"Los navarros tienen derecho a saber cuánto dinero público se destina, quién lo gestiona, qué controles existen y cuál es el límite que pretende asumir el Gobierno de Navarra".
- domingo, 06 de septiembre de 2026
- Actualizado 11:31
Esta semana, en el Congreso de los Diputados, la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha pedido que Navarra pueda acoger a MENAS que han cruzado la valla de Ceuta tras la situación vivida el pasado 31 de julio. Lo ha justificado diciendo que ellos no tienen «ni odio ni son racistas».
Esta frase, pronunciada por el partido que en febrero de este año se negó a condenar a la banda asesina ETA en el Parlamento de Navarra, resulta, cuando menos, nauseabunda.
EH Bildu, partido político sustituto de la antigua Batasuna, vinculado al entorno de ETA, debería tener muy poco que enseñar a los demás sobre odio y racismo. ETA fue una organización criminal asesina que llenó de sangre las calles de Navarra y del resto de España por su odio hacia quienes no pensaban como ellos.
Fueron años de asesinatos, amenazas y persecuciones. Y también de desprecio por parte de los abertzales hacia aquellos que llegaron a Navarra desde Andalucía, Extremadura y otras partes de España en los años 70 para buscarse la vida y trabajar.
Ahora resulta que quienes durante décadas tuvieron problemas con quienes no compartían sus ideas vienen a darnos lecciones de solidaridad y convivencia.
Y, mientras tanto, apoyan que sigan llegando a Navarra cientos de MENAS, sabiendo que existe una parte importante de la ciudadanía navarra que cuestiona este modelo y reclama que se pongan límites y se garantice la seguridad y la convivencia.
Porque aquí hay otra cuestión que tampoco podemos olvidar: el dinero público.
Millones de euros salen de los bolsillos de todos los navarros para mantener este sistema, mientras el Gobierno de María Chivite sigue sin dar, a juicio de muchos ciudadanos, todas las explicaciones que debería sobre el coste, la gestión y los resultados de estas políticas.
Y cuando los ciudadanos protestan o simplemente hacen preguntas, la respuesta vuelve a ser la misma: acusarlos de racismo.
No, señora Aizpurua.
Preguntar cuánto cuesta, exigir control y reclamar seguridad no es racismo.
Los navarros tienen derecho a saber cuánto dinero público se destina, quién lo gestiona, qué controles existen y cuál es el límite que pretende asumir el Gobierno de Navarra.
Lo que resulta cada vez más evidente es que los socios de María Chivite se suman a su modelo de acogida mientras las quejas y protestas de muchos navarros siguen siendo ignoradas.
Primero fue el Gobierno de Chivite.
Ahora se suma EH Bildu.
Y mientras unos deciden y otros apoyan, la factura la pagan los navarros.
Quizá antes de dar lecciones de odio y racismo deberían empezar por explicar por qué todavía tienen tantas dificultades para condenar sin ambigüedades el terrorismo de ETA.
Porque una cosa es la solidaridad y otra muy distinta utilizarla como argumento para silenciar cualquier crítica.
Los navarros tienen derecho a opinar, a protestar y a exigir explicaciones. Y eso no convierte a nadie en racista.
