"La presunción de inocencia no es una virtud moral, ni una declaración de bondad, ni el dogma de que el investigado jamás rompió un plato. Es, simplemente, una regla de juicio".
- jueves, 30 de julio de 2026
- Actualizado 11:10
Actualmente, una jauría de conmilitones y defensores de oficio del Gobierno socialista no necesita apelar a la decencia de sus apadrinados; les basta con agitar el ordenamiento jurídico como si fuera un hisopo de agua bendita. «Presunción de inocencia», claman con impostada gravedad democrática, confundiendo deliberadamente un límite garantista con un certificado de pureza celestial.
La presunción de inocencia no es una virtud moral, ni una declaración de bondad, ni el dogma de que el investigado jamás rompió un plato. Es, simplemente, una regla de juicio que establece que el Estado no ha logrado aportar pruebas de cargo válidas y suficientes para destruir la duda razonable.
Una sentencia absolutoria —no condenatoria— por insuficiencia probatoria no proclama que el acusado sea un «santo inocente»; solo certifica que el tribunal carece de certezas legales para encerrarlo. Traducido de la jerga procesal al castellano llano: «Sabemos lo que hiciste, pero no podemos demostrarlo al amparo de esta ley». El hecho real permanece imperturbable en el tejido de la historia, por mucho que la verdad jurídica tenga que mirar hacia otro lado.
Hasta un actual senador socialista por Madrid decía: «Quien confía en Rodríguez Zapatero debe demostrarlo dejando trabajar a la justicia. El expresidente dice haber actuado con legalidad, pero la última palabra la tienen los tribunales».
El colmo de este teatro se alcanza cuando el hecho, aun siendo flagrante, no goza de pena por un vacío legal, por una falta de tipificación en el momento de su comisión o por la dilación del proceso. Que, bajo el principio de legalidad penal, esto suponga un éxito técnico es indiscutible, pero exhibirlo como prueba de integridad ética constituye una burla sangrienta.
Otra variante de la corte de aduladores del «Ególatra Mutante» es recurrir con ligereza al viejo cliché de «poner la mano en el fuego». Ignoran que la expresión nace de las ordalías medievales, aquellos juicios de Dios donde el acusado abrasaba su carne con hierros candentes esperando un milagro que casi nunca llegaba.
Quien hoy pone la mano en el fuego por un tercero no está ejerciendo la lealtad, sino el fanatismo o la plena complicidad. Como señalaba Arturo Pérez-Reverte en un reciente XL Semanal: «Una especie aún más repugnante es la de los altos cargos institucionales —ministros— que, habiendo jurado servir al Estado, sirven a quien los ha nombrado».
En el ecosistema de la conveniencia política y el corporativismo de siglas, nadie se quema por amor al prójimo. Si los conmilitones defienden al imputado con uñas y dientes no es porque crean en su mística santidad, sino porque ellos mismos están metidos en la misma lumbre. Saben perfectamente que, si el primer imputado se quema, el incendio estructural se propagará por el pasillo hasta devorar sus propios despachos.
Asistíamos hace meses, en nuestra Comunidad Foral, a la canonización laica de «Santos-Inocente» por parte de destacados «subordinados», una ficción que parece carecer de rigor histórico —ningún cronista de la época registró la famosa matanza de Herodes fuera del relato evangélico—. Pero es igual: cuando interesa, se tira de la historia para alentar el victimismo de un compadre y compañía —hasta quemarse la mano— y así ocultar su podredumbre. No es garantismo, sino el más absoluto cinismo del corporativismo.
