El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha trasladado este jueves que su formación tiene la "sospecha" de que el Gobierno foral tenía "pactado" con las empresas adjudicatarias de la construcción del túnel de Belate pagarles los 8,5 millones de euros del modificado 1 del proyecto, pero la Intervención General y la Aseoría Jurídica del Ejecutivo no lo han avalado.
Esparza, que ha dirigido una pregunta al Gobierno de Navarra sobre esta cuestión en el pleno del Parlamento foral, ha afirmado que el Ejecutivo "asumió el reparo suspensivo de la Intervención General y eso significa que asumía que no puede pagar el modificado de las obras de Belate, pero por detrás, engañando a todo el mundo, responde a una petición de las empresas diciendo que continúen las obras, que no hay ningún problema, y la firma de esa resolución da derecho y ventaja a las empresas". "¿Si el Gobierno termina pagando 8,5 millones de euros de más por esa firma -que realizó la directora general de Transportes-, van a pedir responsabilidades a quien firmó? ¿Esa firma responde a una orden política? Quién la dio? ¿La dio usted, señor consejero? ¿La dio la presidenta?", ha planteado.
Javier Esparza ha afirmado que en el expediente "no hay informe ni jurídico ni técnico" que justifique la continuidad de la obra según el modificado 1. "Es una firma política que beneficia a las empresas que han sido socias de Santos Cerdán. ¿Quién dio la orden? Lo que sospechamos es que esto estaba pactado, apañado, con las empresas para beneficiarlas y que a todos nos cueste esta obra 8,5 millones de euros más", ha indicado.
El portavoz de UPN ha indicado que le "aburre" que el consejero "se haga el tonto, porque haciéndose el tonto piensa que los demás somos tontos". "Han pactado pagar 8,5 millones de euros que no hay que pagar, según el interventor y la asesoría jurídica. Cesan al director general de Obras Públicas tras el reparo suspensivo, el Gobierno anuncia que asume el reparo suspensivo, pero va y resulta que hay certificaciones en las que están pagando, y dan derecho a las empresas con una firma para cobrar esos 8,5 millones, y eso se mantiene hasta que la Asesoría Jurídica del Gobierno dice 'hasta aquí hemos llegado' y por eso revienta todo. Esos 8,5 millones, ¿los van a pagar de su bolsillo? ¿Los tenemos que pagar todos los navarros?", ha planteado.