Pero los navarros también tenemos derecho a saber quién cobra, cuánto cobra, cómo se gasta nuestro dinero y quién controla que las cosas se hagan correctamente.
- domingo, 30 de agosto de 2026
- Actualizado 15:00
Hay palabras que, cuando las pronuncian algunos políticos, parecen abrir automáticamente la caja del dinero público.
Una de ellas es MENA.
Se habla de una nueva llegada de menores migrantes y, antes incluso de que los ciudadanos conozcamos cuántos van a venir, dónde se van a alojar o cómo se va a gestionar su atención, ya empiezan a aparecer los millones.
Millones de euros.
Y, como siempre, dinero ajeno.
En Navarra tenemos un ejemplo que debería hacernos reflexionar. El Gobierno foral ha comprometido 48,7 millones de euros hasta 2030 para el conjunto de programas y servicios concertados de protección infantil con la Fundación Ilundáin/Haritz Berri.
Que nadie se confunda: esos 48,7 millones no corresponden exclusivamente a los centros de Artica ni exclusivamente a menores migrantes. Pero sí demuestran el enorme volumen de dinero público que se mueve alrededor de este sistema.
Y precisamente por eso hay que preguntar.
Porque en Artica existen dos recursos residenciales gestionados por esa fundación. Y resulta que, después de años funcionando, el Ayuntamiento de Berrioplano ha tenido que intervenir al considerar que la actividad requería una licencia de actividad clasificada e iniciar un expediente para regularizar la situación.
Y yo me pregunto algo muy sencillo.
¿De verdad esto le ocurriría a cualquier pequeño empresario navarro?
Imaginen que cualquiera de nosotros abre un negocio sin la licencia que corresponde. No creo que la Administración nos dijera: «No se preocupe, siga funcionando unos años y ya veremos cómo lo arreglamos».
Más bien ocurriría todo lo contrario.
Inspección.
Requerimiento.
Posible sanción.
Y, si procede, cierre.
Pero parece que en Navarra hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Unos tienen que cumplir escrupulosamente cada requisito administrativo y otros, aun gestionando servicios financiados con dinero público, pueden encontrarse años después con un expediente de regularización.
Y esto no es criticar a los menores.
Que quede claro.
Un menor, venga de donde venga, debe ser protegido.
Lo que critico son las formas.
Critico que cada vez que surge este asunto la respuesta parezca ser siempre la misma: más dinero público.
Pero pocas explicaciones.
¿Dónde va cada euro?
¿Quién lo gestiona?
¿Qué entidades reciben los contratos o conciertos?
¿Qué controles existen?
¿Se cumplen todas las condiciones y licencias?
¿Quién responde cuando algo no funciona como debería?
Son preguntas perfectamente legítimas.
Porque el dinero público no cae del cielo.
Sale del bolsillo de todos nosotros.
De ese autónomo que paga sus impuestos. Del trabajador que llega justo a fin de mes. Del comerciante que tiene que cumplir una montaña de requisitos para abrir su negocio.
Por eso resulta tan fácil ser generoso con el dinero de los demás.
Y ahora, mientras Navarra vuelve a hablar de nuevas acogidas y nuevas partidas económicas, quizá antes habría que poner orden en lo que ya tenemos.
Porque la solidaridad sin control no es buena gestión.
Y la humanidad no puede utilizarse como una palabra mágica que impida hacer preguntas.
Precisamente porque hablamos de menores y precisamente porque hablamos de millones de euros públicos, la exigencia debería ser máxima.
Máxima transparencia.
Máximo control.
Y cumplimiento de la ley para todos.
Porque ayudar a quien lo necesita es humanidad.
Pero los navarros también tenemos derecho a saber quién cobra, cuánto cobra, cómo se gasta nuestro dinero y quién controla que las cosas se hagan correctamente.
Después de lo ocurrido en Artica, la pregunta ya no debería ser si Navarra debe ayudar.
La verdadera pregunta es otra:
¿Se está gestionando todo esto con humanidad y responsabilidad o alrededor de la gestión de los menores se ha creado un sistema donde algunos viven demasiado cómodamente del dinero de todos?
Porque ser solidario no significa dejar de preguntar.
Y exigir explicaciones sobre millones de euros públicos no es racismo ni falta de humanidad.
Es, sencillamente, defender lo que es de todos.
Y cuando el dinero es de todos, las explicaciones también deberían ser para todos.
Juan Antonio Extremera Apesteguia
