Hubo un tiempo en el que el mes de septiembre era la época de los estudiantes rezagados que se jugaban el curso a una sola carta en la convocatoria extraordinaria. En ese mes, era la única manera de no repetir curso, de no perder la codiciada matrícula universitaria o de evitar los severos recargos económicos de las segundas y terceras convocatorias. Era un examen a contrarreloj donde se estudiaba en verano lo que no se había hecho durante el año, todo para salvar el expediente antes de que el reloj del nuevo curso se pusiera a cero.
Curiosamente, el Gobierno de Navarra se encuentra hoy en una situación idéntica a la de aquellos estudiantes de septiembre, aunque cambiando los libros de texto por el Boletín Oficial. Ante la perspectiva de un final de mandato y, quizás, ante el riesgo de un cambio de color político en las próximas elecciones, el Ejecutivo «progresista» ha entrado en una fase de «estudio intensivo» para intentar aprobar a toda prisa una serie de leyes: Industria y Fomento Empresarial, Salud, Despoblación y Desarrollo Rural o la Reparación de las Víctimas del Terrorismo, entre otras.
Además, tienen que debatir y aprobar la Ley de Presupuestos Generales. Aunque esa norma ya no se estila en el Gobierno central, en Navarra ha servido históricamente para «colar» a la oposición alguna cláusula adicional que luego se convierte en motivo de controversia.
Supongo que también estará en la tarea programada para estos escasos meses hábiles, antes de las luchas partidistas electorales, la aprobación de alguna de las propuestas que la ponencia parlamentaria —comenzada hace dos años con cerca de un centenar de expertos— remita al Gobierno foral para la modificación de la LORAFNA.
Muchas han sido las propuestas para esta Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: desde un nuevo texto y correcciones innecesarias hasta el debate sobre el idioma, un posible referéndum, la inclusión de nuevos «derechos de la ciudadanía» o la memoria histórica. Sin embargo, opino que la serenidad y la experiencia de los expresidentes (no de todos) y de contrastados expertos —incluso algunos no participantes en la ponencia— han coincidido en que cualquier reforma que se apruebe debe gozar del mayor consenso posible; es decir, de una mayoría cualificada.
Traigo a colación la opinión emitida en enero de 2026 por el Colegio de Abogados de Pamplona: «Explotar las competencias que ya se tienen y no se han desarrollado». También la de la primera experta compareciente, catedrática de la Universidad de Navarra, en mayo de 2024: «Si cambian el Amejoramiento, no lo empeoren». O el elocuente título del artículo de un habitual columnista, notario para más señas, en noviembre de 2023: Reformar el Amejoramiento, ¿para qué?.
En política, cuando las leyes se tramitan sin el debido debate y el máximo consenso, el riesgo de que el proyecto «caduque» jurídicamente en el cajón de la siguiente legislatura es altísimo. Por cierto, ¿en qué cajón de la consejería estará guardado el Mapa Municipal?
Bajo la premisa del «progresismo», el Ejecutivo de la socialista cirbonera ha alcanzado su máximo histórico con 13 consejerías, disparando el gasto en altos cargos y personal eventual de confianza (asesores y jefes de gabinete) en más de 1,5 millones de euros anuales. A esto se añade el opaco entramado de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), que coordina 16 sociedades públicas, muchas de las cuales dependen crónicamente de las subvenciones y transferencias directas de los Presupuestos Generales de Navarra para tapar sus números rojos y corregir la duplicidad de funciones que ya realizan los propios funcionarios.
El resultado es un techo de gasto público no financiero que bate récords año tras año, sostenido únicamente gracias a una asfixiante presión fiscal sobre el contribuyente navarro.
Navarra está sometida por un Gobierno de «progresismo» que pretende aprobar leyes atropelladamente en su particular «mes de septiembre» electoral, cuando lo que los ciudadanos demandan es un verdadero progreso para una Comunidad que se está quedando atrás, devaluada en todas sus facetas. Existe la imperiosa necesidad de aplicar eficiencia y de tener la certeza de que nuestros impuestos se destinan a los servicios públicos esenciales, y no a sostener el mayor organigrama político de nuestra historia.
JOSE LUIS DIEZ DIAZ – Funcionario foral jubilado
