El reto de luchar contra la despoblación fue calificado como "una urgente cuestión de Estado" en mayo de 2017 por el entonces presidente de la nación y, tras la moción de censura de 2018, el nuevo Ejecutivo creó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dotándolo de un fondo inicial de 10.000 millones de euros procedentes de fondos europeos. El objetivo era conectar el entorno urbano y el rural a través de la digitalización, la transición energética y el fomento del empleo femenino y juvenil.
Nuestra Comunidad Foral y su Gobierno no podían obviar tal iniciativa. Fue en noviembre de 2019 cuando se creó una comisión (cómo no) para luchar contra la despoblación junto a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), representante de las entidades locales navarras.
Esta comisión, según decían, "nace con proyectos y financiación". El propio departamento foral afirmaba que "2020 debe ser el año de la acción; la gente está cansada de estudios". En noviembre de ese mismo año, el portavoz foral insistía en "la lucha contra la despoblación con medidas concretas" y aseguraba: "Concretaremos la financiación del nuevo mapa local en un año".
En esas mismas fechas, en pleno 2020, se publicaba que 142 localidades de las comarcas del Pirineo, la Zona Media y Tierra Estella perdían población y se encontraban en una situación límite. Al mismo tiempo, se sucedían las quejas de habitantes de pueblos afectados. También se conocían la unión de 17 municipios en la Sierra de Codés para evitar el éxodo, la preocupación por la extinción de concejos y el dato de que 77 municipios navarros presentaban un riesgo extremo de despoblación.
Siete años más tarde, en julio de 2026 y en vísperas de San Fermín, el Gobierno foral anuncia el anteproyecto de una nueva Ley de Despoblación y Desarrollo Rural. Resulta incomprensible cuál es la urgencia del Gobierno foral. Con dos meses por delante de descanso, vacaciones e inactividad parlamentaria, ¿cómo piensan aprobar la batería de instrumentos previstos, tales como informes, clasificación de municipios de riesgo, estrategias, fondos extraordinarios o fiscalidad diferenciada? Todo ello, además, es en su mayor parte una copia del plan nacional de 2017.
Algunas frases de los políticos en la presentación no tienen desperdicio. El representante ministerial afirmó: "A través de políticas audaces hay que hacer posible el derecho a quedarse en los pueblos". Por su parte, el Gobierno foral señaló que "esta ley pone lo rural en el centro y no busca confrontar lo rural y lo urbano" y que "acciones anteriores han generado un conocimiento y trabajo que ahora se consolida en la normativa".
El colmo de la retórica llegó con la frase: "La cohesión territorial no es una opción, es una obligación". Mientras tanto, el alcalde anfitrión se limitaba a decir: "Agradecemos que se nos mire y escuche, y deseamos un futuro próspero para los pueblos". Supongo que el acto fue un éxito tras semejante repertorio de frases hechas y el agradecimiento del alcalde.
Sigo sin entender la urgencia, el momento ni el futuro de este anteproyecto de ley. Tras siete años generando —según dicen— "conocimiento y trabajo", se abre ahora un periodo de exposición pública de cuatro meses, hasta el 31 de octubre, para hacer aportaciones.
En enero se iniciará el trámite parlamentario y, una vez aprobada, vendrá el desarrollo reglamentario, que afectará a muchas materias y competencias, además de la correspondiente consignación presupuestaria. Todo esto, además, llega a las puertas de posibles elecciones en varios ámbitos. No alcanzo a comprender cómo lo que no se ha hecho en siete años se va a resolver en seis meses.
Aprovecho para plantear una aportación que ya desarrollé en mi colaboración del pasado 9 de junio en esta misma tribuna, titulada Opaca transparencia en el Gobierno Foral. Allí expuse que llevo meses esperando una información —tasas aparte— sobre cuántas viviendas de los antiguos Parques Camineros, adscritas al Departamento de Cohesión Territorial, están vacías, son inhabitables o se dedican a otra función.
Mi petición ha pasado por el Defensor del Pueblo y por el Consejo de Transparencia, donde, con mucha amabilidad, han desestimado mi solicitud. Esta información sería una contribución fundamental para una de las medidas previstas en el anteproyecto: la rehabilitación de viviendas en pueblos en riesgo de despoblación.
No pierdo la esperanza, aunque no sé si llegaré a tiempo dentro del plazo de alegaciones. Siguiendo el consejo de la OANA, presenté una tercera petición al departamento para solicitar el acceso directo al expediente que, por las declaraciones del titular, ya debería estar terminado.
Respecto a este tema inmobiliario, la prensa recogía hace poco las quejas de varios vecinos de Oronoz-Mugaire. Califican de "nefasta" la gestión del Ejecutivo foral, que mantiene seis viviendas cerradas a cal y canto desde hace cinco años sin impulsar ninguna solución. Los vecinos exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad y actúe de una vez.
Basta ya de discursos de manual y de sospechosas urgencias. Escuchen —además de mirar— a los afectados, tal y como pidió el alcalde anfitrión en la presentación. Hace falta menos leyes y más actuar porque, de lo contrario, la despoblación de Navarra corre el riesgo de volverse irreversible.
