Navarra desde 2022 y una ley de medidas fiscales, permitieron ampliar la vida laboral de D. Jesús Polo, presidente de la Mesa de Contratación, de los 70 a los 73 años, presumiblemente para redondear su pensión de jubilación.
La primera de las disposiciones adicionales se registró in voce por parte del Sr. Ramón Alzórriz, y ahora sabemos que también con el plácet y firma de la Sra. Barcos… En el presupuesto sucesivo quedó retratada la autoría de cocinar las prórrogas y lleva la firma de Dña. Elma Saiz, entonces consejera de Hacienda, y ahora previsible cabeza de lista del PSN en las próximas elecciones del 29-N.
¡Aquí el que no corre, vuela, o por lo menos planea!
Escuchamos las declaraciones de los técnicos de la Mesa de Contratación, que confesaron haber sido intimidados por su presidente, D. Jesús Polo, y a lo que siguió la burda manipulación ejecutada también por Polo de las puntuaciones, hasta conseguir adjudicar el contrato a esta UTE de Servinabar y Acciona.
Basta aplicar unas sencillas operaciones aritméticas (no más allá de suma y resta) para ver que las puntuaciones se otorgan a posteriori, para llegar a un resultado predeterminado que permita adjudicar a Servinabar y a Acciona, como así ocurrió.
La actuación oscura de Acciona resulta incomprensible, aliándose con Joseba Antxon Alonso, dueño del 51 % de Servinabar, aparentemente amigo de Uxué Barcos, cuya intervención y relación con Servinabar constituyen uno de los aspectos que deberán esclarecerse en la investigación judicial en curso.
Por otra parte, como todo empezó en Mina Muga (Geoalcali), hoy conocemos que la matriz australiana se ha ido a la lona (suspensión de pagos).
Quizás sería bueno que nos contasen a los navarros si esta aventura minera ha tenido coste para el contribuyente, bien sea en expropiaciones, subvenciones o cualquier otra aportación de dinero público.
Ítem más: ¿no era de Mina Muga de lo que hablaba la Sra. Chivite con Acciona en aquella comida en Palacio durante la pandemia?
Según la respuesta a la pregunta parlamentaria (11-24/PES-00194), la Sra. Chivite Navascués reconoce que se reunió con el Sr. Alonso Egurrola el 24 de julio y el 20 de octubre de 2020, y el 21 de abril y el 17 de septiembre de 2021, y que trataron sobre las obras del Archivo General del Palacio de Navarra y el proyecto constructivo Mina Muga de Sangüesa.
Las obras del Archivo fueron liquidadas con casi medio millón de euros adicionales y seis meses más de plazo, bajo la batuta del Sr. Remírez Apesteguía.
Cuando el resto de los súbditos, por la pandemia, no podíamos comer fuera de casa y debíamos tomar el café con mascarilla, tal como nos enseñaba en su delirante tutorial el vicepresidente Sr. Ramírez; durante el timo del virus chino, cuando nos multaban, nos arrestaban anticonstitucionalmente y se dedicaban a robar con las mascarillas.
Me reí a mandíbula batiente cuando recuerdo aquel episodio y lo comparo, salvando las distancias, con la actuación de los geniales Tip y Coll, que nos enseñaban a llenar un vaso de agua con su francés macarrónico. Es la constatación palmaria de la diferencia entre la chabacanería y la genialidad.
Reitero que se produjo, como aperitivo, la adjudicación a Servinabar, que no era algo más allá que una gestoría, de la remodelación del Archivo General, y que concluyó con la concesión de un sobrecoste de casi medio millón de euros y seis meses de plazo adicional al aterrizar el Sr. Remírez en el Gobierno, admitiendo un recurso que el anterior equipo del Departamento había desestimado.
También tuvimos noticias a través de la Oficina Anticorrupción del exilio forzoso de D. Lorenzo Serena al almacén de Landaben, un funcionario íntegro y honrado a carta cabal, a la sazón secretario de la Mesa de Contratación. Un episodio solo entendible desde el uso de la más abominable prepotencia, indecencia y arbitrariedad… y tras esto, ¡ahí siguen “tan pichis”, sin ocurrírseles irse a su casa!
