Un centenar de pensionistas se han manifestado este mediodía en Pamplona para pedir al Gobierno y el Parlamento de Navarra un posicionamiento activo contra los nuevos recortes incluidos en la reforma de pensiones, en fase de negociación, y la privatización del Sistema Público de Pensiones.
La movilización, convocada por las Asociaciones de Pensionistas Oneka, Nafarroako Pentsionistak Martxan y Sasoia, ha comenzado con la habitual concentración de los lunes frente a Ayuntamiento de Pamplona y ha discurrido frente a la sede del Gobierno foral y el Parlamento, donde han entregado un escrito con sus principales reclamaciones.
En declaraciones a los medios, el portavoz del colectivo de pensionistas en Navarra, Benito Uterga, ha criticado que “las medidas que se están planteando ahora lo que hacen es ir a debilitar más el sistema público de pensiones, no a reforzarlo”.
“Con la verborrea de que se quiere garantizar a largo plazo el sistema público de pensiones” han aplicado ya varias reformas que han hecho que estas sean “cada vez más insuficientes”, ha denunciado.
Según ha comentado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es "muy partidario de profundizar en la reforma de Zapatero y eso va a suponer una reducción mucho más fuerte de las pensiones iniciales independientemente de que luego se plantee el IPC”, pues el problema está en la cantidad con la que se accede a la pensión inicial.
Ante esto, ha indicado Uterga, exigen “la derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013”, que “están penalizando las pensiones a las personas que acceden” al sistema “con importantes pérdidas de poder adquisitivo”, así como “una pensión mínima suficiente de 1080€ como recomienda la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea”.
Ha aludido también a la necesidad de establecer un salario mínimo de 1.200 euros y que la Seguridad Social se haga cargo solo de los gastos que le corresponden.
Asimismo, el movimiento de pensionistas ha pedido acabar con los recortes en prestaciones y servicios que conllevan efectos negativos en el ámbito sanitario y socio sanitario de atención a la dependencia y una política de producción y comercialización de la energía de carácter público que garantice a la ciudadanía el acceso a un servicio de primera necesidad.
Sobre la eliminación del factor de sostenibilidad, Uterga ha asegurado que “no hay ningún cambio real”, solo una modificación de la terminología a “factor de solidaridad intergeneracional, que viene a ser lo mismo”.
Preguntado por las negociaciones del Gobierno de España con Europa, Uterga ha reconociendo que “recortes está claro que va a haber”, pero para él “el problema es a dónde van esos recortes porque en lugar de ir a los servicios sociales como pueden ser las pensiones, la sanidad o la educación podría ir a otros estamentos que no aportan prácticamente nada al PIB”.
En este sentido, se ha preguntado cuál es la aportación a la riqueza del país del Ejército o la Iglesia, que “reciben un montón de miles de millones al año y nadie plantea recortar de ahí”.
