"Resulta inadmisible que en la era de la transparencia un ciudadano deba peregrinar por registros, previa cita y hora, oficinas anticorrupción y defensor del pueblo"
- martes, 09 de junio de 2026
- Actualizado 18:03
Es posible que no todos los Departamentos o Servicios del Gobierno Foral sean acreedores del título de este escrito, pero creo un deber de ciudadanía comentar un ejemplo de lo que, en mi opinión, constituye una falta de transparencia y una barrera administrativa de un concreto departamento.
El 16 de febrero, previo encuentro con el responsable del Servicio de Conservación del Departamento de Cohesión Territorial y alguno de sus colaboradores, me interesé por la “situación jurídica o disposición” de las antiguas viviendas de camineros de Navarra, ya que, recorriendo la Comunidad, así como visitando varios de los antiguos Parques de Conservación de Caminos —datan de la década de los años 70— y, además, por mi desempeño laboral, he comprobado el estado de aparente deterioro o abandono de algunas viviendas. Por lo que se me indicó que lo solicitase por escrito, por lo que seguidamente presenté la instancia en su registro.
El 25 de febrero recibo por correo certificado contestación en la que se me insta, en el plazo de diez días, al ingreso de una tasa de 48 euros, para poder acceder a mi solicitud. Contesto que debe de ser un error; además, señalo algún fallo en los escritos recibidos, y el 13 de marzo recibo nueva contestación del Servicio de Conservación: admiten que el importe de la tasa es un error, debe ser de 46,80 euros y de 156 euros si fuera necesaria toma de datos de campo.
A la vista de ello, el 20 de marzo, en la sede del Defensor del Pueblo, presento queja donde alego que me parecen una falta de transparencia y una barrera disuasoria los escritos recibidos, así como la exigencia y plazo de ingreso de las tasas, cuando únicamente pretendía conocer qué número de viviendas están adscritas al Departamento y su disposición o estado. En esa misma fecha, tras complicada localización del Consejo de Transparencia, presento similar queja en el Registro de Atención Ciudadana, calle Roncesvalles, al no conseguir localizar una sede independiente —será por la transparencia— del citado consejo.
El 12 de mayo, a las 9.10, se me hace entrega en la sede del Defensor del Pueblo de la contestación en sentido no favorable a mi pretensión —me había sido enviada el 25 de marzo por mail—, pero precisaba tener en “papel” toda la documentación. Fui atendido personalmente e incluso tuve ocasión de saludar brevemente al titular de la institución y exponerle verbalmente el auténtico motivo de mi consulta: la falta de vivienda y el deterioro/abandono de patrimonio foral, así como mi decepción por la contestación recibida.
No obstante, comprendo la citada contestación teniendo en cuenta el párrafo final del informe emitido por el Dpto. de C. Territorial: “Si bien el acceso a la información general es gratuito, la administración está obligada por ley a exigir la tasa correspondiente cuando se solicita la elaboración de informes técnicos específicos de carácter facultativo”.
Me dejó atónito este párrafo, ya que mi solicitud únicamente pretendía conocer el número inicial total de viviendas y cuántas adscritas al Dpto. estaban vacías, ocupadas o en estado inservible, pues, según noticias de prensa e incluso de otros departamentos, algunas fueron vendidas, cedidas a otros servicios del Gobierno o ayuntamientos. Por su parte, el Consejo de Transparencia me contestó por correo postal inadmitiendo la reclamación y abriendo la vía contencioso-administrativa.
Casualmente, en estas mismas fechas se publicaban unas manifestaciones del Defensor del Pueblo en el Parlamento Foral, entre las que destaco: “Que su institución es ejemplo de atención presencial personalizada con sus puertas abiertas y que por eso puede exigir a las administraciones que eliminen la obligación de la comunicación electrónica […] para evitar barreras añadidas a quienes más dificultades tienen para sus relaciones con la administración”. Como decía un famoso comentarista deportivo: “Ojo al dato”.
Previa cita en la OANA (Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción), el 14 de abril fui atendido personalmente, y a mi juicio creían justificada mi queja —apuntando a una mala práctica administrativa más que a un caso de corrupción—, por lo que me aconsejaron solicitar formalmente “acceso al expediente”, lo que, en caso de existir, era normal que me permitiesen verlo sin coste alguno. Entiendo la situación del personal de la OANA, donde, según se publica, están vacantes siete de sus once plazas de plantilla.
Y, como final, el 12 de mayo, a las 9.39 horas, tras recoger documentación en la sede del Defensor del Pueblo, presenté nueva instancia —la tercera— en el registro del Dpto. de Cohesión Territorial.
Resulta inadmisible que, en la era de la transparencia, un ciudadano deba peregrinar por registros, previa cita y hora, oficinas anticorrupción y defensor del pueblo, solamente para saber el número de viviendas de los antiguos Parques de camineros, en su día parece que eran cerca de 180, y concretar cuántas actualmente están adscritas al Dpto. de Cohesión Territorial, su ubicación, su uso o destino. Espero recibir contestación accediendo a ver el expte. en cuestión.
Si algunas de las viviendas estuviesen en grave deterioro, procedería su derribo y la oferta del solar resultante a los ayuntamientos, o, en su caso, tras la oportuna adecuación legal o física a la normativa actual, habilitarlas para vivienda, algo similar a lo que ha propuesto un Ayuntamiento, hace unos días, respecto a las bordas de su término municipal.
