UPN ha criticado que la proposición de ley foral por el derecho a la vivienda asequible, presentada por los socios del Gobierno y EH Bildu, "dificulta aún más el acceso a la vivienda" en lugar de facilitarlo.
Así lo ha denunciado el portavoz regionalista en materia de vivienda, Juan Luis Sánchez de Muniáin, que ha asegurado que esta proposición "supone una oportunidad perdida". Según ha afirmado, la ley no incluye ninguna medida para agilizar la disposición de suelo para construir vivienda. "Lo que plantean es un reparto de migajas", ha resumido.
Sánchez de Muniáin ha advertido de que, sin desarrollo de nuevo suelo y sin parcelas públicas donde levantar vivienda, el modelo propuesto se limita a "estrujar lo que ya se tiene", y que esto acabará llevando "a la nada más absoluta".
También ha señalado que la ley complica aún más el acceso al alquiler al imponer "nuevas trabas a los propietarios". Entre ellas, ha citado la obligación de depositar la fianza en el Gobierno de Navarra, impidiendo a los arrendadores disponer directamente de ese importe.
Además, ha alertado de que se introduce el concepto de "acoso inmobiliario" como posible causa de sanción a los propietarios. A su juicio, esta definición es ambigua y "genera inseguridad jurídica", lo que desincentiva el alquiler en lugar de promoverlo.
Otro de los puntos que UPN rechaza es la eliminación de la opción del alquiler con derecho a compra, ya que —según ha afirmado— “obliga a los inquilinos a perpetuarse en el alquiler, aunque no quieran”. También ha criticado que se suprima el porcentaje mínimo de vivienda en alquiler público que debían respetar las administraciones.
Respecto a la rehabilitación de viviendas, ha afirmado que la nueva norma será un varapalo. Las ayudas ya no dependerán solo de la renta, sino también del patrimonio, y se excluye, por ejemplo, a quien tenga una segunda vivienda en ciudades como Pamplona o Tudela, aunque viva en un pueblo.
Ha denunciado, además, que las condiciones impuestas dificultan la promoción de apartamentos tutelados o comunitarios por parte de pequeñas empresas familiares navarras, al exigir requisitos “inalcanzables”.
En cuanto al precio del alquiler, ha criticado que la ley establece un precio único de renta, sin tener en cuenta las diferencias de mercado entre zonas. El precio máximo para una vivienda de 90 metros cuadrados se fija en 742 euros mensuales, ya esté situada en el centro de Pamplona o en cualquier otra parte de Navarra.
UPN presentará varias enmiendas al texto. Entre ellas, propondrá eliminar los artículos que “ponen más trabas al alquiler” y añadir la figura de las entidades urbanísticas colaboradoras en la concesión de licencias, una fórmula ya presente en otras comunidades autónomas, para agilizar la construcción y rehabilitación.
También planteará suprimir el artículo 18.2 de la Ley de Cambio Climático, al considerar que está haciendo inviables desarrollos como los de Donapea o el TAV, y pedirá retirar la exigencia de que todas las viviendas nuevas tengan calificación energética A o B, algo que, según UPN, es “imposible de cumplir”.
Por último, los regionalistas exigen que la futura ley obligue al Gobierno a publicar en tiempo real el número de demandantes de vivienda protegida, y que se introduzca una disposición transitoria que fuerce a actualizar en seis meses la normativa de habitabilidad, que consideran obsoleta y un obstáculo para crear o rehabilitar vivienda.
