El Gobierno de Chivite blinda las viviendas protegidas de alquiler entre críticas por inseguridad jurídica

Las viviendas protegidas de alquiler de Navarra mantendrán su calificación de forma indefinida tras la aprobación este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra de una modificación de la ley foral del Derecho a la Vivienda. La medida afecta a 2.248 viviendas que iban a perder su protección.

La reforma ha salido adelante con los votos de PSN, EH Bildu, Contigo-Zurekin y Geroa Bai, mientras que UPN y PPN han votado en contra. El parlamentario de Vox, de baja médica, no ha participado en el pleno.

Varias personas que residen en viviendas protegidas de alquiler que iban a perder su calificación han seguido el debate desde la tribuna de invitados. Al conocer el resultado de la votación, han aplaudido la aprobación de la norma.

La modificación de la ley elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan pasar a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva.

Además, la protección indefinida se aplicará a todas las viviendas protegidas de alquiler o de arrendamiento asequible cuyo periodo de protección siga vigente en la fecha de entrada en vigor de la nueva ley. Esto se hará con independencia del momento en el que hubieran sido calificadas.

La norma también ha incorporado una enmienda de adición presentada por Geroa Bai sobre los derechos de tanteo y retracto. El texto reserva a las Administraciones Públicas el derecho de adquisición preferente sobre viviendas protegidas, junto a sus trasteros, garajes o anejos, que hayan sido descalificadas.

Ese derecho se aplicará a viviendas situadas en una zona declarada de Mercado Residencial Tensionado y que sean propiedad de una persona gran tenedora, es decir, con cinco o más viviendas en esas zonas. El objetivo es destinarlas al alquiler social u otros fines de interés público.

La prioridad de compra quedará limitada a los diez años siguientes a la fecha en la que expire legalmente el régimen de protección de la vivienda. Según el texto aprobado, abarcará “la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos”.

En la defensa de la reforma, el parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha afirmado que “la calificación de viviendas públicas no debería tener fecha de caducidad, ni en compra ni en alquiler, porque lo público no puede promocionar vivienda cuyo fin último es que se convierta en un producto especulativo, y sin embargo es lo que está pasando”.

López ha señalado que “todas las viviendas protegidas que se construyeron en Navarra antes de 2022, más tarde o más temprano, van a perder su calificación de protegidas”. En el caso de las destinadas al alquiler, ha advertido de que esto supone “un drama para miles de familias”.

Por ello, el parlamentario de Contigo-Zurekin ha defendido que la ley busca dar “una solución definitiva” a estas familias. La reforma se ha presentado como una respuesta a la situación de quienes llevan años viviendo en una VPO de alquiler y temían perder su hogar.

Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha mostrado su “postura contraria a esta disparatada carrera normativa” que, a su juicio, han emprendido los grupos que sostienen al Gobierno de Navarra en materia de vivienda. Según ha afirmado, estas medidas “lejos de producir un resultado positivo para la gente, les aleja más de la solución al problema”.

Sánchez de Muniáin ha asegurado que la modificación legal “va a perjudicar gravemente” a las empresas. Ha defendido que estas compañías “se dedican a ofrecer alquiler asequible” y ha criticado que se les haya creado “inesperadamente un problema”.

El parlamentario regionalista ha añadido que estas empresas navarras “no echan a la gente”, sino que reinvierten parte de sus beneficios en construir otros edificios de viviendas para alquilar. “A estas empresas les han cambiado las reglas”, ha censurado.

Por parte del PSN, Kevin Lucero ha indicado que “días como hoy hacen que la política merezca la pena”. Ha destacado que la ley trata de impedir que una vivienda protegida levantada “con esfuerzo público, con dinero público y con finalidad social” acabe convertida en negocio de mercado libre al vencer un plazo.

Lucero ha defendido que “no tiene ningún sentido” que una vivienda protegida nacida para garantizar un alquiler asequible termine siendo “una oportunidad para vender y hacer negocio”. El parlamentario socialista ha situado la reforma en la defensa del parque residencial protegido de Navarra.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha afirmado que hay personas y familias que llevan años construyendo su proyecto de vida en una vivienda protegida de alquiler y que ahora viven “con angustia, viven con incertidumbre y viven con miedo a perder su casa”.

Zabaleta ha defendido que “no se puede especular con viviendas protegidas” y ha anticipado que “seguro que habrá una batalla judicial” por la aprobación de esta ley. Según ha señalado, detrás de la descalificación de las viviendas existen “enormes intereses económicos”.

“La cuestión no es si alguien lo recurrirá o no, sino de qué lado nos posicionamos”, ha señalado el parlamentario de EH Bildu durante el debate en el pleno del Parlamento de Navarra.

La parlamentaria de Geroa Bai Itxaso Soto ha explicado que la modificación legal tiene una “doble mirada”. Por un lado, busca “garantizar que familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan seguir manteniendo su hogar”.

Por otro, Soto ha destacado que la reforma permitirá que “el parque público de vivienda en alquiler se mantenga”. También ha afirmado que esta medida evitará que fondos buitre puedan seguir operando “a sus anchas” y lucrándose del parque público residencial de la Comunidad foral.

Desde el PPN, Maribel García Malo ha compartido la necesidad de dar una solución a las personas que residen en estas viviendas protegidas de alquiler. Sin embargo, ha rechazado la fórmula planteada por los grupos que sostienen al Gobierno de Navarra.

García Malo ha advertido de que la proposición genera “una gran inseguridad jurídica, no solo para las empresas, sino para las propias familias, porque esto se va a judicializar”. “¿Esto les va a resolver el problema? Vamos a hacer las cosas bien, no desde la improvisación y al margen del sector”, ha afirmado.

La parlamentaria popular ha sostenido que esta proposición de ley vuelve a ser “otra vez más una improvisación sin contar con el sector”. La norma ha quedado aprobada este jueves, 25 de junio de 2026, en el pleno del Parlamento de Navarra.