En la Comisión del Parlamento escuchamos la declaración del jefe de la Sección de Minas, que descubrió todo el pastel, y la absoluta falsedad de la necesidad del Modificado número 1, que no era más que un ardid para cobrar un sobrecoste de 8,54 millones de euros a los contribuyentes (cifra que ya puede rondar los 9 millones, por efecto de la paralización), y que no tiene explicación posible, salvo legalizar las tropelías de la UTE (malicia, se denomina en el informe de la Asesoría Jurídica).
Se produjo el cese del director general de Cohesión Territorial, López Vera, único chivo expiatorio por el momento en este vodevil. Si bien fue compensado con una plaza de funcionario en una de esas regularizaciones por consolidación exprés de puestos funcionariales vitalicios.
Desconocemos qué documentos pudo generar el director general y qué promesas pudo haber por medio para que la UTE siguiera ejecutando excavación y sostenimiento sin amparo legal. Si la cuestión termina en el contencioso-administrativo, sabremos qué documentos se firmaron y si servirán a la UTE para intentar resarcirse económicamente.
El director de la obra, Sr. Lasheras, contratado a través de una ingeniería externa, iba a ser fulminantemente cesado, dadas las irregularidades y arbitrariedades que su labor conllevó y permitió, pero hete aquí que nos enteramos ahora de que ahí sigue y que va a realizar la liquidación de este fantasmagórico proyecto en la parte ejecutada por la UTE. ¡Increíble! ¡Vivir para ver!
Por un mínimo de decencia democrática, esperemos y confiemos que la liquidación y todas las certificaciones se harán públicas, pudiéndose conocer de primera mano cuánto y por qué conceptos se abona lo preceptivo legalmente a la UTE.
Mención especial merecen las conclusiones de la inservible Comisión de Investigación del Parlamento Foral, en las que los parlamentarios del progreso se autoexoneraron sin recato y sin pudor. Las conclusiones eran un mero paripé, escritas antes del inicio de la Comisión.
¡¡¡Deberían devolver las dietas!!!
Quedó patente la inutilidad de esas comisiones y el nivel de los que parasitan en el Parlamento, y que fuera de la política, y aún menos en la empresa privada, difícilmente tendrían dónde obtener semejante retribución.
Esta Lerdocracia debería revisar cómo se confeccionan las listas cerradas de la Partitocracia, teniendo que ser palmeros del baranda para ser incluidos y lograr una canonjía de cuatro años. Sería clarificador publicar la fe de vida laboral de sus integrantes, para que conociésemos en qué empresas han trabajado y quién les ha pagado sus cargas sociales.
El expediente de adjudicación está judicializado por la Audiencia Nacional, y con la UCO detrás, dentro de la investigación de la corrupción en las adjudicaciones de obras públicas, y donde uno de los protagonistas es Santos Cerdán, dueño, según la UCO, del 45 % de Servinabar.
El expediente de adjudicación cuenta con el dudoso honor de tener una declaración de “nulo de pleno derecho” de la Oficina Anticorrupción (OANA).
El informe del auditor de la Cámara de Comptos resultó también demoledor y se trató de manipular, en un intento burdo de censura a posteriori por su presidente, con objeto de agradar a sus mentores que lo eligen. Por si esto fuera poco, se trató de apuntalar su actuación con el apoyo de los antiguos presidentes de la Cámara de Comptos. Actuación gregaria lamentable y poco edificante, que hace un daño reputacional e irreparable a la propia Cámara.
Existe, y es absolutamente decisivo y decisorio, el reparo suspensivo del interventor general del Departamento de Economía y Hacienda al Modificado número 1, que trató de incorporar unidades de beneficio exclusivo de la UTE y pretendió certificarse y cobrarse como sobrecostes.
