Navarra tiene ahora la oportunidad de convertir una transferencia de competencias en un ejemplo de integración y aprovechamiento del talento. Si el objetivo último es mejorar la seguridad vial, parece lógico apostar por quienes ya han demostrado sobradamente su preparación.
El pasado 1 de julio, Navarra culminó un nuevo paso en la asunción de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial. A partir de esa fecha, la Comunidad Foral asumió también la gestión de los expedientes sancionadores, mientras continúa el despliegue de la Policía Foral hasta que sea el cuerpo encargado en exclusiva de la vigilancia del tráfico en las carreteras navarras. Se trata de un proceso previsto para desarrollarse de forma progresiva y que pone fin a décadas en las que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha desempeñado esa labor.
Como ocurre en cualquier gran reorganización administrativa, detrás de las cifras existen personas. Decenas de guardias civiles especializados en tráfico, muchos de ellos con años de servicio en Navarra, afrontan un momento de incertidumbre. Son agentes que han construido aquí su vida familiar, que conocen cada carretera, cada punto negro y cada peculiaridad de la red viaria navarra.
Mientras tanto, el Gobierno de Navarra continúa con su objetivo de aumentar la plantilla de la Policía Foral para adaptarla a las nuevas competencias asumidas. Esa ampliación de efectivos responde tanto a la transferencia de Tráfico como al dimensionamiento previsto para el cuerpo policial foral.
En este contexto, conviene hacerse una pregunta sencilla: ¿tiene sentido prescindir de la experiencia acumulada durante tantos años por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico?
La seguridad vial no entiende de ideologías. Lo que importa es la formación, la experiencia y la capacidad para prestar un servicio eficaz a los ciudadanos. Los guardias civiles de Tráfico llevan décadas demostrando esa profesionalidad, atendiendo accidentes, regulando la circulación, auxiliando a conductores y velando por la seguridad en unas carreteras que conocen perfectamente.
Precisamente por ello, resulta razonable facilitar que aquellos agentes que libremente lo deseen puedan continuar desarrollando esa misma labor dentro de la Policía Foral. No se trataría de imponer ninguna decisión ni de abrir un debate entre cuerpos policiales, sino de aprovechar un capital humano extraordinariamente cualificado que ya presta servicio en Navarra.
El propio proceso de transferencia contempla una pasarela voluntaria para quienes decidan integrarse en la Policía Foral, una fórmula que permite conservar experiencia, facilitar la continuidad profesional de los agentes y reforzar el nuevo modelo policial sin perder conocimientos acumulados durante años.
Las instituciones deben pensar siempre en las personas que hacen posible el funcionamiento de los servicios públicos. Las decisiones políticas pueden ser objeto de debate, pero la profesionalidad de quienes han servido durante años a los navarros merece respeto y consideración.
Navarra tiene ahora la oportunidad de convertir una transferencia de competencias en un ejemplo de integración y aprovechamiento del talento. Si el objetivo último es mejorar la seguridad vial, parece lógico apostar por quienes ya han demostrado sobradamente su preparación y su compromiso con el servicio público.
Porque, al margen de cualquier debate político, la seguridad en nuestras carreteras siempre será más importante que cualquier bandera.
