Cinco meses de mutismo absoluto, complicidad de siglas y una repentina escenificación de firmeza. El Gobierno de Navarra, encabezado por la socialista María Chivite, ha decidido romper de forma tardía su silencio para protestar públicamente ante Renfe y el Ministerio de Transportes por la eliminación de las paradas de Tudela, Tafalla y Castejón en la ruta ferroviaria entre Pamplona y Salamanca.
A pesar de que el tijeretazo en las vías de la Comunidad Foral se consumó en abril bajo el pretexto de una "mejora de servicio", el PSN ha preferido mirar hacia otro lado durante cerca de medio año, consintiendo la pérdida de conectividad. Sin embargo, ante el creciente descontento social en la zona, la Dirección General de Transportes ha decidido ahora simular un choque institucional afirmando que la medida "no es proporcional ni coherente".
En un intento por lavar la imagen del Ejecutivo foral tras meses de inacción, la directora general de Transportes, Berta Miranda, ha estallado contra la incongruencia de la compañía estatal: "No tiene coherencia con los motivos expresados; se elimina la parada de Tudela y en el mismo trayecto introducen paradas con poblaciones de 800 habitantes en Castilla y León", ha criticado, señalando el sangrante agravio comparativo.
Durante todo este periodo de pasividad gubernamental, más de 35.000 vecinos de Tudela y una cifra superior a las 100.000 personas en la Ribera han permanecido despojadas de un enlace directo con el oeste peninsular sin que desde el Palacio de Navarra se hubiera alzado la voz.
Tras la polvareda levantada por su inacción, Transportes ha trasladado finalmente el malestar al Secretario de Estado de Transportes, quien se ha limitado a comprometerse a "estudiar" si es posible restituir el servicio únicamente en la capital ribera.
"No vamos a parar en el empeño de recuperar, al menos, la parada de Tudela", ha aseverado Miranda en un comunicado oficial. La tardía reacción pone de manifiesto la estrategia del PSN de intentar desmarcarse a última hora del castigo ferroviario impuesto por sus propios compañeros de filas en Madrid, tratando de aplacar el malestar en una zona donde la pérdida de servicios públicos amenaza con pasarle factura política.