Hemos conocido la previsión de un Modificado 2, en preparación incluso antes de haber empezado la ejecución, según actas incautadas por la UCO en el registro de Servinabar. Y ahí reside precisamente uno de los aspectos más escandalosos: la “malicia” de una UTE que, según se desprende de esta documentación y del informe de la Asesoría Jurídica, confeccionaba los modificados con carácter previo a comenzar las obras. ¡Una manera verdaderamente prodigiosa de anticiparse a los imprevistos geológicos!
Aún no conocemos a quién pertenece realmente el 4 % de Servinabar, atribuido a un menor, lo que podría inducir a pensar en un testaferro, según el informe de la UCO.
Resulta de todo punto extraña, ilógica e irracional la UTE de Servinabar con Acciona en varias obras, en Navarra y España. Solo se entiende comparando la entidad de las empresas, en el supuesto de que hubiera por medio mordidas por tráfico de influencias.
Finalmente, el informe de la Asesoría Jurídica Central del Gobierno de Navarra ha cortocircuitado el intento de abonar el Modificado número 1, argumentándose que debía ir a cargo del enriquecimiento injusto de la Administración, y ello aún más cuando en el meritorio informe se explicita “la malicia” de la UTE.
Tras el reparo suspensivo y ante la inviabilidad de abonar esa obra ejecutada, se intentó explorar la posibilidad de hacerlo bajo ese paraguas del enriquecimiento injusto de la Administración, vía abortada por la Asesoría Jurídica. La ejecución de la obra de facto quedó paralizada prácticamente desde junio.
Por mucho que se trate de inventar eufemismos, como “secuenciar” la obra, la realidad es tozuda y desde ese mes la obra está parada, y prácticamente sin producción.
Ahora conocemos aún más datos que hacen que el expediente y las actuaciones de sus gestores acaso debieran residenciarse directamente en los tribunales, no solo por la adjudicación, sino por el cúmulo de irregularidades en la ejecución.
Sin director general de Obras Públicas, por cese de Pedro López Vera, la directora general de Transportes, Berta Miranda, firma una orden de continuidad de las obras el 31 de diciembre de 2025, para que la UTE, ya sin Servinabar, expulsada en los primeros compases del escándalo, continúe haciendo las obras de manera absolutamente ilegal y de acuerdo con un proyecto inexistente desde el punto de vista administrativo y legal, al no estar aprobado.
Y aquí reside otra de las cuestiones más graves de este monumental bodrio: la existencia de una resolución de continuidad de las obras que era desconocida hasta ahora, pese al reparo suspensivo que pesaba sobre el modificado. Desconocemos qué promesas o compromisos pudieron mediar y, sobre todo, qué consecuencias económicas tendrá para los contribuyentes navarros si la UTE decide acudir a la vía contencioso-administrativa para reclamar el abono de esos trabajos.
En una palabra, se otorga a la UTE carta blanca y patente de corso para que siga ejecutando unidades de obra no amparadas legalmente. La Intervención, cuando se entera de esto, hace advertencia de ilegalidad y finalmente la ejecución queda en ralentí y, en junio, de facto, se para.
Para que se me entienda, cuando la Sra. Chivite y su troupe se hacen la foto del “cale” del túnel (conexión de ambas bocas) el 19 de junio, se retratan sobre una plataforma rocosa, en la base del túnel, que ocupa media sección y está pendiente de excavación por destroza, en contra del proyecto aprobado y vigente, que obligaba a excavar la sección completa.
Y es que, mientras el proyecto legalmente vigente exigía esa excavación completa, se estaban ejecutando trabajos correspondientes a un modificado sobre el que pesaba la espada de Damocles del reparo suspensivo decretado por el interventor general. Tampoco las cerchas de sostenimiento de la bóveda del túnel, escenario de la instantánea propagandística, tienen amparo legal.
Es decir, la UTE está haciendo las obras a su conveniencia y capricho, sin amparo legal alguno, mientras el Departamento de Cohesión Territorial emite una orden de continuidad del Modificado número 1 que la Intervención desconoce. Veremos qué consecuencias económicas tiene esta resolución para el contribuyente navarro en la vía contencioso-administrativa, si finalmente la UTE reclama.
Finalmente, el Gobierno, con su presidenta al frente, “se retrata” sobre un escenario ejecutado de manera ilegal. ¡Más chapucero imposible!
