Los tres principales condenados por haber reventado el Riau-riau de 2012 no ingresarán en la cárcel por los gravísimos altercados de orden público provocados gracias a una sustancial reducción de las penas reclamadas por el fiscal.
Produce estupor que el fiscal haya rebajado de 8 años y 6 meses de prisión solicitados inicialmente para tres acusados a 15 meses para uno de ellos y 12 meses para los otros dos. Un cuarto procesado, que se enfrentaba a 3 años de cárcel, ha visto reducido su pena a 1.950 euros de multa, así como al pago de una indemnización de 500 euros a un ciudadano al que agredió. Una de dos. O en la primera calificación la fiscalía se pasó de arrancada o ahora se ha pasado de frenada.
Resulta difícilmente comprensible que unos hechos tan graves como impedir por la fuerza –a base de puñetazos y empujones a los policías municipales– la salida de la corporación municipal se hayan saldado con unas condenas tan benévolas y complacientes. Como se demostró en la erradicación de la 'kale borroka', no hay mejor remedio contra los disturbios y altercados callejeros que la máxima firmeza y dureza en la aplicación de ley. Los desmanes, en este caso, les van a salir gratis a los reventadores. La ciudadanía de Pamplona, una vez más, es la gran perdedora en este proceso.
