Una jornada celebrada en Pamplona ha debatido acerca de los límites que debería tener la comunicación en noticias sobre investigaciones policiales o causas judiciales.
- jueves, 25 de abril de 2024
- Actualizado 19:37
Una jornada celebrada en Pamplona ha debatido acerca de los límites que debería tener la comunicación en noticias sobre investigaciones policiales o causas judiciales.
La Guardia Civil, aprovechando el 30º aniversario de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra, ha organizado este lunes en Pamplona una jornada, a modo de debate abierto, que ha llevado como título ¿Debe haber límites en la comunicación? Hacia un manual de buenas prácticas que responda a todos los intereses.
La palabra clave es "interés", aunque el término se sitúe al final del epígrafe del evento, en el que han estado presentes representantes de las fuerzas de seguridad y de la judicatura, y en el que el trabajo de los periodistas a la hora de cubrir sucesos o causas judiciales ha sido criticado por desvelar datos que no aparecían en las notas de prensa redactadas por los gabinetes de comunicación de los tribunales o las policías, o pertenecientes a causas con un secreto de sumario establecido por orden judicial.
Se ha llegado al punto de deslizar incluso que los periodistas deberíamos ser también responsables, y culpados como colaboradores necesarios ante la justicia, de las filtraciones que, a todas luces interesadas, han sido desveladas por miembros de esos mismos tribunales o cuerpos policiales. Una acción que en ocasiones puede ser constitutiva de delito para esas personas.
Así lo han expuesto tanto desde la mesa de ponentes como desde el público asistente, entre los que se encontraba el titular de un juzgado de Pamplona, que ha protestado por el hecho de que varios medios de comunicación publicaran declaraciones vertidas en un proceso en el que él había ordenado a todas las partes que no compartieran nada con la prensa.
La clave, decíamos al principio, es el "interés". El interés del juez, preciso, noble y completamente comprensible, es proteger la intimidad de la víctima, defender la presunción de inocencia del acusado y tratar de que nada ajeno al juicio se inmiscuya en el desarrollo del proceso, comprometiendo su resolución.
Pero ese no es el interés de los periodistas. Ni mucho menos, nosotros estamos a su servicio. Los medios de comunicación no nos debemos (o no deberíamos hacerlo, al menos) a partidos políticos, instituciones, cuerpos policiales, judicaturas, empresas... Nuestro interés no es otro que proporcionar información a un lector que reclama conocer qué ocurre a su alrededor. Y ganar dinero haciéndolo, porque no se nos paga vía impuestos, ni nos alimentamos del aire.
Sí que se nos llama el cuarto poder, pero eso no conlleva que seamos organismos públicos, ni que estemos atados al designio de una ciudadanía que nos elija en las urnas cada cuatro años. Pero sí que tenemos una responsabilidad pública, por haber asumido una función capital en el desarrollo de un sistema democrático, ejerciendo el papel de control de los otros tres poderes.
¿Significa eso que debemos aceptar a pies juntillas las limitaciones a la información que se traten de establecer desde los citados estamentos? Nada más lejos de la realidad, ya que nuestro interés como periodistas es satisfacer las necesidades informativas de la población, las cuales no las marcan ni jueces ni policías.
¿Significa eso que los medios de comunicación no debemos tener límites a la hora de comunicar? Rotundamente, no. ¿Sirve entonces una autorregulación basada en un código deontológico, en un manual de buenas prácticas, en un protocolo establecido y aceptado por nosotros mismos? En cierto modo, podría decirse que sí, porque los periodistas sabemos en nuestro fuero interno qué aspectos debemos dejar fuera de una noticia, ya sea por proteger a las víctimas, por no afectar al curso de una investigación o por no caer de bruces en el charco del morbo. Pero la respuesta vuelve a ser no.
En este caso, se antoja propicia una regulación por parte del Poder Legislativo que establezca límites en la información, tal y como se realizó hace años cuando se puso punto y final a las vulneraciones que sufrían hasta entonces los menores de edad, como bien se ha apuntado en la jornada. Una normativa que cambió drásticamente la actuación de los medios de comunicación, que pasamos a respetar a rajatabla los derechos de los menores.
Pero en lo que respecta a los límites en la comunicación desde estos gabinetes de prensa, en el caso de que las leyes establecieran márgenes a la hora de informar a la ciudadanía, no debería haber ninguno, y a los periodistas se nos debería informar de absolutamente todo.
A estas alturas de la película, con los avances en la tecnología que han posibilitado que cualquier persona se convierta en un emisor de información con una facilidad pasmosa, resulta terriblemente ingenuo pensar que los periodistas no nos vamos a enterar de lo que suceda en una investigación policial o dentro de la sala de un juzgado.
Si estos departamentos de comunicación trasladaran siempre el 100% de la información, se evitaría que salieran a la luz noticias con contenidos incompletos, faltos de contexto o que no han capturado correctamente, por desconocerla en su totalidad, la realidad de un acontecimiento.
Siempre que, insistimos, exista en el lado del periodista una regulación, por vía de la imposición legal o por alguna otra, que le haga guardarse todos aquellos datos que la ciudadanía no necesita conocer, a pesar de que el medio de comunicación tenga disponible toda la información. Porque solo él tiene en cuenta el interés que lo mueve: la necesidad de la población por disponer de una información veraz y lo más completa posible.