Para arreglar y tapar este infumable bodrio se intentó la vía del enriquecimiento injusto de la Administración, con el resultado conocido: un varapalo sideral a esta colección de botarates, ya que fue torpedeada y tumbada, por inviable, por la Asesoría Jurídica Central del propio Gobierno de Navarra.
Más allá de las consecuencias políticas, que no se asumen, podemos estar ante algunas actuaciones que podrían, en su caso, presentar relevancia penal —extremo que obviamente solo y exclusivamente podrá ser determinado por los tribunales—, por lo que deberían ser objeto de la correspondiente investigación.
Tendremos que esperar a que este disparate se solvente en la vía judicial, exigiendo las responsabilidades en que se pudiera haber incurrido por quien haya firmado u ordenado continuar semejante sinsentido.
Toda esta catarata y este cúmulo de despropósitos e ilegalidades han propiciado la suspensión de las obras, el anuncio de rescisión del contrato y la licitación de la obra pendiente. Tras este tremebundo proceder, no quedaba más que esa opción factible.
Hace escasas fechas hemos conocido la Resolución 215/2026, de 17 de septiembre, de la nueva directora general, que deja sin efecto la Resolución 192/2025, de 28 de mayo, firmada por el Sr. López Vera, que aprobó el Modificado n.º 1. Más de un año después volvemos a la casilla de salida, tras la delirante y de todo punto alucinante actuación administrativa.
En esta nueva resolución se trata de justificar la oscura actuación anterior echando mano del manido argumento y viejo truco (más antiguo que el hilo negro), cual es culpar a la heterogeneidad del terreno y a la geología encontrada en la excavación. Esto es recurrente en un número elevado de modificados, sobre todo de túneles. ¡Viejísimo truco!
Resulta paradójico, si bien es cierto que la geología es cambiante, no homogénea ni continua, pero en este caso existe un túnel ejecutado hace más de treinta años, en paralelo, y cuyos archivos deberían haber suministrado información suficiente que permitiese conocer y “amarrar” bien la geología de esa zona.
Es por eso que la afirmación contenida en la Resolución 215/2026, según la cual “el túnel se considera suficientemente estable a colapsos y derrumbes”, a mí personalmente, y una vez confesado mi desconocimiento de las condiciones finales del sostenimiento, se me antoja un tanto tajante y extrema, arriesgada en una palabra.
El túnel va a estar sometido durante bastantes meses a una práctica inactividad, y es obvio que las condiciones del trasdós tanto de la bóveda como de los hastiales van a sufrir variaciones naturales.
Acabamos de atravesar una época muy seca, pero es de esperar que en los meses venideros, y aún más en el macizo de Velate, la pluviometría sea alta, algo que coadyuvará a que existan flujos de agua más o menos incontrolables. No resultaría descabellado pensar que se pudiera producir algún derrumbe, tan siquiera local, por pérdidas de cohesión del terreno.
Es perfectamente conocido que en el actual túnel de Velate se han producido innumerables episodios generados por flujos incontrolados de agua que han obligado a cerrarlo por desprendimientos y utilizar el puerto como alternativa.
Confiemos, esperemos y deseemos que la madre naturaleza no gaste malas pasadas. Me resulta difícil de entender una aseveración tan categórica y contundente, si bien también es cierto que se indica que se harán controles periódicos.
Y en todo caso, descubiertas las discrepancias geológicas y geotécnicas entre lo previsto en el proyecto original y la realidad, el procedimiento para realizar cambios técnicos está perfectamente reglado en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y ello no se compadece con abrazar a ciegas el proyecto que propone la UTE, bendecido acto seguido por el director facultativo y santificado con posterioridad al inicio de su ejecución por una resolución del director general.
A mi entender, resulta alarmante la afirmación que se realiza en la Resolución 215/2026: “El proyecto original no tenía las autorizaciones necesarias para su ejecución ni se ajustaba a la realidad geológica del terreno, por lo que no era factible su ejecución”.
