• viernes, 20 de noviembre de 2026
  • Actualizado 17:17
 
 

SUCESOS

Denuncian que Chivite quita patrullas de la Policía Foral de Egüés para reforzar Pamplona en plena oleada de robos

El sindicato policial acusa al Gobierno de Navarra de utilizar la seguridad con fines políticos mientras crecen las quejas vecinales por los robos y problemas de convivencia.

Fotomontaje con una imagen de la presidenta de Navarra, María Chivite, sobre una vista de Gorráiz. NAVARRA.COM
Fotomontaje con una imagen de la presidenta de Navarra, María Chivite, sobre una vista de Gorraiz. NAVARRA.COM

La Unión Federal de Policía (UFP) en Navarra ha denunciado que el Gobierno de Navarra está trasladando patrullas de la Policía Foral desde el Valle de Egüés a Pamplona, a pesar de los problemas de inseguridad que se han registrado durante las últimas semanas en localidades como Gorraiz, Olaz y Sarriguren. El sindicato considera que esta redistribución está dejando con menos recursos policiales a municipios que necesitan reforzar la vigilancia.

La organización ha acusado al Ejecutivo de María Chivite de utilizar la seguridad ciudadana como un instrumento de propaganda política. En concreto, sostiene que los desplazamientos responden a una estrategia para aumentar la presencia y visibilidad de la Policía Foral en Pamplona, en el marco de los cambios relacionados con la coordinación de emergencias del 112.

La denuncia se ha producido este viernes 20 de noviembre de 2026, en un momento de especial preocupación por los robos en viviendas, vehículos y problemas de convivencia en el Valle de Egüés. Los vecinos de Gorraiz, Olaz e Itaroa han convocado precisamente para esta tarde, a las 18:00 horas, una concentración frente al Centro de Salud de Gorraiz bajo el lema "Queremos vivir sin miedo".

Desde la UFP han advertido de que la situación resulta especialmente preocupante por la "creciente escalada delincuencial" que, según el sindicato, se está produciendo en el municipio. Por ello, consideran injustificado retirar efectivos de estas localidades para destinarlos a otras zonas.

La organización sostiene que estos movimientos responden a una "estrategia política expansionista del Gobierno de Navarra en torno al 112", con la que se pretende incrementar el protagonismo de la Policía Foral en Pamplona mientras se compromete la cobertura policial de otros municipios.

"No es aceptable que, bajo el pretexto de la coordinación policial, se redistribuyan efectivos sin atender de manera equilibrada las necesidades reales de cada territorio", ha denunciado el sindicato. La UFP considera que esta política puede dejar a los ciudadanos con menos patrullas y una menor capacidad de respuesta ante posibles delitos.

La advertencia sindical llega después de varios episodios de inseguridad que han generado inquietud entre los residentes de Gorraiz y Olaz. Uno de los más recientes se produjo el pasado fin de semana, cuando dos ladrones entraron en un chalet de la calle Río Urbi mientras una mujer y su hija pequeña se encontraban dentro.

El propietario de la vivienda relató posteriormente a Navarra.com el miedo que había vivido su familia. "Nos hemos sentido muy asustados y tenemos una gran inseguridad por lo ocurrido", explicó. Los ladrones sustrajeron, entre otros objetos, una videoconsola, un ordenador, relojes y prendas de ropa.

Los residentes de Gorraiz e Itaroa también llevan semanas organizándose mediante grupos de WhatsApp para avisarse de movimientos sospechosos. En octubre, vecinos de ambas urbanizaciones aseguraron que se habían presentado al menos 45 denuncias por robos y reclamaron más vigilancia policial y cámaras de seguridad.

La preocupación ha llegado también a las instituciones. Los responsables de la Policía Municipal del Valle de Egüés han solicitado el cierre de uno de los hogares de menores extranjeros no acompañados situados en Gorraiz, después de advertir de que se registran entre cinco y siete intervenciones policiales semanales relacionadas con los problemas en su entorno.

La petición afecta a una vivienda de la calle Río Urbi, dependiente del sistema de protección de menores del Gobierno de Navarra. El responsable policial planteó esta posibilidad durante una reunión de la Mesa de Seguimiento de los Hogares de Protección de Menores, en la que participaron representantes municipales, vecinales y del Ejecutivo foral.

