Junto a Zulueta, otro de los principales acusados es el abogado Jon Enparantza, para el que la Fiscalía solicita 12 años de prisión.
La Audiencia Nacional juzga desde el lunes a nueve acusados de integrar el considerado frente jurídico de ETA, Halboka, que supuestamente lideraba la abogada Arantza Zulueta, para quien el fiscal pide 19 años de cárcel tras haber sido condenada en 2019 como responsable del órgano coordinador del frente de cárceles de la banda terrorista.
Junto a Zulueta, que se enfrenta a 12 años por integración en organización terrorista en condición de dirigente y a otros 7 por depósito de armas y explosivos -al serle encontrada la ubicación de varios zulos-, otro de los principales acusados es el abogado Jon Enparantza, para el que la Fiscalía solicita 12 años de prisión al acusarle solo del delito de integración como dirigente.
Ambos compartieron banquillo en 2019 en la Audiencia Nacional como responsables del órgano KT, juicio que se saldó con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que pedía para ellos 14 años de cárcel- y la Asociación Víctimas del Terrorismo.
Fueron condenados a 3 años y medio y 2 años y 7 meses de cárcel, respectivamente, a cambio de reconocer su labor para mantener la cohesión de los presos. Tras serles descontado el tiempo que estuvieron en prisión preventiva a raíz de su detención en 2014 en la operación Jaque, ingresaron en prisión para cumplir los meses que les quedaban para completar la condena pactada.
Para los otros siete acusados de pertenecer a Halboka, la Fiscalía pide penas de 7 a 11 años de cárcel por delitos de integración o de colaboración en organización terrorista.
Se trata de Naia Zurriarain, Julen Celarain, Iker Sarriegui, José Domingo Aizpurua, Saioa Aguirre, Juan María Jáuregui y Nerea Redondo.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Zulueta, alías Martxel, Marxel y Bixer, pasó en 2006 a ser la máxima dirigente del colectivo de abogados de ETA con una "comunicación permanente" con la dirección de la banda terrorista.
De este modo, según el escrito, pasó a participar en el cobro del impuesto revolucionario o de fijación de objetivos, como cuando ETA le pidió que redactara un informe sobre la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional con la intención de colocar un artefacto explosivo.
En el momento de su detención se le intervino en su bolso un documento informático con datos sobre el rey Juan Carlos y fotografías del yate Fortuna, así como de vehículos de potenciales objetivos, uno de ellos relacionado con la exdirigente del PP en San Sebastián María San Gil.
Además, en el registro de su despacho fue hallada una memoria USB escondida tras un cuadro con la ubicación de varios zulos de ETA, de lo que se deduce que tenía a su disposición armas y explosivos.
En cuanto a Enparantza, el fiscal relata que se dedicaba a gestionar todo lo referente al Colectivo de Presos y mediar en el cobro del impuesto revolucionario, para lo que participó en la estructura denominada GEZI (Gora Euskal Zerga Iraulta/ Viva el Impuesto Revolucionario Vasco).
La labor de Halboka (acrónimo en euskera de "Rompiendo las Paredes, Pronto los Luchadores a la Calle") era por tanto la de fomentar sumisión de los presos a la banda terrorista, controlándoles mediante visitas.
Zulueta y Enparantza se encontraba en libertad provisional por esta causa desde 2012 tras su detención en 2010, pero otro juez de la Audiencia Nacional les envió en 2014 a prisión por integrar el órgano KT, procedimiento que finalmente se terminó juzgando antes.
La AVT llegó a señalar que para la estrategia de defensa de Zulueta era clave dilatar el juicio de Halboka para ser juzgada antes por el de KT, al haber más posibilidades de quedar absuelta por ese caso por contar con menor cantidad de pruebas, lo que le permitiría invocar después el principio de non bis in idem (no ser juzgado dos veces por un mismo delito).
El pasado mayo, los abogados defensores de los acusados, con Jone Goirizelaia al frente, afirmaron en rueda de prensa que el proceso "nace viciado de nulidad" porque "hay irregularidades en los registros de los despachos de los abogados, hay escuchas ilegales practicadas por el CNI, hay evidencias de torturas y malos tratos, y hay vulneración del derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por la misma causa".