Esta categórica aseveración abre unos interrogantes preocupantes:
¿Quiénes fueron los contratados para redactar ese proyecto, que aparentemente resulta tan inejecutable?
¿Qué funcionarios del Departamento de Cohesión Territorial controlaron y dirigieron su redacción?
¿Quiénes lo aceptaron y aprobaron?
¿Quiénes gestionaron “las autorizaciones necesarias” que resultaron de todo punto insuficientes?
¿Quiénes dieron el plácet para adjudicar un proyecto aparentemente tan defectuoso e inservible?
Porque resulta de todo punto alucinante que la propia Administración reconozca ahora que el proyecto original no tenía las autorizaciones necesarias ni se ajustaba a la realidad geológica del terreno. ¿Cómo se redactó, supervisó, aprobó y adjudicó entonces un proyecto que ahora se considera inejecutable? ¿Y quién responde por semejante despropósito?
Acaso esta catarata de preguntas, y en función de las respuestas, llevase aparejado pedir responsabilidades a quienes redactaron, supervisaron y controlaron un proyecto cuyo coste al contribuyente es de más de un millón de euros.
Habrá que ver si el retraso generado con esta catastrófica actuación (previsión 2030) es aceptado y asumido por la Unión Europea, cuando ya la fecha de 2027 se consideraba muy tardana. Podría incluso incoarse algún expediente sancionador.
Además, para los habitantes de la parte norte de Navarra, estos retrasos suponen un hándicap y una discriminación muy negativa en sus desplazamientos a otras zonas de la Comunidad. Y es que, más allá de todo este sainete administrativo, estamos hablando de una infraestructura necesaria para las comunicaciones de Navarra, cuya finalización vuelve a alejarse en el tiempo. Años de espera añadidos para quienes utilizan esta vía, mientras los sobrecostes y las consecuencias de semejante gestión recaen, una vez más, sobre los mismos contribuyentes.
Oyendo a la Sra. Chivite, no daba crédito a lo que estaba escuchando: “Teníamos un problema… y lo hemos solucionado”.
Me quedé estupefacto. O sea, creas un problema por tu ineptitud e incapacidad, trufado además de corrupción, y se arbitra una solución que es un pie forzado legal y que conlleva retrasos y sobrecostes, y te muestras orgulloso y sacas pecho con tu actuación. ¡Alucinante! Pero de verdad, Sra. Chivite: ¿Uds. creen que somos idiotas? Una cosa es que lo crean y otra es que nos lo espeten en la cara.
Este expediente me hace recordar aquella canción infantil —que casi siempre resultan ser verdaderas parábolas—:
Este puso un huevito (el Sr. Polo en la Mesa de Contratación), este lo peló (el Modificado n.º 1, aprobado por el director de obra), este le echó sal (la resolución aprobatoria del Sr. López Vera) y este se lo comió todito (la UTE, que muy probablemente buscará la vía contencioso-administrativa para resarcirse). La granja de las gallinetas ponedoras se llama Servinabar, y los ganaderos de aviar son los Sres. Antxon Alonso y Santos Cerdán… pero hay más colaboradores necesarios en este esperpento, y confiemos en que la Justicia, aunque lenta, haga aflorar las actuaciones de cada uno y consecuentemente se exijan las responsabilidades en que se hubiera incurrido, Código Penal en mano.
Finalmente, y parodiando a Groucho Marx: “No crean lo que ven sus ojos, crean lo que yo les digo”…
Lo que ven sus ojos es un intento de manipulación con presunta corrupción añadida, con el objetivo de pagar mordidas a través del tráfico de influencias en la adjudicación de obra pública, pero créanme, todo es legal y transparente. ¡Aleluya!
Difícilmente le caben más ilegalidades y disparates a este monumental engendro, a este bodrio que han parido y alimentado, y que como espectadores contemplamos con estupor los ciudadanos, horripilados ante lo que no es sino el súmmum de los disparates y de las chapuzas, con efluvios de corrupción añadidos.
¡Hasta cuándo pretendéis abusar de nuestra paciencia!
Ignacio Martínez Alfaro
Ingeniero de Caminos.
