Duro enfrentamiento entre los colectivos de memoria y las instituciones. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado públicamente la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco de dejar de comunicarles de forma directa las resoluciones penitenciarias relativas a los presos de ETA. La entidad considera esta medida como "un ataque frontal" a su labor de fiscalización de la política penitenciaria del Ejecutivo autonómico.
A través de un rotundo comunicado, la presidenta de la asociación, Consuelo Ordóñez, ha calificado la decisión como una "represalia" destinada a frenar la denuncia pública de los terceros grados o la aplicación de flexibilizaciones penitenciarias (como el artículo 100.2) a reclusos de la banda armada que no han mostrado un arrepentimiento real ni colaborado con la justicia.
Desde la administración autonómica se ha argumentado la necesidad de informar exclusivamente y de forma directa a las víctimas individuales a través del Estatuto de la Víctima, acusando a las asociaciones de supuestas filtraciones o de no trasladar la información. Sin embargo, COVITE ha reaccionado con dureza señalando que ambos canales son plenamente compatibles y exigiendo que se aporten pruebas concretas antes de lanzar "acusaciones veladas".
«Que informen directamente a las víctimas es lo que deben hacer, pero eso no exige cerrar el canal con las asociaciones que ellas han elegido libremente para defender sus derechos», ha manifestado Ordóñez. «¿Acaso les molesta que las víctimas sepan lo que están haciendo y que puedan legítimamente quejarse?», se ha preguntado la presidenta de la entidad, quien ha recordado además que COVITE ha conocido este veto a través de los medios de comunicación y no por notificación previa.
El colectivo acusa al Gabinete vasco de incurrir en un "maltrato institucional" que acaba perjudicando a los propios damnificados por el terrorismo. Asimismo, sugieren que la medida busca complacer las exigencias de la izquierda abertzale y silenciar las voces críticas.
Pese al cierre del canal de información penitenciaria, desde COVITE han advertido de que no lograrán neutralizar su labor: «No van a conseguir silenciarnos. Seguiremos denunciando una política penitenciaria al servicio de la izquierda abertzale y defendiendo el derecho a la justicia de las víctimas», han concluido, exigiendo una rectificación inmediata al Departamento de Justicia.
