El derribo lo podría llevar a cabo la propiedad de la parcela o incluso el propio Ayuntamiento si se determina la urgencia por la peligrosidad y riesgo del lugar
El Ayuntamiento de Pamplona propone el derribo urgente de las edificaciones de la antigua harinera de Ilundáin, ubicada en el límite de los términos municipales de Pamplona y Barañáin, junto al río Arga y el polígono industrial de Landaben, en la zona de Miluce.
El pasado 13 de enero se produjo allí un incendio que ha provocado graves daños estructurales al conjunto de edificios, así como la aparición de materiales tóxicos, que incrementan la peligrosidad del lugar.
Esta mañana al alcalde de Pamplona, el jefe de la Policía Municipal, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, los directores de las áreas de Urbanismo y Seguridad Ciudadana y personal técnico municipal han efectuado una visita de inspección para comprobar el alcance de esos daños y determinar el estado de los edificios. Tras la visita, se ha concluido que el conjunto de edificaciones se encuentra en un estado que se podría calificar de ruina inminente.
Las cubiertas se han hundido debido al fuego y los elementos estructurales están en un estado de conservación muy deficiente, que comprometen seriamente su estabilidad. El acceso al interior de los edificios es imposible por la peligrosidad que entraña. Además, se ha apreciado la existencia de materiales tóxicos para la salud, como elementos de fibrocemento, que aparentemente eran parte de la cubierta, completamente rotos y fragmentados, con el consiguiente riesgo al tratarse de residuos tóxicos por inhalación.
Con toda esa información, los servicios técnicos del área de Urbanismo van a redactar un informe en un plazo máximo de 48 horas que, en su caso, ratifique las conclusiones derivadas de la inspección ocular efectuada. A partir de ese momento, el Ayuntamiento procederá a la demolición y la limpieza del solar, eliminando previamente todos los elementos existentes que supongan un riesgo sanitario y cargando los gastos a la propiedad de la parcela, debido al peligro que el mantenimiento del edificio supone para la salud e integridad de las personas.
En este caso, el coste se reclamará a la propiedad mediante procedimiento de apremio, tal y como se recoge en el Reglamento de Disciplina Urbanística.
