La UCO ha situado a la empresa navarra Construcciones y Excavaciones Erri Berri, con sede en Olite, en el centro de una de las líneas de investigación abiertas sobre los presuntos pagos recibidos por las sociedades vinculadas al empresario Antxon Alonso, una de ellas Servinabar, firma de la que se investiga si Santos Cerdán llegó a controlar el 45%, extremo que el exdirigente socialista ha negado.
El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que Erri Berri y sociedades relacionadas con ella habrían abonado más de 575.000 euros a empresas del entorno de Alonso. La mayor parte de esa cantidad, unos 400.000 euros, estaría vinculada, según los investigadores, a las gestiones realizadas para que una UTE en la que participaba la empresa navarra lograra la adjudicación de una obra pública en Asturias.
La operación investigada se refiere al contrato para el desmantelamiento de las instalaciones y edificaciones de las Baterías de Coque y Gasómetros de Avilés, adjudicado por el Parque Empresarial Principado de Asturias, una sociedad participada por SEPIDES, dependiente de la SEPI. La adjudicación ascendió a 2,8 millones de euros y recayó en una UTE de la que formaba parte la compañía de Olite.
Según la UCO, Antxon Alonso, Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, habrían actuado de forma conjunta y coordinada dentro de un grupo que ellos mismos denominaron Hirurok. Los agentes sostienen que ese grupo habría utilizado sus contactos y su capacidad de influencia sobre personas vinculadas a organismos públicos para orientar determinados expedientes de contratación en beneficio propio o de terceros.
En el caso de Erri Berri, la Guardia Civil apunta a que el grupo habría intervenido para favorecer la oferta presentada por la UTE de la empresa navarra, pese a que se encontraba incursa en una baja temeraria. El informe recoge comunicaciones internas en las que se habría informado de que la propuesta había sido admitida antes incluso de que los técnicos firmaran el informe de valoración.
La investigación también atribuye a la presunta trama una intervención posterior para frenar el recurso presentado por otra licitadora tras la adjudicación. En esos mensajes, siempre según el informe de la UCO, los investigados habrían hablado de la posibilidad de actuar ante una eventual alegación y de las gestiones realizadas con responsables vinculados al procedimiento.
La Guardia Civil considera que, como contraprestación por esas gestiones, se habría pactado el pago de unos 400.000 euros. Para canalizar ese dinero, el informe apunta a la simulación de relaciones comerciales mediante facturas que los agentes ponen en duda. Los pagos se habrían dirigido a sociedades del entorno de Hirurok, entre ellas Mediaciones Martínez y Servinabar.
El documento sostiene que los abonos no solo habrían partido de Construcciones y Excavaciones Erri Berri, sino también de alguna empresa participada, como Reciclajes y Derribos Olite. Además, la UCO señala la posible intervención de una sociedad ajena al grupo, Valeriano Urrutikoetxea S.L., con el supuesto objetivo de dificultar la identificación del origen de los fondos recibidos por Mediaciones Martínez.
La importancia de Servinabar en esta línea de investigación reside en su vínculo con Antxon Alonso y en la participación que los investigadores atribuyen a Santos Cerdán. La UCO ha sostenido en otros informes que el exsecretario de Organización del PSOE habría tenido una participación del 45% en esa sociedad.
El informe también señala que la adjudicación de Avilés habría sido el inicio de una relación mercantil más amplia entre Erri Berri y las empresas vinculadas a Alonso. Según los agentes, el grupo habría buscado nuevas obras en las que la empresa navarra pudiera prestar sus servicios, tanto en el ámbito público como en el privado.
Entre esas posibles actuaciones, la UCO recoge un correo de octubre de 2022 enviado por Vicente Fernández a Antxon Alonso y Leire Díez con el asunto “Actuaciones conseguidas para Erri Berri”. En esa comunicación se citaban, entre otros proyectos, trabajos relacionados con demoliciones del Camp Nou y otras infraestructuras del Fútbol Club Barcelona, el derribo de una nave del parque empresarial Santana en Linares y la demolición de una nave de Tubos Reunidos en Sestao.
No obstante, el propio informe precisa que muchas de esas actuaciones no llegaron finalmente a realizarse. En relación con el Camp Nou, los investigadores recogen una referencia a una factura a Erri Berri que incluiría 150.000 euros por gestiones con el FC Barcelona.
La investigación de la UCO se enmarca en una causa sobre presuntas irregularidades en la contratación pública. En esta pieza, los agentes analizan si las sociedades de Antxon Alonso, entre ellas Servinabar y Mediaciones Martínez, habrían recibido pagos por gestiones de intermediación vinculadas a adjudicaciones o actuaciones ante organismos públicos.
El caso mantiene una especial derivada en Navarra por la presencia de Erri Berri, una empresa con sede en Olite, y por la conexión con Servinabar, la sociedad vinculada a Antxon Alonso en la que los investigadores sitúan el supuesto interés económico de Santos Cerdán. La investigación continúa abierta y las conclusiones de la UCO deberán ser valoradas ahora en sede judicial.