Los problemas de convivencia relacionados con estos centros se han sumado a las denuncias por robos que afectan a la zona. No obstante, no se ha acreditado una relación entre los menores tutelados y los robos en viviendas, y las autoridades han señalado que no disponen de constancia policial que permita establecer esa vinculación.

En esa misma reunión, una vecina de Gorraiz denunció que un trabajador de uno de los centros la había amenazado con matar a su perro después de que ella reclamara un comportamiento adecuado en el entorno de las viviendas. El jefe de la Policía Municipal confirmó que su cuerpo tenía conocimiento del episodio y el Gobierno de Navarra se comprometió a investigarlo. La afectada también explicó que posteriormente había recibido disculpas.

La alcaldesa del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas (UPN), ha reconocido que durante el último año y medio se han producido situaciones que anteriormente no se daban. Como respuesta a las quejas vecinales, el Ayuntamiento ha anunciado la ampliación de las cámaras de videovigilancia conectadas con la Policía Municipal durante las 24 horas, aunque todavía no se han concretado las ubicaciones ni el calendario de instalación.

Por su parte, el presidente del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha exigido a María Chivite medidas urgentes para reforzar la seguridad en Gorraiz. El dirigente popular ha reclamado que el Gobierno foral escuche a los vecinos y acuerde con el Ayuntamiento actuaciones concretas y plazos para ejecutarlas.

La inseguridad en Gorraiz e Itaroa también ha llegado al Parlamento de Navarra, donde el portavoz de VOX, Emilio Jiménez, ha cuestionado las cifras de criminalidad y el funcionamiento de la plataforma de emergencias. Durante una interpelación celebrada el 5 de noviembre, la consejera de Interior, Inma Jurío, le acusó de falsear los datos y utilizar la inseguridad para generar miedo.

La denuncia de la UFP se enmarca, además, en la controversia que ha provocado el nuevo modelo de coordinación policial a través del 112. El Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior acordaron el pasado 30 de julio implantar una plataforma que permitiera integrar también las llamadas al 091 de la Policía Nacional y al 062 de la Guardia Civil.

El sistema anunciado pretende distribuir los avisos policiales en función de la ubicación y disponibilidad de las patrullas, con el objetivo de movilizar al recurso más cercano y reducir los tiempos de respuesta. Sin embargo, el proyecto ha generado discrepancias políticas y sindicales sobre su funcionamiento y sus consecuencias para los distintos cuerpos policiales.

EH Bildu se opuso a que las patrullas de la Guardia Civil y la Policía Nacional pudieran ser movilizadas mediante este sistema y defendió que la Policía Foral asumiera íntegramente las competencias de seguridad pública. La coalición también reclamó que el aumento de agentes forales fuera acompañado de una reducción equivalente de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los sindicatos ELA y LAB también rechazaron la integración de las llamadas policiales en el 112, aunque centraron sus críticas en cuestiones organizativas. Entre ellas, denunciaron la falta de información a los trabajadores y advirtieron del riesgo de saturación del centro de emergencias.

En este contexto, la UFP ha cuestionado ahora las consecuencias que, a su juicio, está teniendo la política de seguridad del Ejecutivo. El sindicato ha recordado que el Gobierno de Navarra continúa negando su intención de apartar a la Policía Nacional de la Comunidad foral, aunque considera que las decisiones adoptadas alimentan una percepción cada vez más preocupante.

"La seguridad no puede convertirse en una estrategia de protagonismo político ni en una competición entre cuerpos policiales", ha señalado la organización. A su juicio, cada policía debe disponer de los recursos necesarios para desarrollar sus competencias allí donde resulte imprescindible.

La Unión Federal de Policía ha defendido la coordinación, colaboración y respeto entre todos los cuerpos policiales, pero también un reparto equitativo, racional y operativo de los efectivos disponibles.

"Desplazar patrullas de un territorio a otro sin garantizar la cobertura de las necesidades existentes no es reforzar la seguridad, es trasladar el problema y poner en riesgo la capacidad de respuesta ante los ciudadanos", ha advertido el sindicato.

Por último, la UFP ha reclamado al Gobierno de Navarra que deje de utilizar la seguridad como un "escaparate político" y ha insistido en que las patrullas deben mantenerse donde resultan necesarias.

"No se trata de enfrentar policías, sino de garantizar que ningún ciudadano quede desprotegido por decisiones políticas", ha subrayado la organización, que ha rematado su comunicado con una advertencia: "La seguridad de los navarros no puede pagar el precio de la propaganda institucional".

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